Inevitablemente la condena judicial a Cristina Kirchner afectará el funcionamiento y la impronta de gestión de gobierno que Alberto Fernández se dispone imprimir hasta el final de su mandato por una simple cuestión: tanto los actores internos como externos a la Casa Rosada que responden a la vicepresidenta condicionarán los movimientos del Presidente.
Desde el momento en que se emitió el veredicto del Tribunal Federal Oral N°2 que la condenó a seis años de prisión por la causa de Vialidad, la vicepresidenta se encargó de dejar mensajes encriptados hacia el Frente de Todos y en particular al Presidente que no harán más que complicar la gestión de Alberto Fernández en lo que hace no sólo a la espinosa definición de candidaturas.
También el eje de polémica que sembró Cristina Kirchner alcanza a la eventual constitución de una «mesa chica» de seguimiento de gestión, la aprobación de proyectos en el Congreso y hasta el control de la calle con los movimientos sociales afines al kirchnerismo duro.
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En su mensaje posterior al veredicto la vicepresidenta se victimizó como parte de un engranaje judicial en su contra, habló de la trillada teoría del lawfare y mencionó que en el juicio «curiosamente los jefes de Gabinete solo declararon como testigos». Algunos interpretaron esas palabras como un mensaje encriptado hacia Alberto Fernández que fue su jefe de Gabinete en el 2007. «Deslices de la jefa», mencionó un encumbrado referente del kirchnerismo.
La oratoria de la vicepresidenta también alcanzó a un duro cuestionamiento por el escándalo de los chats de magistrados que desató el primer efecto rebote en el gobierno: el Presidente tuvo que pedir la renuncia de su jefe de asesores, Julián Leunda, que estaba mencionado en los presuntos chats de jueces y empresarios.
REUNION RESERVADA
La segunda reacción de Cristina Kirchner que adelanta un condicionamiento fuerte para la gestión de Alberto Fernández se dio en el asado que ofreció el intendente de Ensenada, Mario Secco y compartió la vicepresidenta antenoche con Máximo Kirchner, Axel Kicillof, el ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro, el jefe de la AFIP, Carlos Castagneto y un puñado de dirigentes del kirchnerismo duro.
En ese contexto la vicepresidenta reiteró su decisión de no presentarse como candidata a nada en el 2023. Pero el plato fuerte resultó ser una frase suspicaz: «Lleven el bastón del mariscal en la mochila y úsenlo», dijo casi como una declaración de guerra.
La reacción de intendentes y gobernadores encolumnados detrás de la vicepresidenta es también un llamado de atención a un Alberto Fernández que buscaba en estos referentes del PJ un apoyo para su eventual candidatura a la reelección y un resorte para sustentar sus medidas de gobierno.
Aunque ayer, emulando el camino encarado por Cristina Kirchner, el Presidente destacó: «Con todos los problemas que usted me plantea, yo estoy pensando sólo en resolver problemas del país, no estoy pensando en la reelección». Así lo mencionó en una videoconferencia que participó con The Financial Times.
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El control de la calle quedará en gran medida atado hacia el futuro inmediato en manos de la vicepresidenta. La misma Cristina Kirchner se arrogó el manejo de esa situación y la regulación del conflicto en las calles cuando pidió a la militancia frentetodista no movilizarse por el momento en su apoyo.
El lunes volverá a reaparecer en público en un acto en el CCK organizado por el Grupo Puebla y sugestivamente estará al lado del Presidente. La vicepresidenta tendrá que hacer malabares para no eclipsar en lo sucesivo la figura de Alberto Fernández en cada acto público.
Al mismo tiempo, los referentes piqueteros alineados al camporismo y el kirchnerismo duro como Juan Grabois o Luis D’Elía ya anunciaron estado de alerta y movilización. No sólo ello. Grabois amenazó con su eventual candidatura presidencial como una afrenta a todo lo que no suene a kirchnerismo duro.
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MESA CHICA Y CONGRESO
El armado de una eventual «mesa chica» para hacer un seguimiento del gobierno, tal como la reclamaba Máximo Kirchner, había sido desechada de plano por los allegados al Presidente antes del veredicto judicial.
«No podemos estar en asambleísmo permanente en la toma de decisiones. La mesa chica quedará para la etapa electoral», dijo a El Cronista un destacado ministro de confianza de Alberto Fernández.
Sin embargo, el nuevo contexto pos veredicto judicial impone un esquema de poder centralizado en la figura de Cristina Kirchner donde la denominada «mesa chica» se podrá eludir en las formas pero no en los hechos.
A la vez, en el Gobierno admiten que la agenda económica que lidera hoy el ministro Sergio Massa también está condicionada a los humores de la vicepresidenta. «Cada decisión de peso político y económico que Sergio toma la consulta previamente con Cristina», dijo un allegado al ministro de Economía.
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En este contexto, tanto los aumentos de tarifas que se vienen como el manejo de fondos sensibles quedará atado al esquema de poder que imponga la vicepresidenta.
Lo mismo ocurre con los proyectos de ley que se acumulan en el Congreso. La agenda parlamentaria de Diputados y del Senado está sujeta al manejo de la vicepresidenta. La parálisis de esa agenda también depende de Cristina Kirchner y puede ser un estorbo en el futuro inmediato para los proyectos que pida tratar Alberto Fernández en un eventual llamado a sesiones extraordinarias.
Todos estos condicionamientos que impone la vicepresidenta al Gobierno se le suma la imagen debilitada de Alberto Fernández y una fuerte caída de imagen de credibilidad. Pero eso ya no puede atribuirse como obra exclusiva de Cristina Kirchner.Tags relacionados