La política tiene sus paradojas. Un gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios de la tradicional dirigencia política necesita ahora negociar con buena parte de esa misma dirigencia para modificar las reglas con las que se elegirá al próximo presidente. Es un problema complejo para Milei y para su hermana, ya que -en este caso- el concepto de “tradicional dirigencia política” no remite solamente a gobernadores provinciales, diputados y senadores, sino que incluye a su más poderosa aliada política –Patricia Bullrich– que exhibe en su currículum casi 50 años de oficio ininterrumpido.
Las últimas declaraciones de Martín Menem volvieron a poner a las PASO en el centro de la agenda política. En un claro mensaje a la jefa de bloque oficialista en el Senado, el presidente de la Cámara de Diputados reclamó avanzar con el tratamiento de la iniciativa en la cámara alta y planteó que el Gobierno pretende conseguir una definición legislativa en las próximas dos semanas.
“Yo creo que vamos a poder llegar a suspender las PASO, si Dios quiere. Creo que la Argentina no las necesita”, sostuvo. Se trata del mismo Martín Menem, quien hace apenas dos semanas -el 30 de octubre- durante una charla organizada por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) afirmó que “el único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei” y que no existe espacio para una interna partidaria. Sostuvo que el liderazgo del presidente es “único e irrepetible” y que hay unanimidad en el partido al respecto.
Menem apura al Senado apoyándose en una razón económica: “No tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos”. Pero detrás de ese argumento económico hay una discusión mucho más importante. La eliminación de las PASO no es solamente una reforma administrativa ni una manera de ahorrar recursos públicos. Es una decisión que puede modificar profundamente el tablero electoral de 2027. Y allí aparece el verdadero objetivo político de Javier Milei.
El Presidente tiene un incentivo concreto para que el peronismo llegue a las próximas elecciones presidenciales sin una herramienta institucional que le permita ordenar sus diferencias internas. Las PASO fueron, con sus limitaciones, un mecanismo para resolver disputas entre distintos sectores de una coalición, medir liderazgos y construir una candidatura común.
Eliminar esa posibilidad significa quitarle a la oposición una instancia de negociación electoral que podría resultar decisiva.
El peronismo atraviesa una fragmentación política que no se resuelve solamente con la voluntad de sus dirigentes. Conviven sectores vinculados al kirchnerismo, al massismo, al kicillofismo, gobernadores que buscan construir una alternativa propia, dirigentes del peronismo federal y referentes que intentan recuperar una identidad más amplia y competitiva.
La pregunta es qué sucedería si todos esos sectores tuvieran que llegar a un acuerdo antes de la elección general, sin contar con una primaria abierta que permita dirimir sus diferencias.
La eliminación de las PASO podría favorecer precisamente ese escenario: que el peronismo no consiga construir una candidatura unificada y termine presentando dos o más ofertas electorales.
Para Milei, la fragmentación de su principal adversario puede ser una ventaja extraordinaria. No necesita necesariamente que todos los sectores opositores desaparezcan; puede alcanzarle con que no consigan ponerse de acuerdo.
En una elección presidencial, la dispersión del voto opositor puede modificar sustancialmente el resultado. Por eso, la discusión sobre las PASO tiene una dimensión estratégica que excede largamente el costo de organizar una elección.
Pero hay una segunda dimensión de esta discusión que explica buena parte de las tensiones dentro del oficialismo. Patricia Bullrich también tendría razones políticas para que las PASO continúen. Hay un dato que merece especial atención: mientras los dirigentes que responden políticamente a Bullrich, entre ellos diputados, senadores y referentes de su espacio, ratifican que la senadora está de acuerdo con suspender o eliminar las primarias, ella ha dejado algún espacio para la duda. Ha sostenido que, en caso de suprimir las PASO, se debe discutir un sistema electoral alternativo para que los partidos resuelvan la elección de candidatos de forma transparente y sin designaciones centralizadas o “a dedo”. Esa diferencia entre lo que transmiten sus voceros y lo que ella decide comunicar no es un detalle menor.
