Los hombres que bajaron del buque científico Seabed Constructor en el puerto de Ciudad del Cabo, diez días después de haber detectado los restos del submarino argentino implosionado ARA San Juan, traían consigo más de diez mil imágenes y muchísimas expectativas.
Se suponía que ese mosaico de tomas, realizadas por los sumergibles ROV a 907 metros de profundidad, permitiría reconstruir la secuencia trágica que terminó con la vida de 44 marinos argentinos. Era cuestión de tiempo: las fotografías volarían al país a través de un “corredor diplomático” y una vez en la Argentina viajarían hasta la provincia de Chubut, donde tiene sede el expediente judicial, para ser peritadas por expertos.
Pensar en el mar profundo e inabarcable pero también en un punto definitivo donde sus seres queridos descansarían para siempre. También se abría una nueva variante para la ruta judicial del caso. Con esas fotografías ensambladas entonces sí sería posible comprender, acaso, las verdaderas razones de ese desastre que la jueza federal de Rawson, Marta Yañez, calificó alguna vez como “una AMIA abajo del mar”.
Las imágenes efectivamente llegaron al país. Se fueron viendo en cuotas. Lo primero que observaron las autoridades nacionales, los familiares y finalmente todos los argentinos, fueron las tres fotografías que la empresa Ocean Infinity debía presentar por contrato. Eran la prueba concreta de que habían hallado la nave. Operaban del mismo modo en que una persona, por ejemplo, reconoce el cuerpo de un familiar fallecido. Para decir: sí, se trata del ARA San Juan.
Una de las imágenes que difundió la Armada cuando Ocean Infinity encontró el ARA San Juan.
El por entonces vocero de la Armada, Jorge Enrique Balbi, las dio conocer en 2018, en una conferencia de prensa tan dramática (se oían los llantos de los familiares) como profesional en la sede naval de Mar del Plata. Esas mismas tres fotografías fueron las que activaron el pago de siete millones de dólares transferidos por el Banco Central a la empresa Ocean Infinity por los servicios de búsqueda prestados con éxito.
Luego, el grueso de las fotografías -en realidad, capturas de video producto de cientos de horas de grabación- viajaron hasta el juzgado de la ciudad portuaria de la Patagonia.
Según cuenta la misma jueza Yañez por teléfono desde el Sur, “al país arribaron tres discos rígidos con las filmaciones e imágenes tomadas por eco sonda a partir de una técnica conocida como multi haz “que luego hubo que traducir en el servicio meteorológico nacional”.
En abril de 2019, en 17 sedes diferentes, repartidas por todo el país, familiares de las víctimas e integrantes del Consejo de Defensa de la Armada, fueron citados por la Justicia para que pudieran ver en proyección el grueso de esos rodajes realizados por la empresa de búsqueda en el fondo del mar. Pudieron ver cómo los restos de la nave están desperdigados en un radio aproximado de 400 metros, a 597 kilómetros de las costas de Comodoro y a la altura del Golfo San Jorge. Pudieron ver trozos irreconocibles y no mucho más.
Como se ve, las imágenes fueron exhibidas a las partes interesadas, pero nunca consiguieron ser peritadas, como le pidió la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia a Yañez. Recién hace un mes, cuenta la jueza, ese proceso de peritaje se activó. Pero quedó detenido por las imposibilidades propias de la Argentina: faltan insumos informáticos.
“Hace un mes que están siendo peritadas. Pero se detuvo por falta de elementos de informática. La lista es extensa. Hay que comprarlos y lo tiene que autorizar el Consejo de la Magistratura. Cosas de la Argentina”, dice Yañez.
Otra de las imágenes difundidas por la Armada el 18 de noviembre de 2018.
El peritaje de esas imágenes, una especie de reconstrucción del submarino y de la tragedia en 3D, lo están realizando cuatro personas. El perito oficial e ingeniero, Marcelo Torok; un perito presentado por la querella, a cargo de la doctora Valeria Carreras; y dos peritos aportados por la Procuraduría de la Nación.
El procedimiento se lleva a cabo en los despacho de la Dirección de Pericias de la Policía Federal. “Por esa razón -explica Yañez- tuve que venir a Buenos Aires con las imágenes bajo custodia en el mes de septiembre”. Aún cuando el procedimiento se termine de concretar, Yañez cree que no aportarán demasiado. Siente que el incidente está de algún modo explicado y que ella debe seguir avanzando en la búsqueda de responsables.
