En plena campaña electoral, diputados de Juntos por el Cambio denunciaron que el Gobierno, a través de cambios en la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), “quiere pasar decenas de militantes K contratados” a planta permanente antes del cambio de presidente el 10 de diciembre pasado.
El presidente Alberto Fernández publicó ayer un sorpresivo decreto que ordena cambios en la estructura del organismo de inteligencia y faculta a la actual interventora, Ana Clara Alberdi, a contratarlos en la planta permanente.
Aquellos que pasen a esa categoría no podrán ser despedidos, a menos de que el nuevo gobierno los indemnice.
Se trata de un tema de seguridad altamente sensible y envuelto en duros conflictos entre el Gobierno y la oposición. Cristina Kirchner, en diciembre de 2019, nombró a la presidenta de “Justicia Legítima”, Cristina Caamaño, al frente de la AFI. Caamaño hizo media docena de denuncias penales contra el ex presidente Mauricio Macri y sus antecesores macristas, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por supuesto espionaje ilegal.
En su afán por denunciaron a macristas por espionaje ilegal, se filtraron el nombre de otros 2 mil espías y analistas del organismo. Además, Caamaño echó a 500 agentes apenas asumió y nombró a otros 350, entre otros cambios.
En un comunicado, la actual interventora de la AFI -vinculada al jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi- dijo que el decreto del presidente Fernández trata sobre “la adecuación del Régimen de Personal y de los procedimientos de rendición administrativa de la AFI”.
En este sentido, afirmó que “la adecuación del Estatuto (del personal) incorpora previsibilidad y actualización permanente al desarrollo de la carrera profesional del personal y establece el régimen de derechos y obligaciones para las y los agentes”. En forma paralela, el gobierno mandó un proyecto de ley para crear una universidad de la AFI.
Al mismo tiempo, “busca consolidar la política de transparencia afianzando los procedimientos de rendición administrativa” de los gastos, destacó Alberdi.
Consultado un vocero de la AFI dijo que «la adecuación del Estatuto es para proteger y fortalecer la carrera de los agentes de Inteligencia. Su publicación en el Boletín Oficial obedece a los criterios de transparencia que rigen la gestión de la AFI».
«El personal de planta es menor que el de 10 de diciembre de 2019. Tampoco hay cambio de estructura ni modificaciones en las facultades que tiene la Interventora», agregó el vocero sin dar números ni detalles de los contratos.
En un pedido dirigido a Leopoldo Moreau, en su carácter de presidente de la comisión de Inteligencia, el diputado de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, hizo una serie de preguntas sobre el nuevo régimen de personal y afirmó que «encubre una maniobra para pasar militantes K a planta permanente».
Para el aliado de Patricia Bullrich en la interna de la oposición, “los kirchneristas meten funcionarios en la planta permanente de la jefatura de gabinete, del ministerio del Interior, del PAMI o la ANSES, pero este es un organismo sensible porque se trata de, por ejemplo, prever ataques terroristas”.
“Queremos saber si nos dejarán espías profesionales o militantes de La Cámpora sin preparación nombrados solo porque son punteros políticos”, dijo Ritondo.
El ex ministro de Seguridad bonaerense advirtió que “darle una chapa de la AFI a un militante sin preparación es cómo dársela a un mono con navaja. Ya lo hicieron en el 2015”, agregó.
Estimó que “según mis fuentes en la AFI entre planta permanente y contratados habría entre 1300 a 1500 empleados pero no tenemos información oficial” y, además, “Moreau ahora cerró con llave la comisión pese a los temas que están pendientes de seguimiento”.
Por esas preocupaciones, Ritondo pidió “detallar que porcentaje de este personal se prevé pasara a una vinculación de planta permanente durante el transcurso de este año sobre el total de agentes que cumplan los requisitos para acceder a dicha modalidad”.
Además, reclamó estar al tanto sobre “qué medidas preventivas se tomarán ante la ausencia de limitaciones en el decreto 331/2023 para el impedimento al ingreso de quienes intervengan en la actividad política del país, a través de su afiliación, o participación en la vida interna de los partidos políticos, o agrupaciones políticas de cualquier tipo”. Es decir, para que no participen de la actual campaña electoral presidencial.
El legislador no preguntó por el nuevo régimen de rendición de gastos porque parece ir en una línea de transparencia frente a un organismo cuyos fondos reservados, desde 1983, fueron usados para financiar directa o indirectamente campañas electorales.
Ritondo, ex ministro de Seguridad bonaerense, afirmó que el decreto presidencial 331/2023 se refiere a la adecuación del régimen de personal de la AFI y “en consecuencia representa un profundo impacto en la organización y en el funcionamiento” del organismo.
“Este nuevo régimen de personal tendrá un impacto en el presupuesto destinado cubrir los gastos de personal de la AFI y requiere una mayor claridad y precisión para poder así comprender la dimensión de la medida y estimar su impacto en la seguridad nacional”, agregó.
Ritondo solicitó saber que “cantidad de personal en sus diferentes modalidades de contratación para los años 2020, 2021, 2022 y 2023” fueron tomados por la AFI del Frente de Todos.
