La jueza estadounidense Loretta Preska falla a favor de la Argentina en el expediente sobre el caso Cupón PBI (2019) con lo que el país se ahorra de abonar unos 1.300 millones de euros, el equivalente a casi u$s 1.400 millones. La noticia fue anticipada por Sebastián Maril, CEO de Latam Advisor, en su cuenta de Twitter, junto con una imagen del expediente.
Con esta decisión, la magistrada del Distrito Sur de Nueva York se pronunció a favor de la Argentina en el expediente que sigue por los instrumentos de deuda emitidos en 2005, en el marco de la estrategia argentina para canjear la deuda defaulteada en 2001. Los acreedores acusaron a la Argentina de reducir sus beneficios al saldar el monto de los bonos ocho años más tarde, en 2013.
En el fallo, no hay referencias a la decisión del Gobierno de cambiar la formula del crecimiento de la economía con el fin de evitar el pago de intereses en base a las estadísticas del INDEC, entonces a cargo de Guillermo Moreno, desliza Maril. Por el contrario, la magistrada «se limitó a decir que los demandantes entraron por la puerta equivocada y no tenían el derecho de presentar la demanda por no cumplir con ciertos requisitos estipulados por el «no action clause»».
El Estado argentino consiguió de esta manera una victoria en primera instancia en los tribunales estadounidenses frente a la demanda que iniciaron oportunamente los fondos Aurelius Capital, Novoriver, ACP, 683 Capital, WASO y Romano, entre otros, en una estrategia colectiva.
La Argentina lidia con dos procesos simultáneos referidos a la deuda del cupón PBI, en ambas orillas del Atlántico. A la par del proceso que sigue Preska en Estados Unidos, el Tribunal Superior de Londres también juzga la forma como se saldaron los títulos al haberse emitido bajo legislación europea
En el caso del juez inglés Simon Picken, los cuatro fondos que impulsaron la demanda -Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited- se perjudicaron por una maniobra del Estado emisor por lo que sentenció a la Argentina a indemnizar a los acreedores por un valor de 1330 millones de euros más intereses.
Siguiendo los pasos legales de los tribunales londinenses, el gobierno argentino solicitó la autorización para presentar su apelación a la espera de ser aceptado por los tribunales, que deben expresar si le conceden o no el derecho de refutar el fallo. Piken dejó la ejecución de la sentencia contra el desembolso de una garantía de u$s 337 millones.
Como consecuencia, el Gobierno apeló la decisión para lo cual se exige la creación de un fideicomiso de u$s 337 millones de dólares como garantía. Esa movida fue ejecutada por la administración de Javier Milei la semana pasada a través de un decreto con la firma presidencial.
El Estado Argentino fue condenado en los tribunales ingleses por una serie de modificaciones en las estadísticas del INDEC en la gestión de Cristina Kirchner como Presidenta que impactaron en los intereses de los tenedores de los bonos, disminuyendo su rentabilidad en el caso de los cupones atados al PBI.
Se trata de los instrumentos que habían sido emitidos a la par de los bonos en la reestructuración de la deuda en 2005 y atados al crecimiento de la economía argentina. Formó parte de la estrategia encabezada por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, junto al secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, a quien hoy el gobierno de Milei impulsa como embajador en Paraguay.
En abril del año pasado, Argentina había sufrido un revés en la causa presentada contra el país por Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited.
Los cuatro fondos internacionales habían iniciado una acción judicial en 2019 alegando la falta de pago de los rendimientos de los Cupones PBI que habían sido emitidos en 2005 como parte de la reestructuración de la deuda, atados a la evolución del Producto Bruto para generar una garantía y mayor atractivo a los acreedores.
Tras su salida al mercado, los cupones PBI rápidamente se convirtieron en uno de los activos favoritos del mercado local ante el crecimiento a «tasas chinas» que tuvo lugar durante la presidencia de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina Kirchner.
Sin embargo, a partir de la segunda presidencia de la exmandataria, comenzó un conflicto en torno a los pagos debido a que los datos del PBI publicados por el INDEC, entonces a cargo de Guillermo Moreno, comenzaron a ser manipulados, lo que desvirtuó el sentido de los cupones.
En el último trimestre del 2013, se cambió la fórmula de cálculo del PBI y el crecimiento anual de ese entonces cerró en 3,2%, un 0,1% por debajo del 3,3% que obligaba al pago. Así, ya no hubo nuevos desembolsos por ese concepto, lo que motivó la protesta y la posterior demanda judicial por parte de los acreedores.
Esos pagos no concretados fueron los que generaron la demanda resuelta el año pasado en Londres que sumó u$s 1440 millones a la deuda externa nacional, sin embargo, ahora la Argentina podrá apelar
