En pleno siglo XXI, la mayoría de los vínculos sociales y comportamientos humanos están mediados por una pantalla. La llegada de internet ha servido para transformar prácticas institucionales, modernizar estructuras operativas, y conectar extremos del planeta aportando simpleza, rapidez y practicidad. Sin embargo en términos paradigmáticos el territorio digital no está escindido del resto del mundo ni se trata de un espacio ficticio. El espacio virtual funciona como un espejo ampliado de lo que ocurre en las calles, las sociedades y las culturas, y tiene efectos directos y concretos sobre la vida de las personas.
En Argentina, según cifras publicadas por Amnistía Internacional, 1 de cada 3 mujeres sufrió violencia en las redes sociales; el 26% de las víctimas recibió amenazas directas y/o indirectas de violencia psicológica o sexual; un 59% recibió mensajes sexuales y misóginos; y de quienes han experimentado algún tipo de violencia virtual, el 39% sintió su seguridad física amenazada y efectos psicológicos negativos como ataques de pánico, estrés, disminución de su autoestima, y dificultad para dormir, entre otros padecimientos. La violencia que se ejerce en internet representa un hecho social frecuente y naturalizado. Sin embargo, al tratarse de un formato novedoso y poco estudiado, todavía no existe una regulación que permita controlarlo y penar a quienes la ejercen. Pero hay algo que debemos entender: no es un tipo de violencia nueva, sino una forma diferente en la que la violencia de género se manifiesta.
El lunes 11 de julio en la Cámara de Diputados de la Nación, la legisladora del Frente de Todos Mónica Macha y la ministra de Mujeres y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, y diferentes organizaciones sociales, presentaron un proyecto de ley que incluye dos posibles reformas para tipificar la violencia digital como delito e incorporarla como figura penal. La iniciativa fue acompañada por más de 27 mil firmas, y cuenta con el apoyo del espacio de víctimas «Ley Olimpia Argentina» y la organización Género y TIC. Sin embargo, nunca hubiera llegado al Congreso sin el impulso de Eliana Sotelo, Florencia Villegas, Camila Segli, Emilse Farfán y Florencia Zerde, chicas que fueron víctimas de esta violencia y se organizaron desde sus provincias para llevar adelante el reclamo, tal como ocurrió con La Ley Olimpia en México.
¿Qué plantean la Ley Olimpia y la Ley Belén?
El primero de los proyectos propone reformar la Ley N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, para que se incorporen a la norma los espacios digitales como ámbitos en los que puede suscitarse violencia. La iniciativa lleva el nombre de “Ley Olimpia”, en reconocimiento a la activista mexicana Olimpia Coral Melo, quien luego de ser víctima de un episodio de violencia de género digital por parte de su expareja sexoafectiva, que difundió en internet un vídeo sexual íntimo, inició un proceso de construcción política colectiva, junto a otras mujeres e impulsó en México una ley que pena la difusión de fotos íntima sexuales sin consentimiento.
La Ley Olimpia busca introducir la definición de “violencia digital o en línea” como “aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y que implique la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real o simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres, sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas, o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual, o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TIC, así como cualquier otra que pueda surgir a futuro, ejercida por este medio, que afecte los derechos protegidos de la presente ley”.
El segundo fue bautizado como “Ley Belén”, en un claro homenaje a Belén San Román, una joven madre de Bragado, que se quitó la vida luego de haber sido víctima de violencia sexual digital y sextorsión por parte de su expareja. En este caso la reforma que propone es la incorporación al Código Penal de los delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o de desnudez, de los «porn deep fake» y de la llamada «sextorsión”.
El proyecto establece penas de «prisión de tres meses a dos años y el doble de la multa establecida en el artículo 155° a quien, por cualquier medio, sin autorización de la víctima o mediando engaño, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore, documentos con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas». Y además las penas se aumentarán en un tercio cuando el delito lo comete una persona mediante violencia de género, o si el hecho se comete con fines de lucro; o por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión o contra una persona menor de edad.
Se denomina «Porn deep fake» a los videos pornográficos en los que, a través del uso de tecnología, se reemplazan las caras de actrices porno por otras personas. Existen miles de denuncias sobre este tipo de material que circulan libremente en internet y han afectado a famosas celebridades como Ema Watson, Gal Gadot, o Emily Clarke. Por otro lado, hablamos de sextorsión al referirnos a una forma de chantaje en la que se amenaza a una persona con divulgar y hacer públicas imágenes o videos de su intimidad sexual.
Violencia digital: el problema no es internet, el problema es la violencia machista
Mónica Macha, la diputada nacional impulsora del proyecto, explica que “la violencia digital se refiere a cuando se difunden imágenes íntimas de una mujer sin consentimiento. Muchas veces a forma de venganza, otras para dañarla, pero también muchas veces por la misma matriz machista en la que circulan imágenes de cuerpos desnudos como si fuera un mercado. Estas conductas violentas, cosificantes, y agraviantes pueden tener efectos devastadores en la subjetividad de las personas que lo sufren”. Además señala que es necesario que se incluya esto en la tipificación de la Ley de Violencia por motivos de género ya que en términos generales sucede casi exclusivamente de los varones hacia las mujeres: “El 98 % de las personas víctimas de la difusión de material íntimo no consentido son mujeres. Está clarísimo que hay algo sistemático y estructural”.
