El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, que investiga la suplantación de identidad del ministro de la Corte Horacio Rosatti para tramitar cuatro líneas telefónicas a su nombre, recibió un informe preliminar de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO). Ese trabajo reveló información inquietante: apareció una quinta línea falsificada a nombre del presidente de la Corte Suprema, y se estableció que uno de esos teléfonos se usó para tramitar otras líneas, a nombre del juez del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz y de una jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata.
El trabajo de la DAJuDeCO develó además que esa quinta línea a nombre de Rosatti desconocida hasta ahora fue activada el 20 de diciembre, un día antes de que la Corte firmara el fallo que ordenó aumentar el porcentaje de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, que había sido reducido por Alberto Fernández en 2020.
La supuesta existencia de una mega red de espionaje ilegal suma verosimilitud porque en simultáneo la justicia porteña busca desentrañar una estructura dedicada a intervenir teléfonos, en cuyo nudo está un hacker de 22 años que recibió una lista de quince “objetivos” en cuyos celulares debía meterse.
En Comodoro Py, la denuncia radicada por Rosatti cuando descubrió que alguien había sustituido su identidad para contratar un teléfono a su nombre -en verdad ahora se sabe que hay cinco en total- se convirtió en el “eje ordenador” de un conjunto de denuncias presentadas por jueces federales que podrían exponer una presunta red de espionaje ilegal.
El presidente del Máximo Tribunal, apuntado constantemente por el kirchnerismo y el propio presidente Alberto Fernández, denunció que en febrero llegó a su domicilio de Santa Fe un reclamo de pago por un teléfono que él no había solicitado y cuya existencia desconocía. Luego de unas averiguaciones, se supo que en la misma empresa se habían tramitado cuatro líneas más a su nombre.
Lo que se logró determinar hasta el momento es que esas líneas se tramitaron desde Misiones. Por eso crecen las coincidencias con los hackeos investigados en la justicia de la Ciudad: justamente desde la localidad misionera de Eldorado, el joven Ezequiel Nuñez Pinheiro reconoció ante la fiscal porteña especializada en cibercrimen Cecilia Dupuy haber hackeado quince celulares en base a la técnica llamada “SIM SWAP” o creación de tarjetas SIM mellizas de los celulares.
Fue en este contexto que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, a cargo de la investigación de Rosatti, ordenó a la DAJuDeCO que realice las pericias pertinentes para dar con la persona que contrató las líneas falsificando la identidad del titular de la Corte.
Las primeras conclusiones de un informe preliminar, mostraron que había una quinta línea a nombre de Rosatti, y que se utilizó uno de esos teléfonos apócrifos para solicitar una nueva línea, pero a nombre de Carlos Rosenkrantz otro de los integrantes de la Corte.
El juez Martínez De Giorgi solicitó que se analizara dónde impactaron las líneas que figuraban a nombre de Rosatti y qué comunicaciones se realizaron con las mismas. Fue así que, según consta en el informe se identificó a 39 abonados. “Estos 39 abonados tienen titularidad a nombre de 28 personas distintas, y de ellas dos pertenecen a funcionarios judiciales: María Verónica Skanata (jueza federal de Posadas con competencia electoral) y Carlos Fernando Rosenkrantz”.
El dato se logró a través de un trabajo sobre el impacto de las 39 líneas en los IMEI (acrónimo de International Mobile Station Equipment Identity, el «DNI» que tienen todos los teléfonos) de los celulares a nombre de Rosatti.
Cinco líneas a nombre de Rosatti
Otro de los datos que consta en el informe de la DAJuDeCO es que las cinco líneas fueron “sacadas entre diciembre y febrero de este año a nombre del presidente de la Corte”, para lo cual se utilizaron utilizando datos personales sobre su domicilio.
La primera figura activada el 20 de diciembre, la segunda el 9 de febrero. Durante el mismo mes, otras dos líneas fueron dadas de alta: el 18 y 19 de febrero.
Una vez detectada la cantidad de líneas a nombre del presidente de la Corte se informó la modalidad utilizada para activarlas. Esto fue por intermedio del sistema prepago, con un posterior cambio de plan a través de la App Mi Personal. Para realizar esto con éxito quien suplantó la identidad de Horacio Rosatti tuvo que responder tres preguntas de identificación más el DNI.
Todas las líneas se vendieron en Misiones: cuatro en Posadas y una en la localidad de Garupá.
Una posible «red de espionaje ilegal»
El exhaustivo análisis sobre los teléfonos obtenidos usando los datos personales del presidente de la Corte no concluyó. El juez Martínez De Giorgi aún espera un detalle de llamadas realizadas con dichas líneas, y las celdas en las que impactaron los cinco teléfonos.
En función de estos nuevos datos es que para los investigadores la denuncia de Rosatti se convirtió en el “eje ordenador de todo”. En el mismo juzgado se investigan las denuncias del camarista Mariano Borinsky (hackeado el 8 de septiembre de 2022), de los jueces del Tribunal que condenó a Cristina Kirchner en el caso Vialidad, Rodrigo Giménez Uriburu (hackeado el 8 de septiembre de 2022) y Andrés Basso (hackeado el 30 de septiembre de 2022).
Inicialmente, estas denuncias parecían ser hechos aislados. La justicia federal ya no lo concibe de esta manera. “Todo hace pensar que hay una vinculación pero aún no hay evidencias para sustentarlo, sin embargo, es muy posible que estemos frente a una gran re de espionaje ilegal”, explicaron fuentes del caso.
La semana pasada, el juez Andrés Basso presentó la denuncia penal ya que “quedó efectivamente verificado que se trató de una maniobra de hackeo”. En este caso se verificó que previamente alguien había ingresado a Nosis y al RENAPER para acceder a los datos del magistrado, para luego proceder con la maniobra de sim swap, es decir, la clonación del chip para acceder a toda la información del celular.
Hay otro dato que conectan en Comodoro Py con estos hackeos: la intrusión al Consejo de la Magistratura en julio de 2022 donde, como contó Clarín, se sustrajeron 82 carpetas de documentación que en su mayoría contenían datos reservados de jueces nacionales y federales. “No puede omitirse ese dato porque es una fuente de información, de datos personales que se pudieron haber utilizados para los casos bajo investigación”, indicaron fuentes judiciales.
