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Fraude a la UOM: la corrupción sindical es una epidemia que lleva décadas

El ex secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Abel Furlán afirmó este miércoles ante la justicia que no hubo incompatibilidad o conflicto de intereses en la contratación de una empresa privada cuya accionista era María Soledad Calle, quien a su vez era la encargada de relaciones internacionales del gremio y militante de La Cámpora.

Furlán presentó este miércoles un escrito ante el juez federal Julián Ercolini para defender la legalidad de los contratos firmados con USEM S.A., investigados por una presunta administración fraudulenta de los fondos de la UOM y su obra social, en su declaración indagatoria como sospechosa.

La explicación del sindicalista apunta a uno de los aspectos más controvertidos del expediente: Calle era simultáneamente empleada de la UOM y propietaria del 50 por ciento de la sociedad contratada para administrar recursos de la organización y compartió por lo menos cuatro viajes con él al exterior.

Además, Calle compró un departamento en San José 1111, el edificio donde vive Cristina Kirchner y cumple su condena a 6 años de prisión por la causa Vialidad, por una operación de unos 800 mil dólares cuyo origen de fondos también despertó el interés de los investigadores judiciales. Calle dijo que era para una «fundación».

La Justicia deberá determinar si las explicaciones de Furlán resultan suficientes para descartar un conflicto de intereses y si la contratación provocó un perjuicio económico al sindicato y su obra social, entre otras dudas, tal como denunció la querella encabezada por el abogado Yamil Castro Bianchi.

Durante la indagatoria, Furlán evitó desarrollar oralmente su defensa y se remitió al escrito presentado por sus abogados.

«En el día de ayer hemos presentado un escrito y ahí está todo lo que tenemos para decir», manifestó ante Ercolini.

Y agregó: «Una vez tomado conocimiento de lo que está en reserva, haremos una ampliación. Me remito a todo lo que presenté ayer, con la salvedad de poder ampliar una vez accedamos a esa documentación».

Sin embargo, la investigación plantea interrogantes sobre la elección de USEM, una sociedad constituida apenas 82 días antes de firmar los contratos con las entidades sindicales.

Según la imputación del fiscal Ramiro Gonzalez, tampoco se habría realizado una compulsa competitiva de precios ni una evaluación formal de los antecedentes y la capacidad operativa de la firma.

Los investigadores cuestionan, además, que los acuerdos establecieran una duración de diez años y un sistema de remuneración porcentual que no dependía necesariamente de los servicios efectivamente prestados.

La hipótesis judicial sostiene que USEM habría recibido pagos superiores al valor de prestaciones comparables, sin que se acreditara suficientemente la realización de tareas de auditoría y validación de obligaciones.

En ese contexto, la condición de Calle como empleada del sindicato y accionista de la contratista constituye uno de los puntos centrales que deberá resolver Ercolini.

La defensa de Furlán rechaza que esa relación haya configurado una incompatibilidad. Pero esa afirmación todavía deberá ser contrastada con los contratos, las comunicaciones entre los involucrados y la documentación bancaria.

También será necesario establecer qué intervención tuvo Calle en la contratación y si las autoridades sindicales conocían y evaluaron su participación económica en la empresa beneficiaria.

La investigación patrimonial y financiera continúa abierta para determinar el destino de los fondos pagados a USEM y establecer si existieron beneficios indebidos para sus accionistas o terceros.