Hace unos veinte días, Ana comenzó terapia por videoconferencia. En la oficinita donde habla con la psicóloga, siente que la escuchan las paredes, pero es mejor que nada. Está presa hace ocho meses en la Comisaría de la Mujer y el Niño de Esquina, Corrientes, y las crisis nerviosas vienen siendo constantes. Como la asistencia psicológica gratuita del Estado no llegaba, su mamá consiguió atención particular y, ahora, una vez por semana, corta con el trabajo de empleada doméstica, y le acerca su propio celular y auriculares para que pueda tener la sesión. Ana casi no puede hablar. A principios de noviembre, parió sola y en su casa. Tuvo una emergencia obstétrica, pero en vez de ayuda, recibió una imputación por homicidio.
“Es todo muy injusto. Acá en Esquina hay muchos casos de violadores, de asesinatos, de ladrones y todos tuvieron su domiciliaria, pero para mi hija no. La mantienen detenida, no le dan psicólogo y la obligan a esperar el juicio alejada de su familia. A veces, la comisaria me llamaba tarde a la noche para ver si la podía calmar, porque la veían angustiada y tenían miedo de que se hiciera algo. Sus dos hijos son chiquitos y la necesitan. Pero la Justicia no entiende nada de esto”, dice a Clarín Gladys Ferreira, la mamá de la joven de 30 años que está detenida desde mediados de noviembre, imputada por homicidio culposo doblemente agravado por el vínculo y la alevosía, tras sufrir una emergencia obstétrica en su casa.
Ana continuará detenida hasta el inicio del juicio el 1° de agosto en el Tribunal Oral Penal de Goya, a cargo de los jueces Jorge Antonio Carbone, Julio Ángel Duarte y Ricardo Diego Carbajal, a pesar de los pedidos de cese de detención preventiva o de cambio a prisión domiciliaria que había interpuesto su abogada, Natalia Ávalos.
“Nuestro Código Penal establece que la prisión preventiva es excepcional y que se puede dictar por dos motivos, que son la obstaculización del proceso o el riesgo de fuga. A esta altura, no hay forma que Ana pueda obstaculizar el proceso, porque ya se tomaron todas las evidencias. Y, sobre la fuga, en términos económicos, ella siquiera salió de la provincia”, agrega.
Y sigue: “Hablamos de una mujer pobre, que se dedicaba a tareas de cuidado de sus hijos de 11 y 6 años, y sus hermanitos. Realizaba comidas los fines de semana para vender o atendía eventualmente algún negocio cuando podía. A veces, limpiaba casas como su mamá. Pero es una persona que vive en un terreno alejado del centro, que comparte con una familia de más de diez personas, tiene dos hijos a cargo y nunca tuvo trabajo formal. Son gente poco instruida, que hicieron muy poquito de la primaria, analfabetos. Ana no tiene herramientas para fugarse”.
«Feto muerto»
El hecho por el que se detuvo a la joven correntina se trata de un evento obstétrico, que implicó la interrupción no voluntaria de un embarazo, según su defensa. “Sufrió un parto domiciliario de un feto muerto”, relata Ávalos. “Fue un parto en avalancha. Ella desconocía el tiempo de gestación, sintió los dolores, no llegó a pedir ayuda y tuvo el parto en la casa. Cuando la llevan a la guardia no la revisan como corresponde, no tuvo asistencia psicológica y tuvo poca asistencia médica. Si el parto hubiera pasado en la sala de un hospital, no hubiera pasado nada. Pero si bien fue el parto de un feto muerto se la criminaliza como si hubiera nacido con vida”, afirma.
La autopsia pedida por el fiscal subrogante Javier Gustavo Mosquera, que acusa a Ana por el hecho, «da algunos indicios de que algunas lesiones podían ser vitales, pero para determinar mejor eso se envía al análisis patológico, que determina que no se puede determinar que haya nacido con vida«, explica Ávalos a Clarín y agrega que, de todas formas la pericia «está viciada de nulidades por todos lados».
En los resultados de esa pericia, a la que accedió este diario y que lleva la firma de la médica forense Ivana Del Carmen Fernández y del psiquiatra forense Leonardo Luna Salvetti, se afirma que “por los fenómenos de defradación o lisis celular, autolisis y necrosis no es posible una evaluación precisa lo que impide concluir en un diagnóstico certero en cuanto a si respiró o no el feto: no se puede determinar histológicamente si respiró».
