El fallo de la Corte Suprema que restituye coparticipación a favor de la Ciudad de Buenos Aires tendrá un impacto fiscal de entre 0,12 y 0,13 por ciento del PBI, lo que obligará al Gobierno a reasignar partidas presupuestarias (o conseguir recursos adicionales) para cumplir con la meta de déficit primario de 1,9% en un año electoral y con un ajuste ya en marcha.
Según la estimación del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la decisión de la Corte de aumentar la transferencia automática de recursos hacia la Ciudad obligará al Estado Nacional a enviar entre $ 174.000 millones y $ 191.000 millones más que los presupuestados.
La administración de Horacio Rodríguez Larreta recibiría $ 271.000 millones extra por el aumento de la coparticipación del 1,4% actual a 2,95%, pero dejaría de recibir transferencias no automáticas por entre $ 80.000 millones y $ 97.000 millones del monto fijo que el Congreso votó en 2021 para financiar la policía porteña, que se actualiza trimestralmente por inflación.
Los números son coincidentes con las estimaciones preliminares de la Ciudad de Buenos Aires. Con un índice de coparticipación como el que fijó la Corte al dar lugar al amparo, del 1,95%, Iaraf estimó transferencias brutas por $ 520.000 millones, mientras que el ministerio de Hacienda porteño proyectó $ 518.000 millones.
EL COSTO FISCAL
Esos casi $ 200.000 millones de recursos adicionales que el gobierno nacional deberá enviar durante 2023 implicarán hacer un esfuerzo fiscal para cumplir con la meta del acuerdo con el Fondo. El fallo, indicó Iaraf, «es similar a una baja en la meta de déficit desde el 1,9% del PBI al 1,77% del PBI».
Como referencia, el mayor reparto a la Ciudad de Buenos Aires se llevaría casi toda la recaudación adicional que aportará, hasta mitad de año, el pago extraordinario de los anticipos del impuesto a las Ganancias a las grandes empresas que el Gobierno fijó en agosto y que se proyectaba en $ 250.000 millones.
DE DÓNDE SALDRÁ LA PLATA
El esfuerzo no parece monumental, pero lo es por el contexto. El Gobierno aceleró el ajuste fiscal en el segundo semestre para llegar a la meta de 2,5% de este año. Para eso, recortó subsidios económicos, ralentizó la obra pública, podó transferencias no automáticas a provincias y frenó el envío de recursos a empresas públicas.
Ese ajuste pesará, también, en el 2023 electoral. El Presupuesto que envió el ministro de Economía Sergio Massa y votó el Congreso contiene un recorte en los subsidios económicos del 15,9% en términos reales. Las transferencias corrientes a provincias caerán casi 14% descontada la inflación, hasta $ 818.000 millones en el año.
Los gastos de capital, en cambio, suben 5,1% real, con envío de fondos a provincias que crecerán 5,5%. Quizás en estas partidas discrecionales, que suman 1544 millones de pesos, se concentre el esfuerzo para cumplir con el fallo sin afectar el acuerdo con el Fondo. Los gobernadores oficialistas criticaron el fallo y presionan para que su cumplimiento no afecte el envío de recursos a las provincias.
El Ministerio de Economía estudiaba el impacto de la sentencia, indicaron fuentes oficiales. Esperaba los pasos administrativos necesarios para su cumplimiento: la notificación al Estado Nacional y un decreto que readecue los índices de coparticipación. Los fondos adicionales a favor de la Ciudad saldrán de la masa coparticipable que corresponde a la Nación y no de lo que se envía de forma automática a las provincias.
LA COPARTICIPACIÓN
Con el fallo de la Corte, la Ciudad recibirá un porcentaje de coparticipación algo superior a la de Catamarca (2,86%). El reparto de impuestos nacionales tenía, como objetivo, asignar más recursos a las provincias con menos actividad.
La Capital no estaba incluida en el reparto por ley y, en 2003, el expresidente Néstor Kirchner fijó una transferencia automática del 1,4% de la masa coparticipable. Al transferir la policía, Mauricio Macri aumentó los fondos al 3,75%, similar a lo que reciben Formosa y Corrientes. En septiembre de 2020, el presidente Alberto Fernández lo redujo a 1,18, también por decreto, para financiar a la policía bonaerense. El Congreso, por ley, volvió al 1,4% más fondos extra ajustables por inflación para la fuerza policial.
