En el marco de un plan de reestructuración y modernización de la administración pública municipal, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó la eliminación de 59 tasas, derechos y contribuciones municipales.
La iniciativa fue enviada al cuerpo deliberativo por la intendenta Rossana Chahla.
Después de un debate en el que oficialistas y opositores discutieron si la reforma representa un alivio concreto para los contribuyentes finalmente llegó la sanción del proyecto que fue transformado en ordenanza. Hubo acompañamientos con reservas, cuestionamientos por la falta de datos fiscales y una abstención anunciada por Compromiso Tucumán.
La medida alcanza trámites, actividades comerciales y un cargo vinculado con servicios públicos, aunque su aplicación dependerá de la publicación de la ordenanza y del alcance de cada derogación.
Los 59 conceptos alcanzados se distribuyen entre nueve áreas de la administración municipal, según la fundamentación enviada por Chahla. La Dirección de Ingresos Municipales concentra 17; Catastro, 14; Vía Pública, 12; y Cementerios, siete. También figuran Bromatología, con tres; el Tribunal de Faltas y Arbolado, con dos cada uno; y Defensa Civil y Espacios Verdes, con uno por dependencia.
Desde el municipio se argumentó que mantener esos cobros exige tareas de liquidación, fiscalización y atención cuyo costo sería elevado frente a lo recaudado.
Entre los cambios más concretos está la eliminación del arancel de los certificados de Libre Deuda y de Cumplimiento Fiscal, que costaban $4.600 cada uno. La Municipalidad también mencionó la supresión de cobros por solicitudes administrativas, como $1.150 por la primera hoja y $460 por las siguientes. Según el mensaje del Ejecutivo, la combinación de determinadas gestiones podría generar ahorros individuales de hasta $11.500.
Estos beneficios lo observarán quienes necesiten tramitar esos documentos, no una rebaja uniforme de los impuestos municipales. La gratuidad comenzará cuando la ordenanza entre en vigor, y no automáticamente por su aprobación en el recinto.
La reforma elimina aranceles vinculados con actividades comerciales y el uso de la vía pública, incluidos trámites para kioscos, ferias, puestos, food trucks y mesas y sillas. También alcanza permisos de refacción sin planos, rebajes de cordón y depósitos de materiales. El Ejecutivo busca reducir costos para comerciantes, pero las habilitaciones, autorizaciones y controles seguirán siendo obligatorios para esas actividades.
