La CGT reunirá hoy su máximo órgano de conducción para delimitar los alcances de la marcha del 17 de agosto para protestar contra el proceso inflacionario pero, sobre todo, lo hará para debatir una coyuntura dramática en todas sus aristas: por un lado, el agravamiento de las condiciones sociales y económicas tras la renuncia de Martín Guzmán; por otro, la posibilidad de un fallo judicial inminente de condena contra Cristina de Kirchner y su impacto en el escenario político, algo que dan por hecho en la cima de la central.
La deliberación del Consejo Directivo de la organización contará con la participación plenaria de los sectores internos, incluso el que encabezan Hugo y Pablo Moyano, cuya adhesión a la movilización estaba en duda hasta la semana pasada y que este diario confirmó el martes. En líneas generales se la presentará como una acción en apoyo al Gobierno en general y a Alberto Fernández en particular en medio de la corrida financiera. Y buscará reivindicar el diálogo social para la superación de la crisis política y las paritarias como salvaguarda contra la inflación, en oposición al salario básico universal que demandan los piqueteros oficialistas.
Los gremialistas avanzarán hoy en la elaboración de un documento de consenso para dar a conocer junto con la marcha. Su diseño recayó en el espacio de los “independientes” de buena sintonía con todos los gobiernos, cuyos máximos referentes se reunieron días atrás con la vicepresidenta por más de una hora en su oficina del Senado. Gerardo Martínez (albañiles, UOCRA), Andrés Rodríguez (estatales, UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) preparan un texto con llamados al “diálogo social” y a un acuerdo político entre oficialismo y oposición.
El tono tiene inspiración en Cristina y su recurrente prédica por un entendimiento de la política para abordar la problemática del bimonetarismo. La expresidenta no estará presente hoy sólo como musa del documento sino como objeto de análisis respecto de la sombra judicial que la persigue: en la CGT dan por sentado, al igual que en sectores kirchneristas, que la mandataria será condenada en la causa denominada Vialidad en apenas un par de semanas y que esa sentencia podrá sumar mayor estabilidad al escenario político.
Esa percepción y la charla con los “independientes” abrieron un nuevo capítulo en la relación siempre tensa entre la CGT y Cristina. Los gremialistas de los sectores más tradicionales pasaron de temerle y desconfiarle a considerarla el último sostén del gobierno del Frente de Todos y de las posibilidades del peronismo de mirar más allá de 2023. De ahí que decidieran impulsar el 17/A como una marcha “contra nadie” y para apuntalar al Ejecutivo, como declaró el propio Hugo Moyano esta semana. En un análisis más pedestre, en un escenario más explosivo que el actual se diluirían definitivamente las expectativas de la central obrera de hacerse del auxilio de 35 mil millones de pesos que desde el año pasado negocia con Alberto Fernández para sus obras sociales.
La movilización, en ese plano, no era un interés prioritario ni una conveniencia de la CGT sino sólo un mecanismo para amortiguar el malestar de los sectores intermedios y las bases de trabajadores que ven licuado su poder adquisitivo cada mes contra las paritarias. Entienden los dirigentes la manifestación, en el mejor de los casos, como una catarsis necesaria y, de paso, una demostración de una capacidad de movilización callejera que cada vez más las organizaciones sociales le arrebatan al sindicalismo tradicional.
Esa perspectiva protectoria del Gobierno y el acercamiento a Cristina también ayudaron a incorporar a la CTA de los Trabajadores a la marcha del 17. A diferencia de sus “primos” de la CTA Autónoma, que ayer marcharon junto a piqueteros contra la política económica de Alberto y de Silvina Batakis, la central del docente Hugo Yasky se incorporará a la movilización con una agenda orientada a hostigar a los “formadores de precios”, casi una audacia en comparación con el tono lavado que le impondrá la CGT a su propio llamado sin acusaciones en el horizonte.
Entre la CGT y la CTA kirchnerista seguirán, no obstante, las diferencias respecto de la política de ingresos: mientras la central mayoritaria objeta y bloquea un eventual salario básico universal, la de Yasky propicia el remedio como una alternativa a la pérdida de poder adquisitivo por la inflación acumulada.
Hasta ahora la marcha del 17 partirá del Obelisco, circulará por Avenida de Mayo y terminará en la Plaza Congreso sin afincarse en la Casa Rosada ni en el Parlamento, dos locaciones que podrían haber sido interpretadas como objeto de críticas por parte de los manifestantes.