El legislador Agustín Romano Norri (UCR) presentó un proyecto en la Legislatura para crear un sistema de gestión pluvial que integre a municipios y comunas del Gran San Miguel de Tucumán. En paralelo, exige al Ejecutivo un relevamiento urgente sobre el estado de los 31 puntos críticos y los principales canales de desagüe.
Cada temporada de lluvias profundiza una postal repetida en el Gran San Miguel de Tucumán: calles convertidas en ríos, vehículos varados, vecinos aislados y viviendas inundadas. Lejos de tratarse de simples contingencias climáticas aisladas, esta vulnerabilidad es el resultado de décadas de crecimiento urbano desordenado, impermeabilización de suelos, falta de mantenimiento y una histórica fragmentación en la toma de decisiones.
Bajo la premisa de que «el agua no reconoce límites administrativos», el legislador Agustín Romano Norri (UCR) presentó en la Legislatura de Tucumán un ambicioso proyecto de ley para crear la Ley de Gestión Pluvial Integral y Drenaje Urbano Sustentable del Área Metropolitana del Gran San Miguel de Tucumán (Expediente 396-PL-26).
La iniciativa busca dejar atrás la lógica de reaccionar tarde ante la emergencia y pasar a una planificación preventiva basada en cuencas hídricas.
Un enfoque metropolitano y soluciones sustentables
El área de aplicación prioritaria de la normativa abarca a los municipios de San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Alderetes y Las Talitas, junto con las comunas rurales de El Manantial, San Pablo, Villa Nougués y Cevil Redondo, además de otras jurisdicciones que se sumen por continuidad funcional.
El proyecto prevé la creación del Sistema Metropolitano de Gestión Pluvial Integral y la elaboración de un Plan Maestro rector que incluirá:
Mapas de riesgo hídrico interoperables con el Sistema Provincial de Alerta Temprana (Ley N° 9.998).
Infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza: se promoverá el uso de pavimentos permeables, zanjas de infiltración, jardines de lluvia, reservorios, lagunas de retención, parques inundables y la restauración de cauces.
Articulación interjurisdiccional: se creará una Mesa de Coordinación Pluvial para garantizar que las obras en un municipio no trasladen el problema o agraven el riesgo hídrico en las jurisdicciones vecinas.
Transparencia y control ciudadano: la obligatoriedad de publicar diagnósticos, avances, criterios técnicos y prioridades de ejecución.
La autoridad de aplicación designada en el proyecto es la Dirección Provincial del Agua (DPA), en coordinación con Obras Públicas, Defensa Civil y los gobiernos locales.
En cuanto al financiamiento, se prevé el uso de partidas presupuestarias provinciales, fondos nacionales, programas internacionales de infraestructura y convenios de cooperación.
Radiografía de la emergencia: piden informes sobre los 31 puntos críticos
En consonancia con el proyecto de ley estructural, Romano Norri impulsó también un proyecto de resolución (Expediente 381-PR-26) para exigir al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre la situación actual de los 31 puntos críticos de anegamiento detectados en el Plan de Contingencia de San Miguel de Tucumán.
La iniciativa solicita precisiones técnicas sobre el nivel de riesgo actual y los antecedentes de anegamientos registrados durante 2025 y 2026 en dichos sectores. El legislador también quiere saber el estado de conservación, mantenimiento y capacidad operativa de los canales estructurales clave, como el Canal Sur y el Canal Norte.
Romano Norri también reclamó conocer el grado de avance de obras en ejecución, presupuestos asignados, fuentes de financiación y estudios hidráulicos realizados.
«Durante demasiado tiempo, las lluvias intensas han encontrado al Estado corriendo detrás de la emergencia», advierte el legislador en los fundamentos de la iniciativa.
“Tenemos que tener una hoja de ruta a largo plazo que garantice que la gestión del agua sea sinónimo de seguridad, desarrollo urbano y calidad de vida para miles de tucumanos”, concluyó Romano Norri.
