La renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad volvió a exponer la interna que azota al Gobierno. La funcionaria dejó de carga en medio de fuertes críticas al operativo de desalojo de mapuches en Villa Mascardi que llevó adelante el Ministerio de Seguridad que conduce Aníbal Fernández.
“En lo personal, siento que con este hecho se ha transpuesto un límite, por lo que debo dar un paso al costado para que otra persona tome a su cargo la importante responsabilidad de estar al frente de este Ministerio”, remarcó la exfuncionaria, que era en rigor una de las pocas ministras “albertistas” que quedaban en el gabinete.
El malestar de la funcionaria obedece, según ella misma escribió en su carta de renuncia, a la detención de siete mujeres indígenas, de las que dos estaban con sus hijos y una se encontraba embarazada. Para Gómez Alcorta, que fue abogada del líder de la RAM Facundo Jones Huala, el desalojo fue “incompatible” con los valores que defiende.
De un tiempo a esta parte la tensión volvió a crecer en el interior del gabinete. El arribo de Sergio Massa al Ministerio de Economía pareció haberle imprimido un lapso de paz al Gobierno que finalizó luego del mensaje público de la vicepresidenta Cristina Kirchner al tigrense con un pedido expreso para que “intervenga” de forma “más precisa y efectiva” sobre la inflación de los alimentos y cuestionó los “márgenes de rentabilidad” de las empresas alimenticias.
Fue el primero de los pedidos públicos de la Vice al ministro de Economía. El kirchnerismo luego le pediría a Massa tan solo días después que “vaya a fondo” en la lucha contra la inflación. El líder de La Cámpora Andrés “Cuervo” Larroque sostuvo es que “es imprescindible” reducir la inflación y “tomar medidas que traigan alivio al conjunto del pueblo”.
A esta cuestión se le suma las diferencias internas por la posible suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Alberto Fernández, el Movimiento Evita y otros sectores del Gobierno no están de acuerdo con suspender los comicios, pero un sector del kirchnerismo y un nutrido grupo de gobernadores plantearon la necesidad de revisar la cuestión.
Otra vez el “Cuervo” Larroque fue el encargo de sentar la posición del kirchnerismo al asegurar que las PASO “no se utilizan como estaba previsto”. Según cálculos el gasto de celebrar estos comicios ronda los $26.000 millones.
La cúpula de la CGT le pide exactamente lo contrario: que las elecciones se lleven adelante de acuerdo a lo planificado. Sin el respaldo de los gobernadores, el Presidente se refugia en parte del sindicalismo -con Héctor Daer como su principal aliado- para mantener algo del poder que perdió ante la centralidad de CFK y el desembarco de Sergio Massa.
La interna en el oficialismo también quedó expuesta en los preparativos de la celebración por el 17 de Octubre. No habrá marcha unificada entre el albertismo y el kirchnerismo. Se espera que La Cámpora realice una movilización a Plaza de Mayo junto a Pablo Moyano. Los espacios integrados en la UTEP rechazaron en buena medida plegarse a esta marcha para evitar politizar la cuestión.
A esto se suma la presión K para que se produzcan nuevos cambios en el Gabinete. En particular, las críticas fueron a parar directamente hacia el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, al que La Cámpora acusó de “no tener gestión”.
La semana pasada surgieron fuertes rumores de renuncias en el Gabinete: desgastado por el aumento de la conflictividad en la calle y las presiones de La Cámpora y los movimientos sociales, Juan Zabaleta analiza seriamente dejar su cargo de ministro de Desarrollo Social.
