Categorías
Espectáculos y Entretenimiento Noticias

Pity Álvarez fue condenado a la pena de 12 años de cárcel

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) N° 29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, condenó a Cristian Álvarez Congiu, popularmente conocido como Pity Álvarez, a la pena de 12 años de prisión por el homicidio de Cristian Díaz, crimen ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré, en Villa Lugano.

El músico no estuvo en la sala: el tribunal no autorizó su traslado desde la clínica de rehabilitación en la que está internado de forma compulsiva. Sin embargo, sí apareció por videollamada para hacer uso de su derecho a decir sus últimas palabras antes de que los magistratos se retiraran a deliberar. Pero no se conectó para escuchar la sentencia. El tribunal dispuso que la pena sea cumplida bajo arresto domiciliario.

“Quiero decir que me pareció un poco excesivo los alegatos que manifestó el fiscal [por Sandro Abraldes]. Yo fui a sentarme ahí a hacer una declaración amplia, hice una explicación de lo que se siente estar acorralado y vivir una vida marginal. Nada más. Me pareció excesivo eso y dejo en manos de la justicia los alegatos del excelentísimo tribunal”, sostuvo el músico.

Como nunca antes en todo el juicio, la sala de audiencias estuvo colmada. Por primera vez estuvo Micaela, la hija de la víctima

Además de los jueces, el fiscal Abraldes y los abogados defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro, y los de la querella, Fabián Arméndola y Fernando Burlando, en la sala de audiencias estuvieron presentes Marita, hermana de la víctima; Verónica Román, que en 2018 era pareja de Díaz, y Jacqueline Guzzardi, quien lo consideraba su papá, y también familiares y amigos del cantante, entre los que se destacaron su hermana Silvina y el padre César, conocido como el cura rockero.

La parte dispositiva de la sentencia fue leída por el juez de Goerner, que estuvo a cargo de la presidencia del tribunal.

En el comienzo de la jornada, la querella desestimó el planteo de nulidad del juicio que realizó la semana pasada la defensa, como así también el planteo de absolución del acusado.

Luego, el representantes del Ministerio Público justificó su pedido de 18 años y seis meses de prisión. “Una pena que se sitúa en el plano inferior del tercio superior del margen que propone el Código Penal para este tipo de hechos”, explicó el fiscal Abraldes.

Y agregó: “El abordaje de la defensa muestra un disenso que hace imposible llegar a un punto en común entre su postura y la de la querella. Quieren hacer creer algo que no ocurre. La defensa está confundiendo dos planos: el del ser y el del deber ser. Y quiere imponer que las cosas fueron como dicen que fueron y no como fueron”.

Más adelante, el agogado Baños dijo: “Podrían llevar a una condena absolutamente desmesurada. Esto puede suceder cuando ocurren hechos como con esta persona que especialmente vulnerable. El derecho carece de brújula cuando las leyes hacen que una persona o un imputado dejen de ser una persona para transformarse en una cosa. Lo que está pasando de una manera evidente cuando la fiscalía intenta utilizar un pedido de pena como un instrumento para tratar de lograr un efecto diferente en el propio ser humano. Con un castigo desmedido, con la única opción de demostrar que la ley mandaba”.

Ante esta situación, primero Goerner y luego Ramos Padilla cuestionaron a Baños. “No entorpezca ni repita el alegato. Terminemos con este debate de café”, le espetaron.

Baños siguió: “Me parece que no tener en cuenta en el caso de ambos la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentra inmerso el imputado de acuerdo a las convenciones internacionales sobre su situación de salud es un problema que va a poder dar lugar a una potencial responsabilidad del estado argentino en fueros internacionales sobre tratados de derechos humanos y sobre personas con situaciones de discapacidades”.

Y agregó, para cerrar: “Son muy intetesantes los fallos que presenta el distinguido colega de la fiscalía, pero también hay otros fallos vinculados con situaciones de discapacidad que deben ser considerados para que el Tribunal lo tenga a consideración. Tratemos de encontrar un punto de equilibrio entre ese derecho de los libros y ese derecho de la gente. Un derecho penal mejor en el cual una persona con discapacidad sea juzgada como una persona y no como una cosa”.

A continuación, una vez finalizadas las últimas palabras de las partes, Pity Álvarez se conectó por videollamada y le ofrecieron cerrar el debate.

El juicio comenzó el 10 de agosto y lo que inicialmente estaba previsto como un debate de 11 jornadas terminó extendiéndose al doble. Durante ese período declararon policías, médicos, peritos, vecinos, familiares de ambas partes y especialistas en salud mental, en un proceso que estuvo atravesado por constantes pedidos de suspensión, cambios en la defensa, discusiones sobre la capacidad o no del músico para afrontar el debate, un intento de fuga de un hospital, una entrevista televisiva con Moria Casán y distintos episodios que alteraron el cronograma.

