La provincia de La Rioja podría quedar envuelta en una delicada situación judicial en caso de que no ponga en orden las deudas que mantiene con los acreedores internacionales, y que desde hace tiempo esperan por el pago. El último vencimiento de este rojo fue en febrero pasado, y la gestión del gobierno de Ricardo Quintela no cubrió la deuda.
Este miércoles, los abogados de los acreedores enviaron una «carta de reserva de derechos» a la provincia, donde se insta a La Rioja a «abonar el saldo de las cantidades que estaba obligada a pagar el 24 de febrero en un plazo de 14 días».
Además, allí se explicita que «el Grupo se ha reservado todos sus derechos, incluido el de declarar inmediatamente vencida y pagadera la totalidad del principal de los Bonos Verdes o tomar otras medidas, en caso de que la Provincia mantenga su postura actual».
Si esto no ocurre, los acreedores pedirán que se declaren todos sus pasivos en default, a lo que se podrían sumar otras medidas judiciales.
El estudio que los representa, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, tiene entre sus socios a Dennis Hrankitzky, el abogado que logró embargar la Fragata Libertad en 2012 cuando la Argentina no había salido por completo de su default de 2001.
Siempre de acuerdo con la carta enviada a la provincia, no se hizo efectivo el pago de u$s 26,3 millones de dólares de capital e intereses adeudados en virtud de sus Bonos Verdes emitidos internacionalmente.
«Al hacerlo, se convirtió en la única provincia de Argentina en incumplir su deuda internacional desde el período de reestructuración de 2020-21. Mientras que todas las demás provincias con deuda emitida internacionalmente han realizado pagos de amortización del principal y han pagado su deuda con prontitud, La Rioja se destaca por no respetar sus obligaciones contractuales», apunta el escrito, siempre en duro tono.
Incluso, los representantes de los privados acusan que «este fracaso es particularmente atroz a la luz del hecho de que los ingresos de los Bonos Verdes se utilizaron para construir una serie de parques eólicos, uno de los cuales se vendió posteriormente por u$s 171 millones», por lo que esos fondos estuvieron disponibles.
«Es evidente que la provincia efectivamente había los medios para pagar su deuda pero decidió no hacerlo. Tras su incumplimiento, la provincia comentó públicamente que pagaría los intereses (pero no el principal) adeudados el 24 de febrero como «señal de buena fe»», continúa el escrito.
Hasta la fecha los tenedores de bonos sólo han recibido el pago parcial de los intereses adeudados.
Los tenedores de bonos sostienen que desde el incumplimiento del pago no hubo interacción con La Rioja.