La abogada sostiene que el «feto» fue expulsado «muerto» y que el fiscal no tiene ninguna prueba conclusiva de lo contrario, de que hubiera nacido con vida, según lo que se desprende de esta autopsia.
En el mismo párrafo de la autopsia, los forenses agregan que tampoco «se puede establecer diagnóstico de lesiones vitales en los cortes de miembros superiores e inferiores”, es decir que las lesiones que presentaban los restos hubiesen sido realizadas sobre una persona viva. El cuerpo fue hallado semienterrado en el terreno familiar sin sus miembros superiores y parte de los inferiores. En la investigación también se trata de determinar cómo se produjeron esos cortes.
Para Rosana Fanjul, integrante de la Comisión Libres Las Queremos, de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, este caso es como el de Belén, una joven absuelta por por la Corte Suprema tucumana, tras pasar 29 meses presa acusada de haber abortado en el baño de un hospital. En la causa contra Ana también “hay una caratula prejuiciosa dándole una entidad de persona a un feto sin haberse demostrado que nació con vida. Y a pesar de que están todas las evidencias a su favor, sigue estando detenida”, agregó.
La comisión Libres Las Queremos pidió la liberación de Ana, detenida en Corrientes por una emergencia obstétrica.
La organización Libres Las Queremos contabiliza que hay al menos 1.532 mujeres procesadas y/o denunciadas por haber sufrido eventos obstétricos o abortos espontáneos en la Argentina, un tercio de ellas están detenidas. El número surge tras una investigación desarrollada por la Campaña, junto al CELS y al Centro Universitario San Martín (Cusam), que se publicó poco antes de la legalización del aborto, a fines de 2020, que daba cuenta de que “el universo de mujeres criminalizadas por la noción de que el aborto es un delito es más amplio que el conjunto de casos etiquetados judicialmente con la figura penal de aborto”.
En la mayoría de los casos se criminalizaban eventos obstétricos, como sigue sucediendo tras la sanción de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). “Casos como los de Belén: situaciones involuntarias y traumáticas en el curso de un embarazo en las que una complicación en un parto inesperado, un parto en condiciones paupérrimas o un aborto espontáneo, en contextos de precariedad y miedo, terminan en acusaciones penales graves, como homicidio agravado o abandono de persona. Son otros caminos por los que avanza la criminalización sobre las mujeres y su capacidad reproductiva”, define el estudio “La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en la Argentina”.
Para Ávalos, la abogada de Ana, “falta perspectiva de género en la Justicia” local y acceso a la salud para las mujeres. “Corrientes es un mundo aparte. Se notan mucho los estereotipos de género, la criminalización, hay mucho maltrato para las chicas, se nota la diferencia cuando un imputado es un hombre o es una mujer, si bien existe la ley del aborto, acá en Esquina no funciona, porque no hay un protocolo para el acceso y hay mucho maltrato para cuando van las chicas. Todo esto es el marco de la demonización que se hace de las mujeres, cuando no cumplen las exigencias de cómo una tiene que actuar por ser mujer. Es una provincia muy religiosa”.
Los medios locales, además de divulgar el nombre completo de Ana, describieron el hecho como «macabro» y ponen el eje en la «mutilación» del cuerpo. También lo hicieron los querellantes. A pesar de que no está probado el nacimiento con vida, en la causa interviene la Defensoría de Menores local. En una de las audiencias la defensora subrogante Marina Arce fundamentó que “más allá de la discusión de si nació o no con vida un feto o un recién nacido, la señora llevó a cabo el hecho aquí relatado y fundamentado por el fiscal, siendo un hecho macabro y aberrante”.
La abogada de Ana afirma que su defendida perdió el conocimiento tras el parto y que quedó en «shock». Y que aunque no hubiera sido así, “hay que dejar en claro que lo que pase con un feto muerto no es un homicidio, y que no está probado quién fue el que realizó esos cortes tampoco”. “Es ilógico pensar que todo eso lo llevó a cabo una mujer que acaba de parir. Su casa tiene un patio grande, donde hay animales y transitan otras personas, pero la sospecha está hacia ella”, acusa.
La mamá de Ana contó a este diario que tampoco pudo hablar de esto con su hija: “Desde el primer día, está muy perdida. Es como hablar como una criatura chiquita. En las audiencias también está como perdida. Le preguntan lo que pasó y ella no se acuerda. Yo como madre sufro un montón, porque ella está mal. Está muy quebrada. Tiene depresión”.