La situación resulta llamativa. Si Bullrich está de acuerdo con la eliminación o suspensión de las PASO, como aseguran quienes la representan políticamente, ¿por qué la conducción del oficialismo necesita presionarla públicamente para que acelere su tratamiento? La respuesta puede encontrarse en los incentivos políticos que tiene cada uno de los protagonistas.
Bullrich tiene un objetivo propio: conservar la posibilidad de disputar el liderazgo de La Libertad Avanza si Milei llega debilitado a la elección de 2027. Su apuesta no necesariamente consiste en romper con el Presidente ni en construir una candidatura por fuera del espacio. Por el contrario, puede resultarle mucho más conveniente tensionar desde adentro, preservar su identidad política y presentarse como una alternativa superadora si el proyecto libertario pierde fuerza.
En ese escenario, las PASO le ofrecen una herramienta fundamental. La senadora podría competir en una interna contra Milei sin abandonar La Libertad Avanza ni quedar ubicada en el lugar de quien rompe con el Gobierno.
Y hay un dato que refuerza especialmente esta posibilidad: Patricia Bullrich se afilió formalmente a La Libertad Avanza el 6 de mayo de 2025, después de abandonar el PRO. Aquella decisión fue mucho más que un gesto de respaldo al Presidente. Fue también una decisión política que le permitió consolidar su pertenencia orgánica al espacio libertario.
No es un detalle menor. Bullrich decidió formar parte del partido desde adentro. De esa manera, construyó una posición política propia dentro de la estructura partidaria y puede proyectar una eventual disputa interna sin tener que pedirle autorización a la conducción del partido (Karina Milei) y también la exime del riesgo de tener que presentarse como una dirigente externa que pretende competir contra el oficialismo.
Para Bullrich, la diferencia entre competir dentro o fuera del espacio es enorme. Si decidiera enfrentar a Milei por fuera de una PASO, correría un riesgo político considerable. La porción del electorado que acompaña el cambio de modelo económico y político podría interpretarlo como una ruptura o una traición al proyecto que ambos contribuyeron a construir.
Pero hay algo todavía más importante. Imaginemos un escenario en el que Bullrich decide competir por fuera de La Libertad Avanza. Los votos de centro, centroderecha y derecha que podrían acompañar a Milei se dividirían entre dos candidaturas. Esa fragmentación debilitaría la oferta electoral del oficialismo y podría terminar favoreciendo a un candidato opositor (peronista) en la elección general.
Bullrich sabe que tendría enormes dificultades para explicar ese resultado. Una parte importante del electorado podría responsabilizarla por haber dividido los votos que necesitaba el oficialismo para ganar y por haber contribuido, aun sin proponérselo, a un eventual regreso del peronismo al poder. Es un costo político que difícilmente esté dispuesta a asumir.
En cambio, si las PASO continúan, tendría una herramienta legítima para competir contra Milei o contra cualquier otro candidato libertario sin romper la alianza política ni quedar expuesta a esa acusación. Podría disputar, ganar o perder. Si gana, se convierte en la candidata del espacio. Si pierde, puede acompañar al vencedor y conservar su pertenencia política.
Por eso, las primarias pueden ser para Bullrich mucho más que un mecanismo electoral: pueden representar la posibilidad de construir una alternativa de poder dentro del propio oficialismo.
Y allí aparece un punto estratégico para Milei. El Presidente puede encontrar en la eliminación de las PASO una ventaja frente al peronismo, pero al mismo tiempo estaría cerrando una herramienta que una de sus principales figuras podría necesitar para disputar su propio liderazgo.
La discusión se vuelve todavía más compleja cuando aparece un tercer actor institucional: la Cámara Nacional Electoral. El 8 de septiembre, la Cámara dictó la Acordada Extraordinaria 155, en la que advirtió sobre la necesidad de definir con suficiente anticipación las reglas que regirán las elecciones nacionales de 2027.