La legisladora analiza que la violencia digital es simplemente una forma diferente de canalizar la violencia estructural e histórica hacia las mujeres y diversidades, con ciertas particularidades como el fácil acceso y la enorme capacidad de alcance. “Los nativos digitales tienen otra relación con la tecnología y el acceso online y digital. Pero acá no se trata de un problema de tecnología, sino de un problema de la violencia machista. Nos quieren hacer creer que es nuestra culpa porque nos dejamos sacar una foto, en caso que esas fotos hayan sido consentidas. Pero también sabemos que mucho material filtrado capturado sin consentimiento o conocimiento de las mujeres que son fotografiadas durmiendo desnudas, bañándose o espiándolas. No somos las culpables y tampoco es culpa de los desarrollos digitales. El único culpable es el machismo”, manifiesta Macha.
Prevención: no queremos presos, queremos cero víctimas
Justamente el proyecto de Ley Olimpia Argentina no se trata solamente de lo punitivo. Al incorporar la violencia digital a la tipificación existente en la Ley N° 26.485 , lo que se garantiza es incorporar una nueva mirada al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que incluye la promoción y puesta en marcha de acciones, políticas y medidas concretas a nivel nacional, provincial y municipal, de promoción y fortalecimiento interinstitucional para la implementación de servicios integrales de asistencia y acompañamiento a las mujeres; y el trabajo con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, para defensa de los derechos de las mujeres.
Una línea fundamental del proyecto es la tarea de concientización y prevención. “Nosotras buscamos prevenir y sancionar la violencia, no regular el espacio digital. El centro del proyecto es el feminismo, en relación a lo digital. Ahí hay una series de violencias que no podemos permitir y que tenemos que trabajar para desmontar”, explica. Al respecto la diputada identifica tres puntos claves: “el tratamiento y sanción de las dos leyes para poner el tema en agenda, instalarlo socialmente y contribuir a cierta toma de consciencia o que se pueda ubicar esta violencia; por otro lado, genera herramientas de prevención, de formación, de hacer circular la información; y en tercer lugar, brinda una herramienta para sancionar a quienes cometan estas violencias. Lo cual son actos de justicia y actos reparadores”.
Consciencia y educación para romper los pactos de complicidad entre varones
El caso de México funciona como modelo a seguir en términos de proceso político y transformación sociocultural. Es de destacar el trabajo ininterrumpido de articulación que inició Olimpia junto al Frente Nacional para la Sororidad hace más de una década, que nunca desistió a pesar de recibir cientos de negativas y rechazos. Marcela Hernández Oropa, vocera del Frente, relata que la Ley fue una gran victoria porque muchos varones “tuvieron que ocultarse y pasar a las sombras. Se logró que el miedo cambie de bando. Eso es un cambio cultural porque la gente empieza a identificar que lo que antes parecía normal en realidad es un delito”.
Desde la aprobación de la Ley en abril de 2021 se redujo significativamente la circulación de contenido íntimo sexual y se consiguieron varias sentencias sobre este tipo de violencia. No obstante al día de hoy cuando las activistas del Frente acompañan a las víctimas a hacer sus denuncias a los Ministerios públicos reciben tratos misóginos y violencia institucional. “Siempre lo primero que pasa es que te piden la foto, preguntan por qué te la tomaste, si te gustó, y hacen cuestionamientos sumamente revictimizaste. De entrada, la persona que es filtro para tomarte la denuncia y acceder a la justicia está interponiendo su visión machista, su construcción cultural misógina. Esta idea de dominación y de pacto patriarcal también se ve cuando los testigos de casos de violencia digital no quieren dar sus testimonio. Por ejemplo les avisan a las chicas que vieron sus fotos en un grupo pero no dicen quién fue o dónde, se solapan entre ellos”, relata Marcela.
Al respecto Florencia Zerda, abogada e integrante del equipo Ley Olimpia Argentina se pregunta: “Cómo puede ser que existan grupos de cientos de personas intercambiándose cuerpos desnudos de mujeres sin detenerse ni un segundo a pensar si esa mujer consintió o no ser viralizada. Muchos saben que no consintió y lo hacen adrede, pero hay otro montón que ni siquiera se lo pregunta. Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar para conquistar un cambio cultural. Tomar consciencia de que se arruinan vidas. Porque aunque le demos forma a las mejores leyes del mundo una vez que el contenido está en Internet es eterno y masivo”.
En ese sentido la diputada Macha destaca el rol fundamental que tienen la educación digital y la Educación Sexual Integral que son dos de los grandes temas en la agenda coyuntural de las escuelas. Para lograr una transformación cultural hay romper los pactos de complicidad entre varones: “Quien filtra una imagen es responsable, pero también quienes la consumen y la difunden, quienes habilitan esas conductas, las celebran, las propician o incitan”.
“La Ley Olimpia ha llegado a las escuelas, a los currículos y a los libros de texto con fotos y artículos. Incluso incluyen una página dedicada a la violencia digital. No hay educación digital suficiente todavía, pero a paso de hormiga vamos avanzando. Por ejemplo en la página de la Policía cibernética de ciudad de México hay un apartado sobre seguridad digital y otro sobre Ley Olimpia”, concluye Marcela. Pero la aprobación de esta norma a nivel legislativo es solo el primer paso hacia una transformación cultural más profunda. Porque, como dice Olimpia Coral Melo, «de nada sirve que un diputado o una diputada vote a favor si atrás de su celular tiene fotografías íntimas de mujeres sin su consentimiento. De nada sirve si la gente en la calle no reivindica el valor de la responsabilidad”.
