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Condenaron a 15 años de prisión a un financista por estafar a más de 500 ahorristas

La justicia condenó la “megaestaba” adjudicada a la financiera Bolsafé Valores y BV Emprendimientos, ocurrida entre los años 2003 y 2012 en perjuicio de 569 damnificados “entre personas humanas y jurídicas”. Así lo determinó un tribunal de la la provincia de Santa Fe, que indicó que el contador Mario Rossini deberá cumplir una pena de 15 años de cárcel, en tanto que otras dos personas también cargarán con condenas por participar del proceso de administración fraudulenta.

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó al dueño de la financiera, Mario Rossini a una pena de 15 años de prisión como así también, al pago de una multa equivalente a tres veces el monto de las operaciones realizadas de manera fraudulenta.

A partir de la investigación realizada, se detectó un total de 569 estafas por un monto de 250 millones de pesos a valores de 2016, informaron voceros judiciales. Además, se condenó al hermano del propietario, Omar Rossini a la pena de 3 años y 6 meses de prisión, mientras que Mercedes Leiva obtuvo 3 años de prisión en suspenso.

En la causa también estuvieron involucrados los empleados de la financiera, pero los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Germán Schutter Schneider decidieron absolver a Marisa Laura Valdéz, Patricia Lorena Berrino, María Lorena Molinas, Daniela Reatti, Carolina Fany Pavarin y Miriam Sabella. En su justificación, plantearon que todas las empleadas habían actuado cumpliendo directivas de la empresa.

La fiscal Suárez Faisal detalló que la investigación se centró entre los años 2003 y 2012, periodo en el que Rossini “administró de manera fraudulenta los bienes, títulos, valores y dinero que le fueron confiados en custodia por al menos 408 damnificados, a quienes les produjo un perjuicio individual”.El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó este jueves al contador Mario Rossini. Foto: Guillermo Di Salvatore (El Litoral)El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó este jueves al contador Mario Rossini. Foto: Guillermo Di Salvatore

Si bien el fiscal federal había pedido una condena de 18 años de prisión para el titular de la financiera por ser coautor de defraudación por administración fraudulenta en concurso real, con captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el Mercado de Valores, agravada por la utilización de medios masivos de difusión; finalmente recibió una condena menor.

En cuanto a su hermano y Leiva, el Tribunal detalló que la condena para ambos se radicó por el delito de administración fraudulenta por haber sido miembro del directorio y vicepresidente de Bolsafé entre diciembre de 2006 y mayo de 2011.

Entre los 569 damnificados, se detalló que 61 se presentaron a querellar y 100 lo hicieron por la vía civil. A partir de las pruebas y los testimonios recabados, el propietario de la financiera fue encontrado culpable de transferir “la titularidad de los títulos y valores desde las cuentas comitentes que tenía cada uno de los damnificados en Bolsafe Valores hacia BV Emprendimientos, siendo que el titular de ambas era Rossini”.

Además, se lo culpó por “la transferencia directa de títulos y valores de los comitentes a BV sin que mediase orden para disponer de esos títulos”. Por tal motivo, se lo condenó por la apropiación de dinero que los clientes entregaban a Bolsafe y él lo usaba en operaciones que en algunos casos no fueron ingresadas al sistema interno de la empresa.

Es decir, que la operación consistía en captar fondos, títulos, bonos “o lo que fuera y luego poder venderlos en el mercado”, indicaron. De ese modo logró enriquecerse y causar daño a quienes acudían a la financiera.

La investigación en la justicia federal inició en 2013 debido a que la financiera captaba clientes que entregaban sus valores y la financiera los transfería a BV Emprendimientos, que también estaba bajo la titularidad de Rossini. Sin contar con un consentimiento de las ahorristas, el financista liquidaba los valores por medio del Banco Galicia. Por tal motivo, dicha entidad debió presentarse ante la Unidad de Información Financiera (UIF) para demostrar las operaciones realizadas por el acusado.

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