Los jueces electorales fueron claros respecto de los riesgos de modificar las normas durante un mismo proceso electoral. Recordaron que alterar la estabilidad del orden legal puede “producir más daños que beneficios” y citaron recomendaciones internacionales que establecen que las reformas deberían introducirse entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso electoral. Incluso incorporaron el criterio de la Comisión de Venecia, que recomienda que los elementos fundamentales del derecho electoral no sean modificados menos de un año antes de una elección.
La parte resolutiva de la acordada tiene especial importancia. La Cámara decidió comunicarle al Congreso de la Nación la conveniencia de que cualquier reforma del régimen electoral, de los partidos políticos o del financiamiento de las campañas observe esos estándares internacionales de anticipación, para garantizar la previsibilidad y la integridad del proceso electoral. También hizo saber su pronunciamiento a la Vicejefatura de Gabinete del Interior y a la Dirección Nacional Electoral.
La Cámara no tomó posición sobre la conveniencia de eliminar o suspender las PASO. De hecho, aclaró expresamente que no estaba realizando ningún juicio de valor sobre el contenido de los proyectos legislativos. Pero dejó una advertencia institucional muy importante: las reglas de la elección de 2027 no pueden definirse a último momento.
La Justicia Electoral necesita tiempo para organizar los comicios. Los partidos necesitan saber con qué reglas van a competir. Y los ciudadanos tienen derecho a conocer anticipadamente cuáles serán las condiciones de la elección.
En otras palabras, el debate ya no puede quedar atrapado exclusivamente en las necesidades políticas de Milei, Bullrich o los gobernadores. Hay una exigencia institucional de previsibilidad que el Gobierno y el Congreso deben atender.
Y en ese escenario aparece el problema parlamentario. El Senado tiene 72 integrantes. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y necesita 37 votos afirmativos para alcanzar la mayoría absoluta del total de sus miembros. Es decir, necesita conseguir otros 16 votos por fuera de su propio bloque.
La negociación depende de Bullrich, que conduce la bancada oficialista y tiene la responsabilidad de construir los acuerdos necesarios con otros espacios y con los gobernadores. Ahí está uno de los principales desafíos para la Casa Rosada: transformar una predisposición política de algunos mandatarios provinciales en votos concretos en el recinto.
La convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales para el martes 17 de noviembre constituye un primer paso institucional. Pero conseguir un dictamen no equivale a garantizar la aprobación en el Senado.
El Gobierno necesita a los gobernadores. Necesita a los senadores provinciales. Necesita acuerdos con dirigentes que tienen sus propios intereses y que no necesariamente comparten toda la estrategia electoral de la Casa Rosada.
La presión pública de Martín Menem sobre Bullrich, entonces, tiene dos lecturas. Por un lado, expresa la urgencia del Gobierno por avanzar con una reforma que considera estratégica para sus posibilidades electorales. Por el otro, deja expuesta una tensión política que el oficialismo todavía no logra resolver: el Presidente necesita que su jefa de bloque consiga los votos para modificar las reglas electorales, pero esas mismas reglas podrían convertirse en la herramienta que ella necesita para disputar su futuro político dentro del espacio.
Las PASO dejaron de ser una discusión sobre el calendario electoral o el gasto público. Se convirtieron en una disputa por la arquitectura política de 2027.
Milei quiere llegar a esa elección con un peronismo fragmentado y sin una herramienta que facilite su reunificación. Bullrich, mientras tanto, tiene incentivos para conservar un mecanismo que podría permitirle disputar el liderazgo libertario sin abandonar el espacio ni cargar con el costo de una ruptura.
Hay entonces una paradoja que atraviesa toda esta discusión: Milei quiere quitarle al peronismo una herramienta para ordenar su interna, mientras Patricia Bullrich puede necesitar exactamente esa misma herramienta para disputar el poder dentro de La Libertad Avanza sin romper con el Presidente.
Las PASO son, así, mucho más que una ley electoral. Son una pieza central de la estrategia de Milei para 2027, una oportunidad para los gobernadores de negociar con la Casa Rosada y, para Bullrich, posiblemente la única vía para competir por el liderazgo libertario sin quedar expuesta a ser señalada como responsable de una eventual derrota del proyecto político que hoy integra.
