Los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, rechazaron las acusaciones en su contra en el expediente que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, se negaron a responder preguntas y entregaron escritos en los que defendieron la legalidad de las operaciones comerciales de la compañía con el organismo estatal.
Los investigadores les atribuyen haber formado parte de una asociación ilícita que habría utilizado la estructura de la ANDIS, durante la gestión de Diego Spagnuolo, para direccionar contrataciones, coordinar ofertas y comercializar medicamentos con sobreprecios.
Según la hipótesis fiscal, Suizo Argentina habría logrado un control privilegiado sobre las compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia (PACBI) entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Durante ese período, la agencia emitió órdenes de compra a favor de la empresa por 137.118 millones de pesos, lo que representó el 29,54% del total de las adquisiciones de ese segmento.
Los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), citados en el dictamen, también indican que la droguería facturó directamente a la Andis más de 124.652 millones de pesos, convirtiéndose en uno de sus principales proveedores.
Para Picardi y Rodríguez, el esquema habría funcionado mediante acuerdos entre empresarios y funcionarios de la cúpula del organismo, entre ellos Spagnuolo y Daniel Garbellini, entonces director nacional de Acceso a los Servicios de Salud. Esa relación habría permitido anticipar información sobre las contrataciones, establecer condiciones favorables para la firma y garantizar un flujo sostenido de pagos estatales a cambio de retornos ilegales.
Uno de los ejemplos incorporados a la investigación es el de la cladribina, un medicamento utilizado para tratar la esclerosis múltiple. De acuerdo con la acusación, Suizo Argentina habría comprado cada unidad a 92.000 pesos y luego la habría vendido a la Andis por más de cuatro millones de pesos, con una diferencia superior a 42 veces el costo de adquisición.
La fiscalía también puso bajo la lupa la intervención de Droguería Génesis, señalada como intermediaria en un circuito que habría permitido revender al Estado medicamentos provistos originalmente por Suizo Argentina, con un recargo adicional del 44%.
En cuanto a las responsabilidades individuales, los investigadores sostienen que Jonathan Kovalivker, como máxima autoridad societaria, habría encabezado la inserción de la empresa dentro de la estructura de la ANDIS.
La acusación también señala diversas reuniones que habría mantenido en su domicilio de Nordelta con representantes de otras droguerías, entre ellos Matías Saúl Litmanovich, de Droguería 20 de Junio, y Hernán Jorge Bagliero, de Droguería del Sud. Para la fiscalía, esos encuentros formaban parte de un mecanismo de coordinación de cotizaciones para las compras públicas.
En su presentación judicial, Jonathan Kovalivker negó categóricamente las imputaciones. «Niego en forma categórica haber integrado, y menos aún dirigido, asociación ilícita alguna, haber intervenido en maniobras defraudatorias contra la Administración Pública o en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública», sostuvo.
El empresario también afirmó que la documentación y las pruebas ofrecidas permitirán demostrar su desvinculación de los hechos investigados y negó haber tenido participación en las decisiones comerciales de Suizo Argentina relacionadas con la Andis o en los vínculos con funcionarios del organismo.
La defensa, además, puso el acento en la trayectoria de la compañía, a la que describió como una firma con más de cien años de actividad en el sector de la salud, dedicada a la comercialización y distribución de medicamentos e insumos médicos. Según el escrito, la empresa tiene una participación cercana al 22% en el mercado privado de farmacias y comercializa más de 15 millones de unidades mensuales en todo el país.
