El Gobierno oficializó una normativa que busca otorgar mayor seguridad a los usuarios de tarjetas de crédito y débito a la hora de pagar: a través de la Resolución 87/2024 de la Secretaría de Comercio, a partir de ahora el plástico deberá estar siempre a la vista de su dueño.
En busca de evitar estafas y robo de datos, el artículo 1° de la medida publicada en el Boletín Oficial obliga a todos los comercios a «poner a disposición del consumidor» las tarjetas «de modo tal que en ningún momento pierda el control o quede desapoderado» de estas hasta que se complete la operación.
La definición aplica a «todos los establecimientos comerciales que acepten para la realización de sus transacciones comerciales tarjetas de crédito, compra o débito» y que «operen con terminales electrónicas» como el posnet, el cual también deberá estar a la vista.
En la norma, la Secretaría de Comercio otorga a los comercios 180 días para que adapten sus servicios para cumplir con esta y, en caso de que se verifiquen incumplimientos, las sanciones se regirán por las dispuestas en la Ley de Defensa al Consumidor (N° 24.240). Estas pueden ser:
- Apercibimiento;
- Multa de 0,5 a 2.100 canastas básicas total para el hogar 3, que publica el INDEC;
- Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción;
- Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días;
- Suspensión de hasta cinco años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado; y
- La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.
Esta medida apunta a cuidar a los usuarios de tarjetas ante el avance del fraude virtual que, tal como dispone en sus considerandos la medida firmada por Pablo Lavigne, titular de Comercio; opera a través de la «captación de los datos de los consumidores contenidos en sus tarjetas de crédito, compra o débito, que, con posterioridad, son utilizados para la comisión de hechos ilícitos«.
Esto genera «en muchos casos, graves perjuicios para los intereses económicos de los consumidores» ya que hace que el individuo «pierda el control respecto del uso de su tarjeta de crédito, compra o débito, o quede desapoderado de la misma».
Frente a esto, el Gobierno considera necesario «establecer criterios para que el consumidor, en cuanto a la utilización de su tarjeta, no pierda el control de la misma en ningún momento de la transacción, lo que reducirá la posibilidad de la captura indebida de sus datos, o su uso fraudulento».
Ahora, tras el plazo de adecuación de seis meses, todo cobro deberá realizarse frente al cliente, un punto especialmente relevante a la hora de pagar en restaurantes o locales de comida, donde los mozos acostumbran a llevarse la tarjeta del cliente para poder pagar en vez de acercar el posnet.
Según los datos de la Secretaría de Defensa del Consumidor, en 2023 se registraron al menos 7000 denuncias por fraude y, en el 90% de estos casos, las tarjetas se utilizaron para realizar compras online a «distancia».
