La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción a un proyecto de ley que obliga a que agentes de seguridad denunciados por violencia de género o intrafamiliar no porten armas fuera de su horario de servicio. La iniciativa fue presentada por la legisladora del PRO, Ayelén Acosta, analizada en la Comisión Banca de las Mujeres y aprobada por unanimidad el miércoles 6 de julio. Se aguarda que pronto sea ratificada por el Senado, brindando así un marco legal a una temática ampliamente discutida, tanto en la provincia como a nivel nacional.
Cabe destacar que el proyecto involucra a los uniformados que pertenecen a la Policía de Entre Ríos (PER) o al Servicio Penitenciario. Es decir, no alcanza a las fuerzas federales, sobre las cuales la Legislatura no tiene competencia. Prohíbe «la portación, tenencia y transporte del arma de dotación» a todos aquellos funcionarios que cuenten con demandas en contra, ya sea por violencia de género o familiar, siempre y cuando «sea considerado aconsejable por la autoridad de aplicación en virtud de las circunstancias y gravedad del caso, y con el fin de resguardar la integridad física, psicológica y moral de las personas denunciantes», tal cual se explica en el Artículo 1°.
«Venimos desarrollando en la Cámara una agenda muy importante respecto de la violencia de género. Se han aprobado muchas leyes al respecto, como por ejemplo la Ley de Cupo y Paridad Integral, que es un avance enorme», explicó Ayelén Acosta, autora del proyecto. Y agregó: «Antes de la presentación, investigamos antecedentes y legislación comparada. En Chaco y Provincia de Buenos Aires y dentro del Plan de Erradicación de Violencia de Género de Patricia Bullrich, en 2019, se hablaba de este tema, así que decidimos avanzar».
La legisladora del PRO explicó que en Entre Ríos no había, hasta esta instancia, leyes que hablen al respecto. «Sí hay resoluciones internas de la Policía, desde 2016. En el Servicio Penitenciario, nada. Por eso creemos conveniente que esto se plasme en una ley, para que tenga su continuidad en el tiempo. Hoy el jefe de la Policía y la ministra de Gobierno acompañan, pero mañana puede suceder que venga otro gobierno que no, y se retroceda. Con una norma, garantizamos que sea una política que trascienda gestiones», sostuvo.
Acosta aclaró que no sólo se trata de aquellos agentes denunciados por violencia de género, sino que también los que poseen denuncias por violencia dentro de sus familias: «Hay estadística que esclarece cómo, en viviendas donde hay armas de fuego, el riesgo es exponencialmente más alto, aumenta de forma alarmante». Y finalizó: «Sabemos que no es suficiente, pero entendemos que es una medida más, dentro de una batería de herramientas».
El puntapié para la presentación de la ley por parte de Acosta fue el femicidio de Úrsula Bahillo. La joven de 18 años fue asesinada en febrero de 2021 por su expareja, un agente policial que había sido denunciado por ella en la Justicia en reiteradas ocasiones. Pese a ello, él la mató y descartó su cuerpo. Posteriormente, sería condenado a cadena perpetua. El caso se convirtió en otro más del triste listado de femicidios en los que la Justicia, pese a estar alertada, no pudo defender a una víctima de violencia de género.
No es la primera vez que una iniciativa de este tipo es presentada por una legisladora entrerriana. La exsenadora nacional Sigrid Kunath (2013-2019) ingresó en su momento un proyecto de similares características, que obtuvo media sanción en la Cámara Alta, pero no encontró eco en Diputados. Con el tiempo, perdió estado parlamentario. Si bien la exlegisladora no cree que haya falta de voluntad política para tratar el tema -de hecho fue llamada a disertar al respecto luego de que culminara su mandato- lo cierto es que la ley nunca se concretó.
«En relacion a cualquier medida que tenga como objetivo la prevención de la violencia de género, desde ya que estoy totalmente de acuerdo. Asimismo, cuando nosotros trabajamos un proyecto que promovía la quita de armas reglamentarias lo hicimos desde otra óptica. Lo que planteamos fue la modificación de la Ley de Protección Integral a las Mujeres y la Ley de Violencia de Género, para que fuera obligatoria la quita del arma de agentes de fuerzas federales denunciados por violencia de género. Además, se debía inormar a la superioridad», explicó Kunath, quien actualmente se desempeña como titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos de Entre Ríos.
La presentación de la exsenadora tuvo en cuenta el antecedente de la Resolución 1515/2012 del Ministerio de Seguridad, cuando estaba bajo la órbita de la exministra Nilda Garré, que establece justamente la quita del revólver a funcionarios denunciados. Esa circular fue adoptada por el Servicio Penitenciario provincial y también por la Policía entrerriana, a través del Ministerio de Gobierno: «Nosotros no pretendíamos que fuera una cuestión discrecional, sino que fuera obligatorio. Si el juez recibía la denuncia, debía informar y mandar a quitar el arma, era lo que buscábamos. Esto es entendiendo que el Estado es quien otorga a determinadas personas un arma de fuego para el cumplimiento de sus funciones y, por ende, es el propio Estado quien debe accionar para retirarla cuando exista una circuntancia de peligro».
Kunath subrayó además que, en la elaboración del Régimen de Prevención, Protección y Asistencia contra la Violencia por Razones de Género, ley recientemente aprobada en la provincia, se contempló dentro del menú de medidas de tutela anticipada a adoptar, la prohibición de un presunto agresor comprara un arma, así como el secuestro de aquellas que tuviera en su poder: «Esto más allá del cúmulo de disposiciones que puedan adoptarse frente a una denuncia».
Para cerrar, Kunath resaltó nuevamente la diferencia entre su proyecto y la norma con reciente media sanción, aunque valoró su espíritu: «En esta ley provincial hay una prohibición de la tenencia si existe una denuncia y la autoridad lo considera necesario. Si bien el objetivo es el mismo, desarmar al agente con arma y deunciado, hay un planteo diferente. Vale destacar, de igual modo, que los jueces pueden tomar estas medidas, independientemente de que haya una ley al respecto».
Para finalizar, Kunath hizo un repaso de datos de un informe sobre femicidios de la Corte Suprema, cuyos últimos datos relevados son de 2020. Allí se detalla que, de los 287 femicidios de aquel año, en 41 ocasiones el agresor tenía denuncias previas, mientras que el 18% -51- fueron realizados con arma de fuego. Por otro lado, informes del Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia -Rejucav-, organismo del Poder Judicial de la provincia, indican que entre 2016 y 2022 hubo 52 femicidios en Entre Ríos. De ellos, 11 -el 21%- fueron bajo esa modalidad.
