El Tribunal Oral Federal N°5 realizó la segunda audiencia en el juicio Hotesur y Los Sauces, con la lectura de acusaciones de la fiscalía a la expresidenta Cristina Kirchnery a su hijo y diputado nacional K, Máximo Kirchner, por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. Además detalló la maniobra “para garantizar el éxito del lavado de activos”. La próxima audiencia será el lunes 2 de noviembre.
Mencionaron que los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner “dirigían y controlaban la organización criminal” y “actuarían de ambos lados de los hechos criminales, valiéndose de su rol y jerarquía como presidentes de la república para beneficiar ilegítimamente a empresarios, y recibiendo ya desde el lado privado una porción de lo sustraído a través de las maniobras de lavado de activos investigadas”.
En cuanto a Máximo Kirchner indicaron que su participación “dentro de la organización criminal no se circunscribió a su rol en la firma Los Sauces —y por lo tanto a la maniobra de lavado de activos que a través de aquella se desarrollaba—, sino que además tal como se ha acreditado en el marco de estas actuaciones, también resultó accionista de la firma Hotesur, vendió propiedades de sus padres a la empresa Austral Construcciones con las que fondearían la adquisición de dicha sociedad, firmó los contratos de alquiler de los hoteles, retiró fondos de aquella sociedad”.
La fiscalía determinó además que “para garantizar el éxito de la maniobra, la ex familia presidencial designó y mantuvo un directorio espejado al órgano de gobierno compuesto con personas de su entorno íntimo familiar, con la finalidad de que, en forma conjunta y coordinada, garantizaran la realización de la maniobra de lavado de activos”.
Mencionó que como los fondos a reciclar “provenían de la corrupción, los acusados colocaron personas con las que poseían un vínculo personal más estrecho prescindiendo de su profesionalidad o aptitud para el manejo de una empresa, los cuales harían su aporte a la maniobra como responsables del directorio a través de la administración de la firma Los Sauces”.
Advirtieron que “no es casual” que “el proceso inicial de la maniobra delictiva en el que la exfamilia presidencial adquirió una cadena hotelera haya ocurrido a partir del año 2008, sino que por el contrario, ello guarda razón en que esta etapa tuvo lugar luego de que las empresas del Grupo Báez comenzaran a tener un importante flujo de fondos como consecuencia de la asignación de obra pública vial en Santa Cruz, la que cobró particular vertiginosidad a partir del año 2006″.
Indicaron que “tal como se indicó en el apartado precedente entre los años 2006 y 2008, las empresas del Grupo Báez fueron adjudicatarias de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz por más de tres mil millones de pesos”.
Explicaron que “en ese mismo lapso la familia Kirchner, a partir de numerosos negocios con las empresas de este mismo conglomerado societario, se hicieron de los fondos necesarios para adquirir los hoteles, que a su vez, les permitiría en lo sucesivo crear la estructura necesaria para continuar canalizando fondos en forma constante y permanente mediante su alquiler a las empresas del grupo de Lázaro Báez”.
Mencionaron que la salida de Máximo y Cristina Kirchner del directorio de Los Sauces coincidió con “los lazos denunciados” con Lázaro Báez y Cristóbal López y las referencias a la firma en la causa Hotesur, que se inició en 2014.
Además advirtieron sobre “inconsistencias” en la confección y conservación de los libros societarios de la firma, porque los registros contables tenían alteraciones “con la finalidad de enmascarar o recortar la verdad de los hechos”.
Aclararon que Los Sauces no tuvo ni sede social ni empleados para su funcionamiento como inmobiliaria. Luego, registró a dos personas como trabajadores: Florencia Kirchner -que fue sobreseída y no forma parte del juicio- y el jardinero personal de Cristina Kirchner.
Las claves del proceso a la expresidenta y su hijo y diputado nacional pasan por el mecanismo que habrían usado la empresa hotelera y la inmobiliaria para blanquear retornos de la obra pública.
El proceso empezó el viernes, está a cargo de los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, y tiene unificadas las dos causas, por orden de la Cámara de Casación Penal.
Cristina y Máximo Kirchner, al igual que otros imputados, obtuvieron el beneficio y participaron de forma virtual de esta primera audiencia. Aunque el presidente del tribunal aclaró que se trata de una situación “excepcional”, por lo que deberán presentarse de forma presencial para las indagatorias.
En la lectura del resumen de la elevación a juicio la Fiscalía apuntó que los hechos que se imputan a los acusados “habrían sido organizados y desplegados desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional” durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, junto con funcionarios y empresarios, con la finalidad de “sustraer y apropiarse de fondos públicos”.
Según la acusación de la fiscalía “la asociación criminal investigada canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado nacional a través de la obra pública vial mediante el pago de dádivas” a los expresidentes y su núcleo familiar.
Para la fiscalía hubo una “asociación ilícita de carácter estable y permanente” entre mayo de 2003 y diciembre de 2016 liderada por los expresidentes, con “roles definidos dentro y fuera de la estructura del Estado”.
