A casi dos meses del comienzo de las protestas en Jujuy contra la reforma constitucional —impulsada por el gobernador Gerardo Morales—,organizaciones de derechos humanos realizaron un llamamiento urgente ante la ONU por la criminalización de los manifestantes y la detención del abogado Alberto Nallar, el magistrado jujeño que cumple con una prisión preventiva domiciliaria desde el pasado 12 de junio cuando fue arrestado en el marco de los piquetes en la provincia.
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El documento fue presentado por la Amnistía Internacional junto con la Organización Abogadas y Abogados del NOA -ANDHES- ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD. HH.
En la carta, expresaron su “profunda preocupación” por la situación que atraviesa el abogado Nallar, acusado de haber “instigado a cometer delitos” y por la constante penalización de quienes se oponen a la modificación de la Carta Magna local.
Las oganizaciones de Derechos Humanos piden por los detenidos en las protestas
Según explicaron las organizaciones en un comunicado, el procedimiento de “acción urgente” solicitado se establece para “los casos en que haya denuncias suficientemente confiables de que se haya detenido a una persona de manera arbitraria”.
En este sentido, pidieron por la adopción de medidas para garantizar que se respete el derecho de la persona detenida a “no ser privada de la libertad y a un justo proceso ante un tribunal independiente e imparcial, así como el derecho a la vida y a la integridad física y mental”.
Asimismo, indicaron que la solicitud del llamamiento también se hizo extensivo a la Relatoría Especial sobre los derechos a la reunión pacífica y de asociación; a la Relatoría Especial sobre independencia de los magistrados y los abogados y a la Relatoría Especial sobre la liberta de opinión y de expresión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
“En la documentación enviada en la presentación, se expuso la situación que atraviesa la provincia de Jujuy luego de la reciente reforma constitucional sancionada en el mes de junio, y la constante criminalización de las personas que se manifiestan en contra de esta reforma”, señalaron desde Amnistía Internacional.
El abogado Nallar, por quien reclaman puntualmente, fue apresado luego de que lo registraran en una serie de videos expresándose en contra de la reforma de la constitución provincial y a favor de los piquetes. Luego de analizar las grabaciones, los investigadores de las causas que se tramitaron en la Justicia local consideraron que incitó a la violencia colectiva (artículo 209 del Código Penal), llamó a un “alzamiento público” (artículo 212) y a un “motín” (artículo 230, inciso 2).
Cumple con prisión preventiva y domiciliaria desde entonces. Además, a principio de mes, el juez en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública —Rodolfo Fernández— resolvió seguir manteniéndole esta condición al abogado tras una solicitud de los fiscales Diego Funes y Walter Rondón.
Aministía Internacional envió un documento a la ONU expresando su preocupación por el conflicto en la provincia
En una carta publicada tras su detención, el magistrado que recorrió los cortes de rutas llevados adelante en la provincia, desmintió las acusaciones en su contra y apuntó contra el gobernador. “Todos sabemos que es falso, ya que fue el propio Gerardo Morales es el que enardeció al pueblo con su ilegal Constitución, con el saqueo a los pueblos originarios y la humillación de los docentes”, escribió.
“Hoy nos sorprende ver a sus ‘rivales’ políticos compitiendo con él a ver quién finge la mejor sonrisa, pero sin animarse a exhibir su prontuario, lo cual nos induce nuevamente a cometer el error de la anterior elección”, completó luego.
