Todavía sorprendidos por la magnitud y la difusión por las irregularidades detectadas en la cesión de planes de empleo, los movimientos sociales cercanos al Presidente dejaron en claro que resistirán la decisión del fiscal Guillermo Marijuan (e inicialmente también de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz) de dar de baja “inmediatamente” los cerca de 250.000 planes Potenciar Trabajo que manejan esas agrupaciones y que poseen “alguna incompatibilidad”, según reveló un informe suministrados por la AFIP.
“Puede haber irregularidades en un Estado que, sabemos, no funciona bien. Pero si hay una embarcación, puede ser un bote, si hay una moto, puede ser de baja cilindrada, si hay gastos en dólares puede ser para pagar Netflix”, dijo el secretario y dirigente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro. “Es toda gente pobre, ¿la vamos a transformar en delincuente? Si empezamos a buscar brujas, las vamos a encontrar, aunque el que cometió irregularidades debe ser suspendido. Pero no pueden caer 50.000 justos por diez pecadores”, abundó el funcionario, que cuenta con despacho en el primer piso de la Casa Rosada.
“No se puede dar de baja total un plan sin explicación, eso lo haría (Mauricio) Macri. Hay que escuchar a los beneficiarios y ver qué explicaciones dan”, afirmaron fuentes del Movimiento Evita, cuyo titular, Emilio Pérsico, maneja desde la secretaría de Economía Social los planes que quedaron bajo la lupa por numerosas inconsistencias.
La semana pasada, al difundirse la noticia, Tolosa Paz afirmó que “todo aquel plan social que haya sido utilizado para la compra de dólares va a ser suspendido inmediatamente”, e insinuó que otras irregularidades (cobrar el plan, de unos $29.850, siendo a la vez propietario de un inmueble o una embarcación) serán penados del mismo modo. Hoy, en declaraciones a radio Con Vos, Tolosa Paz relativizó esos dichos al afirmar que “no vamos a permitir una doble estigmatización sobre la pobreza y sobre la administración del estado”. También destacó que desde los medios “hicieron una mala interpretación de una información estadística”, suministrada por la AFIP.
:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/JZBQRZ2NYNBZFJXQL6XA3OXYC4.jfif)
Desde las organizaciones sociales se mostraron sorprendidos por el número (fuentes de la AFIP confirman que se trata de alrededor de 250.000 planes) y afirmaron que en sus propios registros, y a partir de auditorías internas, hay “80 personas que compraron dólares y 800 que pagan Bienes Personales”, un número muchísimo más bajo, en el universo del 1,3 millones que actualmente cobran el plan.
El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, dijo la semana pasada que “el ministro anterior (Juan Zabaleta) nos pidió un informe, que hagamos el cruce de información, y le hicimos la devolución en forma global”, es decir, sin nombres propios de beneficiarios en infracción, y sin detallar cuales eran las irregularidades detectadas, todo en base a una lista de beneficiarios enviada por el propio ministerio.
“Política de ajuste”
Desde los movimientos sociales cercanos al Gobierno reconocen que hay casos de “prestanombres”, es decir beneficiarios falsos de planes. Pero sospechan que la decisión política, en relación con el ajuste en la administración que lleva adelante el ministro de Economía, Sergio Massa, es la de “bajar la cantidad de planes a un millón en marzo”. Prometen pelear, ya que-asegura uno de ellos-”acá hay una decisión de poner la discusión de los planes en el centro de la escena”. En distintas reuniones, los funcionarios hablan de “reorientar el dinero” de los planes, unos $500.000 millones por año, para herramientas y emprendimientos productivos. “Van a una política de ajuste peor que la de Zabaleta”, afirmó Humberto Tumini, líder de Libres del Sur-Barrios de Pie, parte del opositor Frente de Unidad Piquetera.
“Ya sea un solo caso o 50.000 no vamos a admitir ninguna incompatibilidad. El informe de la AFIP no es nominal, es estadístico. Se observó que había personas que compraron dólares o tenían vehículos o propiedades, no hay una superposición (…) Estamos trabajando en desagregar los datos, para dar de baja a quienes realmente hayan cometido incompatibilidades”, dijo Tolosa Paz. Desde el Ministerio de Desarrollo Social también informaron que se frenará el acuerdo con universidades nacionales para auditar los planes, una iniciativa lanzada por Zabaleta y que tenía la coordinación del Ministerio de Educación.
