El fiscal Diego Luciani reveló presiones K «inconcebibles» y otros detalles inéditos de la “cocina” del juicio oral que terminó con la primera condena por corrupción contra Cristina Kirchner a 6 años de prisión, al hablar en una conferencia organizada por Poder Ciudadano y Transparencia Internacional.
En su discurso, Luciani denunció que “padecimos intromisiones inconcebibles por parte del Presidente, Alberto Fernández de sus ministros, de otros funcionarios” sobre todo durante la etapa de los alegatos, además de amenazas de muerte anónimas.
Luciani recordó que Alberto Fernández «dos días después de terminado nuestro alegato, afirmó que el fiscal de la AMIA Alberto “Nisman se suicidó. Yo espero que Luciani no se suicide”. “Mis hijas estaban mirando la televisión en ese momento. La hipótesis investigativa es que a Alberto Nisman lo mataron”, resaltó Luciani ante un auditorio reunido en el Colegio Público de Abogados de la CABA.
“Yo, mi familia, el doctor Mola, fuimos sometidos a operaciones mediáticas tendientes a desestabilizarnos y, justamente, amedrentarnos” de parte de “medios de comunicación colonizados por la corrupción”, en alusión a la prensa militante y la teoría del lawfare de la ex vicepresidenta.
Durante el juicio , además, Cristina sostuvo en sus redes sociales que su abogado Carlos Beraldi «demolió las mentiras y fake news» de los fiscales Luciani y Sergio Mola. «Más que fiscales, parecen trolls«, los descalificó la vicepresidenta, que cerró su tuit con una cita atribuida a Juan Domingo Perón: «Se vuelve de cualquier lugar, menos del ridículo«.
Semanas más tarde, Cristina recordó la bienvenida de Macri al presidente de China en mayo de 2017, cuando, después de firmar millonarios acuerdos, el expresidente le regaló una camiseta de fútbol a Xi Jinping y además le hizo ver un video de un gol suyo en la quinta de su familia.
«A que no sabés a qué equipo le hizo el gol Macri? Siiiii!!! Adivinaste!! A Liverpool! el equipo del Fiscal Luciani, del Pte. del Tribunal Giménez Uriburu y del camarista Llorens, el que sobreseyó a Macri en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan», remarcó la entonces vicepresidenta que pidió, sin éxito, la recusación contra el fiscal Diego Luciani y el presidente del tribunal. Además, los celulares de Giménez Uriburu y otro de los jueces del tribunal oral fueron hackeados, entre otras presiones.
El juicio por el direccionamiento de 3.500 millones de dólares en contratos viales al empresario K Lázaro Báez comenzó en mayo del 2019 pero se interrumpió por la pandemia del Covid y terminó en diciembre de 2022. El fiscal estimó que la falta de terminación de las obras en Santa Cruz, los retornos y otras irregularidades provocaron “un perjuicio estimado de manera objetiva y comprobable de casi 1.000 millones de dólares”.
Como enseñanza del juicio, Luciani dijo que la Justicia debe “juzgar con firmeza y celeridad a los responsables; evitar dilaciones que den lugar a manipulaciones; lograr sentencias ejemplares, con penas proporcionales al daño causado, y velar por que esa pena se aplique”.
“Para que quede claro: la persona corrupta y sus cómplices deben ir presos y devolver todo lo que se robaron”, agregó en lo que parecería una alusión a la Cámara Federal de Casación Penal que desde hace casi dos años tiene que confirmar, anular o cambiar la condena a Cristina y los otros condenados. .
“Juzgar al poder mientras se está en el poder es un trabajo titánico, de mucho esfuerzo, que pone a prueba nuestra fortaleza mental, nuestras convicciones y nuestras propias limitaciones. Nosotros padecimos, casi en soledad, situaciones impensadas en democracia”, sostuvo Luciani.
En la primera parte de su discurso, Luciani dijo que “la corrupción pública y privada es una de las más grandes calamidades que fustigan a nuestro país desde hace, por lo menos, 30 años». «Digamos las cosas por su nombre: la corrupción es un grave atentado contra la democracia y, principalmente, contra los derechos humanos, ya que desapodera de recursos públicos a sectores vulnerables, para enriquecer a los corruptos y a los amigos del poder”, añadió.
Luciani habló junto al presidente de Transparencia Internacional, el francés Francois Valérian, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez; la jueza Alejandra Provítola; y el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi. Poder Ciudadano festejó el lunes su 35 aniversario con una cena que reunió a más de 400 jueces, fiscales, funcionarios y legisladores.
“En un país como el nuestro, donde desde hace muchos años, tenemos cifras inaceptables de personas en situación de pobreza, el saqueo de bienes del Estado es un acto execrable. Frente a estas consecuencias tan graves, es imprescindible mantener una posición infranqueable de tolerancia cero a la corrupción”, agregó.
Durante el juicio oral Mauricio Macri perdió las elecciones y fue reemplazo por Alberto Fernández. Como consecuencia de ese recambio, “la Oficina Anticorrupción, que depende del Poder Ejecutivo, desistió de su rol de querellante y la Unidad de Información Financiera hizo un papel vergonzoso durante el juicio y solicitó absoluciones absurdas…”, resaltó.
Para poder lograr la condena, Luciani dijo que debieron analizar, junto con Mola y 6 empleados, más de 70 cuerpos de la causa principal; 51 procesos licitatorios plagados de irregularidades; modificaciones de obra ilegales (39 de 51 licitaciones), ampliaciones de plazos infundados, movilización de obras cobradas que no se hacían, anticipos de pagos (solo para las empresas beneficiadas), prórrogas, a pesar de los severos incumplimientos, redeterminaciones ilegales de precios”.
En total fueron más de 5000 expedientes que incluían causas satelitales por lavado, enriquecimiento ilícito y documentación de organismos como el Registro de Constructores, SIGEN, AGN, AFIP, IGJ, leyes de presupuesto, quiebras y testamentos, entre otros.
El juico que demandó más de 3 años de debate implicó más de 130 audiencias con más de 130 testigos , 600 horas de debate, y 70 horas de alegatos.
En definitiva, se trató de poner al descubierto a “una poderosa organización criminal conformada por altos funcionarios del Poder Ejecutivo que por más de 10 años desapoderaron fondos públicos millonarios”. Y recién después poder decir la frase final de su alegato: “Corrupción o Justicia”.
