Al filo de la celebración navideña la CGT recibió un bálsamo financiero: el Gobierno distribuyó $4.000 millones a las obras sociales y redujo así a $16 mil millones una deuda que Alberto Fernández contrajo de palabra por este año con la “mesa chica” de la central. Es un desembolso especial no reintegrable del Tesoro nacional a favor de las prestadoras de salud de los sindicatos para compensarles el crecimiento en el costo de los servicios a sus afiliados discapacitados de los últimos años.
La distribución se concretó el viernes pasado y sumó un total de 8 mil millones de pesos en lo que va del año por ese rubro de un monto comprometido originalmente de $24 mil millones por el ministro de Economía, Sergio Massa. Los pagos forman parte de un acuerdo alcanzado por la CGT con Alberto Fernández en 2021 para el financiamiento de los gastos en educación y transporte para discapacitados, los rubros que según los referentes del sistema más dispararon su peso en el costo total de la actividad.
Ese entendimiento, que sólo se cumplió parcialmente en su primer año de ejecución (de los $11.400 comprometidos para 2021 sólo se giraron algo más de 6 mil millones de pesos) y todo indica que repetirá el incumplimiento este año, contempla dentro del Presupuesto 2023 una partida reservada de 148 mil millones de pesos para la cobertura de esos pagos por parte de las obras sociales sindicales. De todos modos los funcionarios explican que, de máxima, se les distribuirá a las prestadoras gremiales hasta 110 mil millones el año que viene.
El revoleo de números no tranquiliza, sin embargo, a la mesa de conducción de la CGT. Pese al constante peregrinaje de reuniones de Héctor Daer, cotitular de la central, y de José Luis Lingeri, el mayor referente de las obras sociales, las ejecuciones de fondos nunca llegan a los valores conversados, El itinerario de gestiones incluye la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Economía el propio Alberto Fernández, Como publicó este diario la semana pasada, la promesa de mayores desembolsos y la vigencia de lazos políticos impiden que el malestar se convierta en protestas efectivas.
Entre esas “zanahorias” a futuro que exhibe el Gobierno figura la firma de un decreto de creación de un nuevo fondo de sostén de las obras sociales para la cobertura de medicamentos y prestaciones de altísimo costo. En teoría el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que administra la Superintendencia con recursos obtenidos de la recaudación fiscal de las propias obras sociales debería atender esas contingencias pero la suba exponencial de los gastos en discapacidad terminaron por consumir ese pozo, coinciden en CGT y en Salud.
Además de ese DNU en la central obrera aguardan la firma de otra resolución, de menor jerarquía, para darles garantías a las obras sociales de que los 148 mil millones de pesos (o $110 mil millones, según lo dicho por funcionarios) reservados en el Presupuesto no puedan tener otro destino que las firmas de salud de los sindicatos. Las negociaciones por ambos ítems monopolizaron el interés del sector mayoritario de la CGT en sus contactos con el Gobierno y dejaron al margen otras discusiones como la del bono de fin de año, una exención en el pago de Ganancias para el aguinaldo o la universalización de las asignaciones familiares, banderas que tomó el espacio que lidera Pablo Moyano.
