El Gobierno envió a la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados un documento en el que fundamentó los motivos por los que solicita juzgar a los miembros de la Corte Suprema por esa vía, luego de que el pedido lo impulsara Alberto Fernández junto a una docena de gobernadores a los que recibió este martes en Casa Rosada.
En el texto, el Ejecutivo apunta especialmente contra el titular de la Corte Horacio Rosatti, aunque también suma al resto de los magistrados del máximo tribunal, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Hablan de un traspaso de los límites que llevará a la existencia de «un muy corto camino hacia el denominado gobierno de los jueces, violatorio del sistema de distribución de competencias y de contrapesos diseñado por los constituyentes».
Sobre Rosatti, directamente, citan expresiones previas vertidas por el juez en las que habla de una «reforma judicial profunda, que involucre aspectos sustantivos y aspectos que nosotros llamamos de superintendencia (administración e infraestructura), y aspectos procesales, va a ser la que cuente con el consenso del poder judicial, porque tenemos muchísimo para decir. Eso queremos desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Y remarcan que una expresión como la arriba mencionada, emanada del Presidente de la Corte Suprema, no puede ser interpretada de otra manera que como «una amenaza y un condicionamiento a los otros Poderes gubernamentales«.
El titular de la Corte, Horacio Rosatti, eje de las acusaciones del Gobierno.
Además, resaltan que «la advertencia formulada» se ha materializado en decisiones del máximo tribunal del país que ha extralimitado sus funciones constitucionales de modo inadmisible.
Sobre el conjunto de la Corte, dicen en el texto girado al Congreso, que «ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional».
Consideran, en tanto, como un «grave ataque» el que los mencionados magistrados han asestado al sistema federal de nuestro país, al dictar una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y por ello, en tal sentido, solicitan a a la «Honorable Cámara de Diputados de la Nación que, en cumplimiento de su rol acusador ante la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, que disponga las medidas necesarias para llevar adelante el proceso de juicio político contra los magistrados».
Además, remarcan que «no debemos olvidar que el Judicial es un Poder cuyos integrantes no son elegidos de modo directo por la voluntad del pueblo de la Nación; sino de una manera indirecta, a través de un procedimiento complejo en el que intervienen los otros Poderes del Gobierno Federal».
Duras acusaciones contra Rosatti
Sobre Rosatti son más duros al agregar, en otra parte del documento, que «sus afirmaciones encierran un verdadero alzamiento contra el orden constitucional«. E insisten en que «la alocución del Dr. Rosatti no puede ser interpretada sino como un aviso destinado a ocluir el progreso de aquella iniciativa (la de reformular la Corte); ello, en detrimento de las facultades constitucionales del H. Congreso de la Nación.
Sus expresiones -indican- constituyen, incluso, un inédito anticipo de opinión sobre un tema que, eventualmente, podría ser luego materia de un caso judicial concreto. Y concluyen que Rosatti, «en su inconfesable vocación cesarista, ha diseñado una maniobra arbitraria e ilegal».
Finalmente, hacen mención a la vinculación del presidente de la Corte con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mencionan las comunicaciones publicadas por la prensa entre Silvio Robles (Director General de la Vocalía de Rosatti) y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, quien este martes pidió licencia en su cargo a raíz de la polémica por la filtración de los chats.
Destacan allí que entre el funcionario de mayor confianza del ministro Rosatti y el ministro de CABA existe «una íntima vinculación, una íntima amistad que data desde hace muchos años, conforme se lo ha explicado en distintos medios de comunicación».
Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño, pidió licencia en su cargo.
Sin embargo, sostienen, no es una mera amistad lo que une a ambos funcionarios, sino que existe una «espuria convivencia en la cual se coordinan fallos judiciales» del Alto Tribunal que explícitamente benefician, en general, a la alianza política Cambiemos y en particular al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
«La convivencia y la negociación entre ambos funcionarios ha quedado al desnudo en los chats publicados, los que demuestran que Horacio Rosatti, a través de Silvio Robles, ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales», añade el texto.
