Cada 18 de julio, desde 1994, la sensación de impunidad recorre el cuerpo de las víctimas del atentado a la AMIA y de todos aquellos que se conmocionaron con la explosión de aquella bomba. Es que, desde entonces, la Justicia argentina no ha logrado atrapar y condenar a los autores de la masacre que provocó la muerte de 85 personas en las inmediaciones de la sede de la mutual judía. La causa sostiene que la explosión fue ideada y preparada por quienes por entonces ejercían el poder en la República Islámica de Irán, y que fue ejecutada por la organización terrorista libanesa Hezbollah. Hay ocho pedidos de captura sobre los sospechosos, que se resisten a ser indagados por los tribunales argentinos. Algunos de esos imputados, sobre los que pesan cinco alertas rojas de Interpol, renovadas hasta 2027, circulan por el mundo sin ser atrapados gracias a pasaportes diplomáticos.
“Más allá de los 28 años, seguimos trabajando para esclarecer con la mayor luz posible el atentado y buscar a todos aquellos que fueron responsables”, afirma ante Infobae el fiscal Sebastián Basso, a cargo de la UFI-AMIA desde 2019. “Al ser un atentado de índole internacional, donde todos los autores son extranjeros, es muy difícil llevar adelante la investigación si no es por la colaboración internacional. El atentado fue planificado en el exterior y la mayor parte de la prueba está afuera del país”.
La Justicia argentina sostiene que los funcionarios iraníes considerados responsables de decidir, planificar y ejecutar el ataque fueron: Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani (a la época de los hechos presidente de la República Islámica de Irán), Alí Fallahijan (por entonces Ministro de Información iraní), Alí Akbar Velayati (en aquel tiempo Ministro de Relaciones Exteriores de la nación persa), Mohsen Rezai (por entonces a cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria “Pasdaran”), Ahmad Vahidi (en aquella época a cargo de la fuerza de elite “Al Quds” perteneciente a la Guardia Revolucionaria), Mohsen Rabbani (al tiempo de los hechos Consejero Cultural de la Embajada iraní en nuestro país), Ahmad Reza Asghari o Mohsen Randjbaran (en aquel entonces Tercer Secretario de la representación diplomática iraní en Argentina), y Hadi Soleimanpour (en aquella época Embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires).
A esa lista se sumó Imad Fayez Moughnieh, por entonces a cargo del Servicio Exterior de la agrupación terrorista libanesa Hezbollah. Estaba acusado de dirigir el grupo que atacó la sede de la mutual judía en Buenos Aires. Según se pudo establecer ya falleció al igual el ex presidente Rafsanjani y por lo tanto se ordenó sus respectivos sobreseimientos.
Hay un último sospechoso sobre el que la Justicia argentina ha puesto, desde hace tiempo, todas las miradas: Samuel Salman El Reda o Salman Raouf Salman, un miembro activo del Hezbollah que vivía en la Triple Frontera y estuvo en Buenos Aires en julio de 1994 cuando ocurrió el atentado. A él se le adjudica haber transmitido información indispensable para la concreción del ataque. Se cree que fue un nexo de los agentes internacionales que actuaron en territorio argentino.
Causa AMIA, 28 años después
La investigación está orientada en determinar quiénes integraron la célula que colaboró con Samuel Salman El Reda. Para el equipo de la UFI Amia está claro que estuvo en la Argentina, que consiguió la ciudadanía paraguaya y que buscó obtener la brasileña. Pero como siempre: encontrar esos datos 28 años después y después de una investigación que se vio sembrada de irregularidades no es fácil.
La esperanza de los instructores se aloja en la respuesta que puedan dar los Ministerios Públicos Fiscales de las Repúblicas de Brasil y Paraguay. Pero además de la justicia de Panamá. ¿Por qué de Panamá? Porque apenas horas después del ataque a la AMIA, una bomba hizo estallar un avión Embraer que volaba entre Colón y Panamá, en lo que fue el caso “Alas Chiricanas”, en el que murieron 21 personas. Por esas horas, el Hezbollah también se atribuyó la autoría de ese ataque. Y se cree que Samuel El Reda no habría sido ajeno a esa explosión.