Uno de los momentos que mayor repercusión generó ocurrió cuando Álvarez declaró ante los jueces, algo que inicialmente no estaba en los planes. Con su cronológico y detallado relato de más de cuatro horas, en donde describió con lujo de detalles su versión de los hechos, la tarde del 2 de noviembre, el Pity echó por tierra todos los planteos relacionados con su falta de capacidad de comprender por qué se lo estaba juzgando.

No solo pidió perdón. Aseguró que estaba profundamente arrepentido de lo que hizo –“¡¿Cómo no voy a estar arrepentido?! No me reconozco haciendo eso porque sé la clase de persona que soy», le respondió a su abogado- y sostuvo que “más allá de la decisión que tome el tribunal”, a él le “gustaría ayudar económicamente a la familia” de la víctima, aunque aclaró: “La manera que tengo de ayudarlos es haciendo mi arte y haciendo shows y tocando mi música”.

La oferta fue, como mínimo, compleja: esa retribución solo sería posible si el tribunal no lo condenara por homicidio simple, cuya pena va de 8 a 25 años de prisión. Si va a la cárcel, no habrá recitales; sin recitales no habrá asistencia.

También hizo referencias a la víctima que generaron controversia. “No crean que era un corderito”, expresó en una de las frases que marcaron aquella audiencia. Y también lamentó que “un gil de mierda” se haya cruzado en su vida para hacer que terminara en el banquillo.

Pero hubo más. Porque cuando volvió a la clínica psiquiátrica a la que había sido enviado por decisión judicial, le realizaron un análisis que confirmó que el músico había consumido cocaína en algún momento de esa jornada, lo que abrió una nueva controversia en torno a su situación.

También hubo jornadas en las que el músico permaneció dormido durante las audiencias, mientras se desarrollaban los testimonios, y el primer día incluso se escucharon sus ronquidos.

El proceso tuvo como eje determinar la responsabilidad penal del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. La acusación sostiene que Álvarez disparó contra la víctima y la mató de cuatro tiros. La defensa, en cambio, planteó que el cantante actuó en legítima defensa.

El miércoles 11 de noviembre, el fiscal Sandro Abraldes había presentado su alegato y solicitado una condena de 18 años y seis meses de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Durante su exposición rechazó que el músico hubiera actuado para defenderse y sostuvo que comprendía la criminalidad de sus actos al momento del ataque.

El representante del Ministerio Público Fiscal también pidió que Álvarez sea detenido una vez que finalice su internación psiquiátrica en una clínica de Castelar. Eso recién podría ocurrir en febrero, en caso de que haya un fallo condenatorio, debido a que la Justicia determinó que la internación del músico sea de 90 días.

En su alegato, reconstruyó la secuencia del crimen, cuestionó la versión del acusado y sostuvo que había utilizado el arma con intención de matar. “Álvarez jugó a ser Dios, salió armado y decidió que Cristian Díaz debía morir”, concluyó.

La querella, representada por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, había reclamado una pena de 11 años y dos meses de prisión. Además, solicitó que, en caso de una condena, el músico pueda cumplirla bajo la modalidad de arresto domiciliario y con “salidas laborales”. Ese escenario, de alguna manera, acrercaba a Pity a contar con la posibilidad de dar nuevos recitales. No será posible.

El viernes 13 de noviembre llegó el turno de la defensa. Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro sostuvieron que el cantante había actuado en legítima defensa y solicitaron su absolución. Como alternativa, plantearon que, si el tribunal no aceptaba ese argumento, se considerara la figura de exceso en la legítima defensa, que contempla una escala punitiva menor.

La defensa también cuestionó aspectos de los peritajes médicos y volvió a plantear objeciones vinculadas a las condiciones en las que se desarrolló el proceso. En ese contexto, los letrados formularon reservas y cuestionamientos sobre la validez del debate, aunque no volverán a plantear la nulidad, bajo el argumento de que, en esta etapa, ya lo hicieron, sin éxito.

El crimen ocurrió el 12 de julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano. Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que Álvarez disparó contra Díaz y continuó con otros tres tiros sobre su cuerpo cuando la víctima ya estaba en el suelo. Para respaldar esa reconstrucción, el fiscal presentó testimonios, informes periciales y material audiovisual.

Uno de los puntos discutidos fue si el músico había sido agredido o acorralado antes de disparar. La defensa sostuvo que Díaz le impidió retirarse del lugar y que el cantante reaccionó ante una agresión ilegítima. La Fiscalía rechazó esa interpretación y consideró que las pruebas reunidas no justificaban el uso del arma.

También se debatieron los antecedentes de consumo problemático de sustancias de Álvarez y su estado de salud mental, aspectos que tuvieron un lugar central durante las audiencias y en las evaluaciones incorporadas al expediente.