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Tierra del Fuego: los empleados públicos se podrán jubilar a los 55 años

La provincia de Tierra del Fuego aprobó una reforma previsional que permitirá a los empleados públicos provinciales jubilarse con 55 años hasta 2027 y cobrar hasta el 88% de su sueldo en actividad, en caso que cumplan algunas condiciones. La medida generó controversia en Juntos por el Cambio y ocasionó un fuerte repudio del ex presidente Mauricio Macri, a pesar de que la medida fue votada por sus aliados en la Legislatura fueguina.

Una vergüenza lo que hicieron los legisladores de Tierra del Fuego del FDT y JxC. Flexibilizaron requisitos de jubilación para empleados públicos y podrán jubilarse con 20 años de aportes sin importar la edad. La fiesta la pagan los q trabajan. O somos el cambio o no somos nada”, cuestionó Macri en su cuenta oficial de Twitter.

El proyecto fue aprobado este lunes por unanimidad por todos los partidos políticos, incluyendo a los de la oposición. Se trata de la segunda controversia pública en un mes que provoca la interna de Juntos por el Cambio, luego que la UCR se enfrentara con la Coalición Cívica por la defensa del régimen de promoción industrial fueguino.

La norma previsional sancionada esta semana establece una modalidad progresiva para llegar a una edad jubilatoria de 60 años para los empleados públicos, tanto de hombres como de mujeres, pero fija una ventana transitoria que habilita a jubilarse antes (a los 55 años) a quienes “hayan ingresado a la administración pública antes del 31 de diciembre de 2017″ y se jubilen “hasta el 31 de diciembre de 2027″.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, defendió la medida al afirmar que se trata de una “recuperación de derechos”. Y cruzó a Mauricio Macri por sus reproches a la votación legislativa: “Sr. Ex Presidente @mauriciomacri ¿por qué antes de hablar no se informa mejor? Usted le falta el respeto a todo el pueblo fueguino, a los servidores públicos de nuestra provincia, a todo el arco político fueguino, incluso a su propio espacio político”.

“Usted no representa ningún cambio. Es simplemente un repetidor de frases hechas. Usted es el mejor discípulo del ajuste, el recorte y el hambre del pueblo argentino”, contratacó. “Su insulto, su descalificación y su agravio no hacen otra cosa más que convencernos a las y los fueguinos que vamos y estamos en el rumbo correcto. Muchas gracias por dejarnos en claro que no estamos, y no podremos nunca, estar en la misma vereda”, finalizó.

En sintonía con su jefe político, el diputado nacional y presidente del PRO de Tierra del Fuego, Hector “Tito” Stefani, se sumó a las críticas por la reforma y la calificó como “una medida irresponsable de un dirigente que solo administra la cosa pública, pero no gestiona en las áreas fundamentales para el desarrollo de la provincia”.

“Está hipotecando el futuro de los trabajadores. Es una medida cortoplacista, que apunta a una cuestión electoral y tiene poco que ver con las problemáticas de los fueguinos”, remarcó.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación del Estado Fueguino, Oscar Bahamonde, rechazó que el sector privado en la provincia estará financiando los alcances de la reforma jubilatoria aprobada por la Legislatura en su última sesión. Y explicó que existe una confusión con el adicional que cobra el fisco provincial, destinado régimen previsional, y que apunta a una parte de los impuestos que paga históricamente las entidades bancarias y la actividad financiera.

“Quieren hacer notar que el contribuyente común es el que tiene que soportar el Régimen Previsional, y no es así, no existe ninguna carga tributaria hacia un comerciante para que financie al sistema”, remarcó Bahamonde.El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, cruzó a Mauricio MacriEl gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella

Los otros puntos de la ley jubilatoria

Además la flexibilización de las condiciones para acceder a la jubilación, la legislación sancionada también cambió la forma de calcular el haber jubilatorio, que antes remitía al promedio de los sueldos de los últimos 10 años de actividad, y ahora promediará los mejores 60 sueldos de esos últimos 10 años.

En el artículo 3 del proyecto, denominado “bonificación por servicios excedentes”, establece que el jubilado podrá superar el 82% móvil, accediendo a “un 1% más por cada año y medio de servicio que exceda los aportes necesarios para jubilarse”, con un tope máximo del 88 por ciento, de lo que se desprende que algunos jubilados ganarán más que cuando estaban en actividad laboral.

La ley menciona que quedarán exceptuados de este beneficio los vocales del Tribunal de Cuentas de la provincia, el Fiscal de Estado, los jueces y funcionarios del Poder Judicial y quienes perciben sueldos superiores al del gobernador.

A su vez, la norma permite que quienes ya están jubilados por el régimen actual, puedan solicitar la redeterminación de su haber de acuerdo al nuevo sistema, aunque no podrán exigir el pago de sumas retroactivas.

Para solventar el mayor gasto derivado de estos cambios, se estableció que las contribuciones patronales subirán al 16 % para el caso de jubilaciones ordinarias y al 18% para los regímenes especiales (dos puntos más que actualmente) mientras que los aportes personales, del 14 y 16% en la actualidad, podrán ser incrementados por el Gobierno de la provincia en un 0,5% por año hasta un tope del 2% extra.

También se fijará un aporte extraordinario del 7% durante los primeros 12 meses de cada nuevo trabajador del Estado, y un aporte del 15% para los jubilados con menos de 10 años de aportes al sistema, en su mayoría jueces beneficiados por una ley especial del año 2000.

El proyecto también mejoró las condiciones jubilatorias de los docentes, que ahora deberán acreditar un mínimo de 12 horas cátedra al momento de la jubilación, y 10 años efectivos frente al grado, con 25 años de servicio y 50 años de edad.

La nueva ley mantiene el estado de “emergencia previsional” en la provincia, y determina que “para el caso de insuficiencia de fondos para el pago de las prestaciones previsionales”, como ha ocurrido en los últimos años, el gobierno local “garantizará y transferirá a la Caja de Previsión Social las sumas necesarias para el pago de la totalidad de las prestaciones en tiempo y forma” y posteriormente accionará para recuperar esos recursos.

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