El Gobierno de Raúl Jalil ingresó en un terreno de tensión con el Poder Judicial en Catamarca con un doble impacto: en la actividad minera de la provincia y por la resistencia al recorte de salarios que el mandatario está impulsando en los cargos jerárquicos del Estado. El enfrentamiento tomó como rehén un expediente judicial que fue resuelto el miércoles por la Corte de Justicia de Catamarca y en el que se hizo lugar parcialmente a una demanda contra el Poder Ejecutivo local, que arrastraba desde 2022.
La sentencia es de alto impacto económico, pero fue leída por el gobierno de Jalil como una respuesta a un foco de tensión que se generó cuando el Ejecutivo local otorgó un 15% de aumento salarial al Poder Judicial, en el mes de febrero, pero retroactivo a enero. Los gremios judiciales pugnaban por un 35% de recomposición. Fue la Corte la que firmó una acordada por mayoría otorgando el incremento y solicitando la ampliación de partidas, pero el malestar fue inmediato. Jalil había aplicado recortes del 20% de la planta política y la reducción de un 30% del presupuesto judicial que se había incrementado muy por encima del promedio de otros estamentos. El conflicto interpoderes venía latente, más en un contexto donde el gobierno provincial se abrazaba a las inversiones mineras para equilibrar la quita de transferencias que sufrió Catamarca por parte del Gobierno Nacional.
A partir del impulso de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano se solicitaba un amparo para que la provincia revoque las autorizaciones para el proyecto “Ampliación de proyecto Fenix” y “Sal de Vida”, de las empresas Livent (Minera del Altiplano SA) y Galaxi Lithium SA, respectivamente, y de todo otro proyecto de litio que esté situado en la Subcuenca Salar del Hombre Muerto, compartido con Salta. Exigían una evaluación de impacto ambiental interjurisdiccional y “acumulativa”, además de determinar la línea de base ambiental de las Subcuencas del Hombre Muerto y Carachi Pampa-Incahuasi o Punilla, con la participación del Consejo Federal de Ambiente, la Subsecretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas del Estado Nacional, y en consulta permanente con la comunidad originaria. Dijeron que lo autorizado hasta ahora no había contado con audiencias públicas. Pero además, agregaron que había trabajos en zonas donde estaba la tumba del bisabuelo del Cacique Guitián, el líder de los demandantes. El caso pasó de la justicia federal a la provincial en 2021, pero abarcaba proyectos que habían iniciado su actividad desde 1997.
Pese a eso, el Procurador dictaminó la incompetencia de la Corte provincial para resolver, pero el tribunal opinó lo contrario. “De las constancias de autos surge que efectivamente se están desarrollando diversos proyectos mineros cuyas consecuencias impactan en idéntica zona; esto, sin el debido estudio de impacto ambiental acumulativo e integral”, indicó el tribunal, en el voto de presidencia Fernanda Rosales Andreotti, que se pronunció primera en la sentencia a la que accedió Ámbito.
Existen, además, 6 proyectos mineros para la extracción de litio, ubicados en la Cuenca del Río de Los Patos – Antofagasta de la Sierra: Fénix, Sal de Vida, Sal de Oro, Virgen del Valle Litio, Candelas, Candelas Oeste. Por esto validaron el criterio de impactos ambientales acumulativos de cada emprendimiento individual para frenarlos.
Además, resaltaron que había distintos tipos de permisos otorgados por áreas distintas para los proyectos, según informes oficiales. Así enumeraron fallos y precedentes de tribunales internacionales y referenciaron la relevancia de la cuestión ambiental dentro del esquema de derechos a resguardar.
“Deberá abstenerse el Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca y el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, de otorgar nuevos permisos/autorizaciones, o declaración de impacto ambiental (en los términos del Código de Minería y Ley de Aguas de la Provincia) con respecto a obras u actividades en el Río Los Patos – Salar del Hombre Muerto – Dpto. Antofagasta de las Sierra, hasta tanto se cumpla con la realización del estudio de impacto ambiental acumulativo e integral, ordenado en el punto anterior”, sentenciaron. También apoyaron ese fallo Carlos Figueroa Vicario, Fabiana Edith Gómez, Néstor Martel, Marcela Soria Acuña y Rita Saldaño. José Ricardo Cáceres fue más allá: opinó que deberían cancelarse los permisos. Puso de relieve la “estrecha conexión entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos”.
El fallo, declaró la competencia del tribunal, procedente el amparo y concedió parcialmente la cautelar, tendrá un alto impacto económico para la minería. Por coyuntura, y por el momento en el que vio la luz, en la administración Jalil asocian a la pulseada salarial con el Poder Judicial. De todas formas, su resolución compromete seriamente la actividad económica provincial, en pleno torniquete a la que la somete la administración central.
