La Legislatura derogó en su última sesión la ley N° 9.352, que regulaba el transporte de pasajeros gestionado mediante el uso de aplicaciones digitales.
La iniciativa no es inocente, la impulsó el bloque oficialista que tiene integrantes que explotan el servicio de taxis. Alguno con varias decenas de vehículos trabajando en la calle.
La norma no estaba en vigencia, debido a que nunca fue reglamentada por el Poder Ejecutivo provincial, y esto responde a las presiones de legisladores y concejales que explotan taxis y que mayoritariamente pertenecen al oficialismo.
La llegada de Uber a Tucumán generó una polémica ya que los taxistas que no quieren competir se pusieron nerviosos. Sin Uber tienen un mercado cautivo y se dan el lujo de brindar un servicio altamente deficiente en cuanto a limpieza y comodidad.
La derogación de la ley que esperaba ser reglamentada, fue impulsada por el legislador Armando Cortalezzi (FdT) y logró dictamen de la comisión de Transporte, que preside su colega de bancada, Tulio Caponio.
Estos parlamentarios que declaman que están a favor de la generación de fuentes de trabajo con este acto se desmienten. Prefieren privilegiar sus intereses y los de sus amigos y no el interés general. Una muestra que explica por qué Tucumán atrasa.
