El Gobierno lanzó al terreno de juego de la política fiscal una nueva jugada y espera que, luego de una acción colectiva, su concreción sea masiva. Se trata de la eliminación del impuesto de sellos, un tributo provincial —distorsivo para la actividad económica— que grava la compraventa de inmuebles y vehículos, los contratos de alquiler y los préstamos, entre otras operaciones.
“Le vamos a proponer a las provincias y a CABA la eliminación del impuesto de sellos”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el evento anual organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA).
El titular del Palacio de Hacienda planteó que la Nación compensaría el 50% de los recursos que los distritos dejen de percibir, mientras que las 24 jurisdicciones deberían afrontar el 50% restante. “A aquellas provincias adheridas al RIGI y al REOR (Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas) vamos a ofrecerles pagarles la mitad de ese impuesto a cambio de que resignen la otra mitad”, aseguró.
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Según sus estimaciones, la recaudación del impuesto representa entre $ 4 billones y $ 5 billones anuales, equivalentes a entre 0,4% y 0,5% del PBI. Por el momento, la iniciativa no fue materializada en un proyecto. “Está verde”, confió una fuente del Ministerio de Economía al tanto de los asuntos con las provincias.
Más allá de este aspecto, el interrogante radica en cuánto incide la recaudación del impuesto de sellos en los recursos propios de las provincias. Según detalló la consultora Politikon Chaco, los ingresos provenientes de este tributo representaron, en promedio, un 8,9% de los recursos propios de las 24 jurisdicciones hasta septiembre de 2026, con una recaudación acumulada de $ 3,48 billones.
“La participación no incluye la Coparticipación ni otras transferencias, sino únicamente la recaudación que genera cada organismo de rentas de las provincias. Las regalías tampoco se incluyen porque no constituyen recaudación tributaria. También hay provincias que no cobran el impuesto Automotor porque tienen delegada esa facultad en los municipios”, aclaró Alejandro Pegoraro, titular de Politikon Chaco.
En particular, el impuesto de sellos tiene un peso especialmente elevado en la recaudación de algunas provincias, como Chubut (16,7%), Corrientes (13,5%) y La Rioja (12,9%). En el extremo opuesto se encuentran Catamarca (3%), Misiones (5,8%) y Tierra del Fuego (5,9%).
Al medir la evolución real interanual acumulada a septiembre de este año, solo tres provincias registraron una variación positiva: Chubut, con un crecimiento del 13,8%; Río Negro, con 7%; y Neuquén, con 4,2%.
El problema no se limita a los recursos que genera este tributo, sino que también alcanza a sus efectos sobre la actividad económica. “Nació en 1638, con el rey Felipe IV. Lo tenemos desde la época de las colonias. Es un impuesto que grava instrumentos en plena era digital, con lo cual proviene de la Edad Media”, remarcó César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich.
El punto crítico, según explicó, es que no grava una capacidad contributiva, sino instrumentos específicos, como la compra de un auto o un inmueble, o la toma de deuda. “Esto genera un encarecimiento de costos que, cuando lo paga una empresa, se traslada a precios. Pero, además, incide básicamente en los consumidores finales de esas operaciones y también en las familias cuando compran un inmueble, un auto o se endeudan”, subrayó el especialista.
El anuncio de Caputo generó distintas reacciones entre los gobernadores. Mientras algunos cuestionaron la falta de diálogo previo, otros plantearon que la discusión tributaria debería ser más amplia y contemplar el esquema de distribución de recursos entre la Nación y las provincias.
Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, fue uno de los mandatarios subnacionales que expuso su malestar por la falta de diálogo previo al mensaje del ministro de Economía.
“Hay que sentarse seriamente. No hay que tirar una consigna (la eliminación de sellos) y después venir a preguntarnos a nosotros qué opinamos sobre la consigna que le tiraste a la prensa”, afirmó durante el evento de la UIA, al tiempo que reclamó la eliminación del impuesto a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque), que el Gobierno nacional no coparticipa.
Por su parte, Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, expresó su intención de “discutir el sistema tributario federal”, pero aclaró que su provincia ya realizó una reducción de impuestos equivalente a $ 80.000 millones anuales.
Asimismo, Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, sostuvo que una reforma tributaria requiere una “discusión integral” que también contemple el esquema de la Ley de Coparticipación Federal.
En tanto, Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, recordó que ya dispuso la eliminación del impuesto de sellos. “Igual vamos a sentarnos a dialogar”, aseguró.
El mensaje del ministro Caputo apunta, específicamente, a las provincias que estén adheridas al RIGI, el esquema que ofrece beneficios impositivos y aduaneros a inversiones nacionales y extranjeras, y al REOR, un mecanismo creado por el gobierno de Javier Milei en 2024 para compensar y sanear deudas y créditos recíprocos entre la Nación, las provincias y CABA.
“Va a pasar a ser un tema político. Provincias que políticamente están en las antípodas, aun pudiéndolo hacer, no lo van a hacer. A mí me parece que, con que alguna provincia importante se sume, va a generar competitividad y una carrera de competitividad por ver quiénes son más eficientes con los impuestos”, señaló Litvin.
El trasfondo de la propuesta puede resumirse en dos aspectos. Por un lado, el Gobierno nacional busca que las provincias eliminen un impuesto que considera nocivo para la economía, a cambio de compensar la mitad de los recursos que dejen de percibir. Por otro, los gobernadores pretenden que la discusión vaya más allá y abarque no solo una reducción de impuestos, sino también una mayor coordinación del sistema tributario a nivel federal.
