Como si la situación social no fuese lo suficientemente delicada -los saqueos de los últimos días, más allá de cuánto hubo de necesidad y cuánto de una mera acción delictiva acaso instigada a través de las redes sociales, se desarrollaron sobre un terreno propicio- en la Iglesia consideran que el gobierno está complicando aún más el panorama. No sólo por la trepada inflacionaria que hace cada vez más inaccesible el acceso de los pobres a los alimentos, sino porque el Estado comenzó a retacear la ayuda a los más de diez mil comedores populares que hay en todo el país.
Se trata de una ayuda clave -vía el envío de alimentos no perecederos y de transferencias de dinero para la compra de productos frescos- que permite paliar las necesidades alimentarias de millones de personas en comedores gestionados en su mayoría por las iglesias -sobre todo la católica y las evangélicas-, pero también por escuelas, clubes y organizaciones barriales. Y que se completa con la Tarjeta Alimentar que llega a unos 2,6 millones de familias, pero con la que cada vez los beneficiarios compran menos y por eso el gobierno se apresta a subir el monto.
El meollo de la cuestión es la elevada inflación con pronóstico de fuerte suba en los próximos dos meses. “Hay un problema serio con los comedores comunitarios”, admite a Clarín el diputado Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social del actual gobierno y experto en esta problemática. “El causante es la inflación porque no sólo reduce lo que se puede comprar con el presupuesto asignado, sino que los proveedores se resisten a venderle a un Estado porque con suerte y viento a favor les paga a noventa días”, explica.
Tras señalar que presentó en el Congreso un proyecto para simplificar los trámites en el Estado en materia de asistencia alimentaria, Arroyo considera que más grave aún que las limitaciones del Estado para acceder a más alimentos, es la baja calidad de lo que compra porque “está afectando la nutrición de niñas y niños que se están desarrollando”. Y subraya: “Acá hay mucho fideo, mucho arroz y faltan otros alimentos más nutritivos”.
Nada, además, parece alcanzar. En base a la Encuesta Permanente de Hogares, el director de la Fundación Éforo, Federico Remango, dice que pese a la casi triplicación de la cantidad de familias que reciben la Tarjeta Alimentar desde 2008, todavía existían en 2022 en el país 1,7 millones de menores viviendo en hogares con un ingreso familiar insuficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias. O sea, que estaban en riesgo alimentario.
Esta situación resulta todavía más preocupante -dicen en la Iglesia- porque se produce en medio de una campaña electoral con fuertes cruces entre los candidatos y de un Congreso que casi no sesiona. De hecho, el cuadro actual llevó esta semana a la Conferencia Episcopal, la DAIA, el Centro Islámico (CIRA) y la Alianza Cristiana de Iglesia Evangélicas (ACIERA), entre otras comunidades, coordinados por el Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI), a pedir a los políticos que traten de acordar cuestiones urgentes.
Los líderes religiosos consideran inviable un país donde sus dirigentes no hablan entre sí. Lo dicen con toda claridad en su declaración gestada tras las PASO en un almuerzo en la AMIA y que incluye citas a la Torá, el Corán y al Papa Francisco. Afirman que “es alarmante la falta de diálogo entre las diferentes corrientes políticas y de éstas con la sociedad”, que “tampoco hay diálogo con insultos, gritos y descalificaciones del que piensa distinto”. Y, en fin, advierten que “no hay país posible sin diálogo”.
Consideran, además, que “las tensiones pueden amenazar nuestra cohesión como sociedad”, a la vez que abogan para que “ninguna forma de violencia oscurezca la esperanza de diálogo”. Y señalan que “la agenda política debe comenzar por la escucha atenta de la realidad. Un resultado electoral -puntualizan- es un mensaje profundo que nos convoca a la reflexión y nos compromete con el bien de nuestro pueblo”.
Tras los saqueos, otras voces eclesiásticas se sumaron como las del obispo de Mar del Plata -y futuro arzobispo de La Plata-, Gabriel Mestre, quien advirtió que esos hechos “no ayudan a nadie. Por estar fuera de la ley, terminan dañando el tejido social y no favoreciendo de forma permanente los derechos de los más postergados”.
A su vez, la Pastoral Social de Santa Fe consideró “imprescindible iniciar, lo antes posible, nuevos caminos de encuentro y de diálogo sincero entre todos, así como un nuevo modo de gestionar lo público y lo privado, con propuestas creativas, generosas y concretas que ayuden a todos”.
«No es hora de insultos, ni maltratos o descalificaciones. Es hora de verdad, de solidaridad fraterna entre los argentinos y de justicia social», completa.