Nada de esto, sin embargo, es nuevo para los querellantes que reclaman avances en la causa. “La causa está totalmente paralizada -dice a Infobae Miguel Bronfman, abogado de la AMIA-. La UFI AMIA es la fiscalía más grande del país y hace tiempo que no produce ningún avance en la investigación. Mientras tanto, los iraníes prófugos se mueven por el mundo y nosotros tenemos que alertar que van a estar en tal o cual país”. Por eso, al repasar todos los años de pedidos, medidas judiciales, juicios y fracasos, Bronfman resume: “La sensación es que a 28 años del atentado sigue ganando la impunidad”.
Los familiares de las víctimas, agrupados en tres entidades, se entusiasman con lo que pueda aparecer entre los archivos de inteligencia al que, por primera vez, van a poder tener acceso en toda su dimensión. Infobae reveló el pasado 5 de julio que el juez federal Daniel Rafecas, actualmente al frente de la causa, exhortó a la fiscalía y al Ministerio de Justicia a entregar toda la información desclasificada. Pero no será una tarea sencilla: para dimensionarla, si se pusieran todos las cajas con documentación y audios en una línea ocuparía casi dos kilómetros. Fue la jueza María Eugenia Capuchetti quien, el año pasado, dijo que había que “garantizar a las partes el acceso a las piezas documentales” cuando tenían que pronunciarse sobre un pedido de 32 sobreseimientos que formuló la fiscalía y que todavía no está resuelto.
En Comodoro Py ya se hicieron dos juicios contra la llamada “conexión local” del atentado y los dos terminaron en absoluciones. En el primer juicio Carlos Telleldín, un reducidor de autos que ahora trabaja de abogado, fue absuelto junto a un grupo de policías a los que él había acusado luego de un pago de 400 mil dólares que negoció con el entonces juez Juan José Galeano en 1996. Apelaciones mediante de las querellas, la Corte Suprema dejó en pie los dos primeros años de investigación antes de aquel pago. Fue llevado a un nuevo juicio en donde tanto fiscalía como querellas pidieron que fuera condenado a penas de 20 años a perpetua. Pero, a 26 años y medio del ataque, el Tribunal Oral Federal 3 concluyó en diciembre de 2021 que durante el proceso no se probó que Telleldín supiera el uso que iba a tener la camioneta Trafic. Esa decisión está apelada.
Lo cierto es que las únicas condenas que logró hasta ahora la Justicia argentina fueron por las irregularidades cometidas en la investigación del atentado.
En febrero de 2019, después de casi cuatro años de audiencias, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a seis años de prisión al ex juez Galeano por delitos como peculado, privación ilegal de la libertad, prevaricato, encubrimiento por favorecimiento personal y violación de medios de prueba. Junto a él fueron fueron sentenciados el jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, los ex fiscales de la causa y Carlos Telleldín por ese pago ilegal, entre otros. En cambio, quedaron absueltos el ex presidente Carlos Menem y el ex comisario Jorge Palacios -ambos ya fallecidos- o el titular ex jefe de la DAIA Rubén Beraja. La sentencia fue apelada. La Cámara Federal de Casación aún no pudo fecha de audiencia para analizar la revisión del caso.
Mientras tanto, esta semana, la Corte Suprema acaba de dejar firme la sentencia dictada contra el ex comisario Carlos Castañeda, quien debía custodiar desde la Policía Federal pruebas claves de la causa AMIA en los primeros momentos de la investigación. La Justicia lo encontró responsable por la desaparición de más de 60 casetes con escuchas telefónicas al teléfono de Telleldín cuando el reducidor de autos decidió escapar y negociar, más tarde, su entrega. Por su casa pasaron desde agentes de la Policía Bonaerense hasta personal de la SIDE. Además, se borró el contenido de la agenda de Telleldín. Si en las pruebas que destruyó Castañeda había algo que podría haber servido para la investigación, nadie lo podrá saber.
Símbolos de esta causa: el oficial preventor que debía empezar la investigación policial del expediente es el primero que buscó perjudicar la pesquisa. Con un juicio oral al que se llegó en 2005, once años después del atentado, su condena recién quedó firme 17 años después de laberinto judicial.
