Tras la presión de Cristina Kirchner luego de que se conocieran los números de la pobreza del INDEC, el Gobierno planea destinar más de 70 mil millones de pesos para reforzar la seguridad alimentaria en sectores en situación de indigencia.
La cifra surge de un análisis preliminar que realizaron en el Ministerio de Economía y supera la expectativa que tenía Sergio Massa cuando incluyó, en el decreto 576/2022 que habilitó el «dólar soja», la creación del «Fondo Incremento Exportador», con la finalidad de afrontar «una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad».
Massa tenía previsto que desde el campo ingresaran unos 5 mil millones de dólares durante septiembre, pero ya este jueves, en la previa al cierre del plazo fijado por el decreto, sus colaboradores estimaban que serán alrededor de US$ 7 mil millones. Ese 40 por ciento adicional le permitirá, según confiaron desde su entorno, disponer de más de 70 mil millones de pesos.
Aunque todavía no está definido el monto, surgen algunos indicios del alcance que podría tener. En el Gobierno apuntan que la prioridad serán los sectores sumidos en la indigencia, que según el INDEC durante el primer semestre de 2022 fueron unas 4,2 millones de personas.
Con el entrecruzamiento de datos que ya realiza la ANSeS para determinar quienes ya reciben un plan social se planea reducir ese universo: de lo contrario, lo recaudado cubriría apenas un único pago de $16 mil pesos, menos de la mitad de lo que se llegó a hablar inicialmente cuando el Gobierno confirmó que tendría un gesto para los sectores más vulnerables.
Según indicó el dirigente social Juan Grabois a principios de mes, el compromiso de Cristina fue que al menos los 2,1 millones que no tienen ningún ingreso registrado ni ayuda de ningún tipo recibirán tres cuotas, en octubre, noviembre y diciembre, por un monto equivalente a la canasta básica alimentaria por adulto, por alrededor 16 mil pesos.
Para asegurar eso, el Gobierno debería conseguir casi 30 mil millones de pesos más. Desde Hacienda, por las dudas, se encargaron de aclarar que «de ninguna manera se analiza renovar el dólar soja».
En el Frente de Todos el tema genera inquietud porque Grabois dio marcha atrás con su decisión de dejar el espacio tras el acuerdo con Cristina. Más allá de lo simbólico, la tropa que le responde cuenta con los diputados nacionales Itai Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho, tres votos clave para el oficialismo que dejar la bancada cambiarían la relación de fuerzas en el Congreso.
Grabois, al mismo tiempo, quiere que antes de fin de año se trate la ley de Ingreso Complementario, un proyecto presentado por la senadora Juliana Di Tullio, de extrema confianza de Cristina, que tiene como objetivo garantizar un piso de ingresos equivalente a la canasta alimentaria básica.
Con todo, más allá de que la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, sostuvo este jueves que «no hay un anuncio en los próximos días pero es un tema que está en evaluación y tratamiento», fuentes oficiales adelantaron a Clarín que la decisión del Gobierno es apurar el anuncio. En eso trabajará este fin de semana Massa con el presidente Alberto Fernández y con Fernanda Raverta, la titular del ANSES.