Rosario presenció otro homicidio manchado con el sello narco. La víctima, fatalmente alcanzada por dos disparos en la cabeza y uno en la espalda, se suma a la sombría estadística de 33 asesinatos registrados hasta el momento este año.
El último episodio tuvo lugar en las últimas horas en Rosario, cuando un hombre cayó víctima de dos balas que atravesaron su cráneo y una que se incrustó en su espalda, marcando otro crimen vinculado al narcotráfico.
Según fuentes policiales, el incidente se desarrolló este sábado en la calle Pascual Rosas al 2700, en el barrio Banana. Los perpetradores, dos individuos que huyeron del lugar a bordo de una motocicleta CG Titan negra, llevaron a cabo el homicidio.
El episodio se desarrolló en proximidad al distrito oeste, normalmente bajo vigilancia policial.
Respondiendo a llamadas al 911, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), patrullando el área en el marco del reciente aumento de fuerzas federales, llegaron rápidamente al lugar.
Según portavoces, testigos lograron proporcionar una descripción de uno de los agresores, notablemente vistiendo una camiseta del club Newell’s.
Posterior a su llegada, varias unidades de la Policía de Santa Fe seguidas por la Policía de Investigación (PDI) también convergieron en el lugar.
En las últimas semanas, el país fue sacudido por una ola de shock tras los asesinatos de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, el conductor de autobús Marcos Iván Daloia y el empleado de gasolinera Bruno Bussanich.
Este último reavivó el polémico debate en torno a la disminución de la edad de responsabilidad penal en el país, ya que la policía detuvo a un joven de 15 años en relación con el incidente.
La asunción de Maximiliano Pullaro como gobernador de Santa Fe coincidió con un resurgimiento de la violencia debido a medidas destinadas a combatir el narcotráfico, incluida una política reforzada de encarcelamiento estricto para los reclusos «de alto perfil», refiriéndose a individuos peligrosos vinculados con organizaciones narcotraficantes.
El recrudecimiento de la violencia narco puso en agenda también el debate acerca de si los militares deben o no intervenir en la represión de este accionar delictivo de las bandas que comercian estupefacientes.
Desde el Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, secundada por Luis Petri, comenzaron a delinearse aprestos para introducir la participación de militares en la represión al narcotráfico, pero el punto abrió una grieta dentro del gobierno, ya que la vicepresidenta Victoria Villaruel se manifestó públicamente en contra.
En una entrevista con la señal de cable TN, advirtió que «los militares no combaten contra civiles«y los narcos, en definitiva, lo son, pero sobre todo subrayó que no estaban dadas las condiciones para que esto pudiera producirse. Mentó del recuerdo de lo ocurrido durante la dictadura militar, proceso durante el cual -según la caracterización de la presidenta del Senado – las Fuerzas Armadas combatieron el terrorismo y «fueron ellas las que terminaron presas», dijo en relación a lo juicios y detenciones que, por crímenes de lesa humanidad, la Justicia ordenó contra miembros de las fuerzas armadas y de seguridad comprometidas con graves violaciones a los derechos humanos.
