Después de todo un día de fuertes tironeos entre la Casa Rosada y las provincias se llegó a una definición y el Gobierno publicó el decreto de necesidad y urgencia que contempla el pago de una suma fija de $60.000 mensuales para los trabajadores estatales y los privavos pero no prevé multas como se había amenazado desde la Casa Rosada.
Por medio del DNU 438/23, el Gobierno avanzó así con la decisión de aplicar el subsidio no remunerativo se aplicará a los trabajadores regulados por las Leyes Nros. 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 22.250, 26.727 y sus modificatorias, así como otros estatutos profesionales especiales en el sector privado.
A la vez, el decreto alcanzó a los trabajadores del sector público que cumplen funciones en las Jurisdicciones y Organismos pertenecientes al Poder Ejecutivo Nacional.
En el caso de las provincias no dice nada al respecto y la suma fija quedará sujeta a lo que imponga cada distrito.
De esta manera, el Gobierno avaló la propuesta del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, de dar una ayuda especial a los trabajadores del Estado y a los privados, una medida que desató una fuerte polémica.
En el caso de las provincias, donde hay 15 distritos que alertaron que no podrán pagar, la decisión de la Casa Rosada se encuadrada en el «laizze faire» (déjalo hacer). Pero esto pondrá en una situación de incomodidad política a los gobernadores que decidan no pagar el bono especial. Es decir, que la presión no será legal sino estrictamente política.
Para los privados el decreto de necesidad y urgencia (DNU) establece «per se» la obligación de acatar la medida, explicaron fuentes del Gobierno.
Así, se determinó que en el monto del bono será ajustado según los salarios netos percibidos por los trabajadores en el mes de agosto de 2023.
Los detalles
Para aquellos cuyos salarios netos sean iguales o inferiores a $370,000 recibirán una asignación de $30,000 en cada cuota. Para los trabajadores cuyos salarios netos estén por encima de $370,000 pero no superen los $400,000, la asignación será la diferencia entre $400,000 y su salario neto, también dividida en dos cuotas de $30,000 cada una.
Desde la Rosada destacaron que el texto hace hincapié en los acuerdos paritarios podrán absorber a la asignación no remunerativa con los aumentos salariales pactados para que la política de ingresos planteada no afecte la dinámica de la negociación colectiva.
En cuanto a los plazos, la primera cuota del bono correspondiente al salario devengado en agosto de 2023 deberá ser abonada a más tardar quince días hábiles a partir del 1° de septiembre de 2023, mientras que la segunda cuota se regirá por la normativa legal vigente. Pero la medida no habla de sanciones o multas para quienes no lo apliquen.
También en el DNU se detalla la devolución de las contribuciones patronales en un 100 % para las microempresas y en un 50 % las pequeñas empresas. Esos reintegros serán efectuados «durante los meses correspondientes al pago de la asignación no remunerativa y tendrán como monto máximo mensual el total de las contribuciones patronales declaradas con destino a los subsistemas enunciados».
Mensaje presidencial
Desde Catamarca, ayer el Presidente Alberto Fernández dejó en clara esta estrategia al pedir a los gobernadores y empresarios que paguen el bono de $60.000 dispuesto por Massa, mientras advirtió que no se trata de un «plan platita», sino de un «plan justicia».
Durante el acto de inauguración de la pavimentación de la ruta provincial número 3, en Catamarca el Presidente sostuvo: «Para que a nadie lo confunda, ¡No es un programa platita! Es el plan justicia, que los que más tienen mejor repartan. ¡Eso es, no es otra cosa! La verdad es que todo lo que pudimos aportar a las provincias lo hemos aportado en silencio en todos estos años», dijo Fernández.
En tanto, allegados al ministro de Economía destacaron que «cada gobernador y cada municipio es el que debe definir si paga o no la suma fija».
Así, en el entorno de Massa aseguran que «el gobierno nacional no tiene nada para aportar ni de plata ni de decisiones. Se invitó a todos a pagar pero no se los puede obligar». Así se descartó obligar a los gobernadores y al mismo tiempo quedó abortada la idea de hacer un puente financiero para ayudar a los distritos que no pueden pagar.
Los rebeldes y los disciplinados
El beneficio que impulsa Massa lo cobrarán más de 5,5 millones de trabajadores con salarios por debajo de los $ 400.000 netos (alrededor de $ 481.000 brutos) y tiene como objetivo mantener los ingresos tras la devaluación del 22% posPASO aplicada por el Gobierno.
Hasta ahora, 15 distritos ya confirmaron que no pagarán el bono como tal a sus empleados dado que -según aseguran- mantienen sus ingresos al día a través de paritarias y sumas del mismo tipo que ya se habían acordado de forma previa: se trata de las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Misiones, Santa Fe, Jujuy, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Catamarca, Santa Cruz, Santa Fe, Chaco, Salta y Tucumán.
Por el contrario, únicamente confirmaron que pagarán los $ 60.000 en los próximos dos meses las provincias de Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero y Río Negro.
