En medio del escándalo en que quedó envuelto el Convento San Bernardo luego de que una monja fuera «liberada» por la fuerza pública, el abogado del Carmelo, José Viola Morosini, aseguró que el Arzobispado de Salta sabía que había hermanas querían salir.
Contradijo, así, los dichos del sacerdote Oscar Ossola y del abogado Eduardo Romani, quienes días atrás manifestaron que la máxima autoridad eclesiástica no estaba al tanto del pedido de las religiosas: «El obispo lo sabía desde el primer día».
El letrado consideró que monseñor Mario Antonio Cargnello cometió una grave falta porque consideró que su «obligación pastoral» es «cuidar las vocaciones de las religiosas» y debería haberse interesado más por la situación de las hermanas.
Según consta en la denuncia que radicó ante la Justicia el familiar de una de las monjas, cuando la superiora del Convento supo que las religiosas querían irse, las hizo hablar con Cargnello y éste le solicitó a ella que «eleve los pedidos escritos» para que él «elabore los decretos de salida».
Luego, siempre según la denuncia del familiar, la madre superiora le pidió a la monja que se retracte de su decisión ante el obispo. El martes 13 la obligaron a llamar a Cargnello y leerle una carta que ella no había redactado, en la que se retractaba de salir.
El abogado consideró que las monjas no estaban privadas de su libertad, como se caratula la denuncia que hizo el familiar, sino que «pueden entrar y salir libremente», aunque, si lo hacen, tienen que dejar el hábito.
Mencionó que la religiosa que fue «liberada» días atrás había manifestado que quería esperar a que se realizara el trámite canónico para salir con permiso y no perder su voto de clausura. Sin embargo, reconoció que esta gestión nunca se inició, ya que la priora consideró que la hermana no presentaba argumentos suficientes para irse con autorización.
En sus cartas a la superiora, la monja manifestó su deseo de tomar una licencia de tres meses para cuidar su «salud integral, física y espiritual». Además, expresó que los últimos ocho años se vivieron «situaciones de extrema tensión» dentro del Convento y señaló: «No me siento bien aquí». Dijo que, si no fuera por las constituciones de la orden, ella haría el pedido «por tiempo indetereminado».
«Jamás hubo privación de la libertad», insistió el abogado y comentó que esta monja era la portera y podía abrir la puerta: «Si ella se quería ir, se iba».
«Revictimización»
El abogado de los colaboradores del Convento María Livia y Carlos Obeid, el letrado Juan Casabella Dávalos, evaluó junto con su colega Viola Morosini que el arzobispo Mario Antonio Cargnello busca represalias contra las hermanas, quienes este año lo acusaron por violencia de género física, psicológica y económica.
«El obispo quería tener a su denunciante en el banquillo de los acusados. Él quiere atacar a la persona que lo denunció por violencia de género. Es una represalia», manifestaron y señalaron que el mismo obispo habría asesorado a los familiares de la monja para que hagan la denuncia.
Según contaron, el mismo día de la «liberación», hubo una audiencia en el marco de la causa por violencia de género y la priora dijo que desde el Arzobispado «le estaban moviendo el piso por abajo, hablando a los familiares».
Los letrados evaluaron que «Cargnello quiere desacreditar a sus denunciantes» y señalaron: «Eso se llama revictimización». Consideraron que «la violencia es sistemática» y que abarca «a todo el sistema de la Iglesia de Salta que obedece al obispo».
Viola Morosini expresó que las monjas están muy agradecidas con las mujeres del movimiento feminista que «fueron las únicas que tuvieron la valentía de apoyarlas públicamente» tras la denuncia de violencia.
Deuda en dólares
Los abogados recordaron que el arzobispo les debe a las monjas 9 mil dólares, que les pidió hace unos 20 años, algo que él mismo reconoció.
Según consta en un acta de declaración testimonial de la Fiscalía de Delitos Complejos, la superiora declaró que desde el Convento les dieron este monto a monseñor Cargnello y al padre Prémoli y que aún no fue devuelto.
Tras considerar que esto constituye delito de estafa, Viola Morosini expresó que «se tiene que saber la verdad». «Yo respeto su investidura pero, si el obispo se equivoca, tiene que ser juzgado en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos. Esto no implica un daño a la Iglesia, sino un bien. El mal es tapar».
