El anuncio de la ministra de Economía, Silvina Batakis, cumple una semana: de ahora en más, el Estado no gastará más plata de la que haya en la caja. El rigor presupuestario llega en momentos en que el déficit fiscal devengado (pagado o no) acumula 1,9% del PBI en un semestre, lo que deja escasos 0,6% del PBI para consumirse en la segunda mitad del año sin infringir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ni posponer pagos.
¿Quién sentirá el ajuste? El Gobierno no da una respuesta sobre cómo recortará. Economía afronta reclamos de organizaciones sociales oficialistas y opositoras por el impacto de la inflación en los ingresos de la población; una difusa marcha de la CGT «contra la inflación»; la mirada de los gobernadores sobre las transferencias directas a las provincias y las obras, y la incipiente segmentación de subsidios, que permitiría ahorrar apenas $ 15.000 millones hasta fin de año, o el 0,02% del PBI.
Un informe de Analytica estimó que para cumplir con la meta fiscal acordada con el FMI, el ajuste se centrará en los gastos más «flexibles» y manejables: gastos de capital, transferencias a las provincias más allá de la coparticipación y erogaciones corrientes no vinculadas a salarios, jubilaciones, subsidios energéticos ni programas sociales.
LA TIJERA
Los gastos de capital representan el 39% de ese combo. «Si el Gobierno busca alcanzar la meta del FMI, la obra pública mantendría su participación en términos del PIB en 1,3%, como sucede desde 2021. Es menos que lo proyectado en el acuerdo con el Fondo (1,8%) y también en el DNU del presupuesto (1,6%)», sostuvo Analytica. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el dinero destinado a obras aumentó 0,6% por encima de la inflación en el primer semestre.
Los constructores asumen que sentirán el ajuste, pero el ministerio de Obra Pública asegura que ejecutará el 100% del presupuesto y que los trabajos no se interrumpirán.
Las transferencias discrecionales a provincias y municipios crecieron 13,1% real en el primer semestre, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, y totalizaron $ 257.975 millones. El Fondo de Incentivo Docente (32% de crecimiento real), transferencias a la provincia de Buenos Aires a través del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (16,3%), y fondos para fortalecer sistemas de salud (28,4% de suba real en seis meses) explican buena parte de esa expansión.
Irónicamente, eran gestiones de las que participaba Batakis como secretaria de Provincias del Ministerio del Interior. Este gasto y las erogaciones operativas no salariales deberían contraerse 24% real para cumplir con la meta del FMI, según Analytica.
Estas proyecciones descuentan que es inviable recortar jubilaciones, salarios o planes sociales en este escenario. También, que el peso de los subsidios a la energía trepará 0,3 puntos porcentuales contra 2021, al 2,6% del Producto, por la decisión política de no efectuar un recorte mayor.
SE ACORTA EL FINANCIAMIENTO
Analytica traza incluso un escenario más dramático, con un ajuste para llegar al 1% de déficit fiscal a fin de año. Esto ocurriría si, de ahora en más, el Estado solo gasta lo que recauda y no recibe financiamiento neto del mercado. Es improbable, pero «muestra las dificultades crecientes para tomar deuda» que tiene el Gobierno, según Claudio Caprarulo, director de la firma. «A principios de junio, se rompió el programa financiero», agregó.
El acuerdo con el Fondo requiere de un ritmo de renovación de deuda del 130% para conseguir financiamiento neto. Si eso no se consigue, y como el financiamiento monetario seguirá invariable en 1% del PBI, no habría recursos para cubrir gastos y el ajuste sería mayor.
Hasta abril, los bancos tenían el 60% de sus depósitos colocados en Letras del Tesoro e instrumentos del BCRA (40%) y títulos públicos (20%). La mayor exposición de los bancos al sector público dificulta el panorama.
