El juez federal Ariel Lijo citó en calidad de imputados a Jonathan Kovalivker y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, en el marco de la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El magistrado hizo lugar al pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), quienes señalaron un esquema de direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo, influir en las adjudicaciones y obtener contratos con precios elevados que habría perjudicado al Estado.
La acusación sostiene que los representantes de Suizo Argentina no se limitaron a aprovechar oportunidades comerciales, sino que habrían intervenido en las decisiones de la ANDIS para asegurarse adjudicaciones, establecer precios y condicionar el funcionamiento de las contrataciones.
De acuerdo a la resolución a la que tuvo acceso MDZ, los hermanos Kovalivker deberán presentarse el próximo jueves 29 de octubre, Jonathan a las 9:30 y Emmanuel a las 10:30 horas; además, el juez ordenó la inhibición general de sus bienes.
Además de los hermanos Kovalivker, el juez Lijo citó a Diego Gerardo Viner, director de Compras; Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos; Gonzalo Damián Zarbo, gerente de Tratamientos Especiales, y Fernando Domínguez, coordinador de esa misma división de la Suizo Argentina.
La lista incluye, además, a más de 30 empresarios y personas vinculadas con droguerías que habrían participado en las maniobras investigadas.
El período central analizado en este tramo de la causa se extiende entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Según el dictamen, durante esos 15 meses Suizo Argentina se convirtió en la principal proveedora de medicamentos de alto costo y baja incidencia (PACBI) de la agencia, en el marco del Programa Federal Incluir Salud, destinado a personas que dependen de la cobertura estatal para acceder a tratamientos y prestaciones médicas.
Los números incorporados al expediente dan cuenta de la dimensión económica del negocio. De acuerdo con los registros analizados por la fiscalía, la droguería recibió órdenes de pago por más de $137.118 millones de la ANDIS durante ese período. Para los investigadores, ese crecimiento no fue casual, sino el resultado de acuerdos entre directivos de la empresa y funcionarios del organismo que habrían permitido controlar las contrataciones y fijar valores elevados para los medicamentos.
Uno de los puntos más relevantes del pedido fiscal es el supuesto control de las compulsas de precios mediante el sistema informático SIIPFIS. Aunque la herramienta debía permitir comparar ofertas y adjudicar las compras en función de los precios, los investigadores sostienen que habría sido utilizada para simular una competencia que en realidad estaba previamente acordada entre las empresas participantes.
Según esa hipótesis, las droguerías coordinaban qué productos cotizar, qué valores presentar y cuál debía resultar adjudicataria en cada operación. De ese modo, la aparente competencia habría servido para darle una cobertura formal a decisiones previamente pactadas, distribuir las ventas entre proveedores y sostener precios superiores a los que habrían surgido de una disputa comercial genuina.
En paralelo, el magistrado convocó a Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo para que amplíen sus declaraciones indagatorias.
Finalmente, el juez dispuso la inhibición general de bienes de todos los citados a indagatoria a fin de preservar el patrimonio ante un eventual decomiso o la obligación de afrontar responsabilidades económicas derivadas del proceso.
