La oposición no afloja en sus cuestionamientos al decreto del gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo, por el cual el Gobierno queda habilitado para comprar colectivos que serán destinado a las empresas que brindan el servicio de transporte público de pasajeros en el Gran San Miguel de Tucumán y en el interior.
El DNU, rubricado el jueves pasado por Jaldo y su gabinete, está enmarcado en la Ley de Emergencia del Transporte, que fue ampliada hasta 2026. Esta normativa de excepción habilita al Gobierno provincial a otorgar subsidios a las prestatarias del sector, a través de Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat). Cada mes, el PE aporta unos $3.000 millones mensuales a modo de compensación tarifaria.
El DNU contempla que en vez de hacer una licitación pública, que es el mecanismo más idóneo, lo salva con un cotejo de precios que no es un proceso confiable para aquellos que reclaman transparencia.
El instrumento jurídico no menciona el número de unidades específicamente. Fue el gobernador que en conferencia de prensa hizo referencia a 100 unidades en total. Luego otros funcionarios repitieron esa cantidad de colectivos a comprar.
Sobre cómo se traspasarán las unidades a las empresas no hay mayores datos, tampoco se especifica si se tendrá en cuenta la situación jurídica, económica y financiera de las firmas beneficiarias. Todo queda en supuestos y especulaciones, hasta que sea reglamentado el DNU.
“Si bien hay un cotejo de precios previsto, no hay licitación pública. Se podría hacer de otra forma; obviamente hay una urgencia pero también hace mucho tiempo que venimos con esta situación y podrían haber hecho el proceso licitatorio como corresponde”, manifestó el legislador opositor Agustín Romano Norri.
A su turno José Seleme expresó “Nosotros queremos una licitación pública nacional clara, transparente, y ver la forma en que las empresas van a devolver el dinero. También es necesario terminar con los subsidios; no queremos más subsidio del transporte. Después, después veremos si hay algún sector de la sociedad que necesite algún tipo de subsidio, se lo daremos, pero directamente a la demanda, al usuario, nunca más a la empresa”.
Para el legislador republicano Eduardo Verón Guerra darle colectivos a las mismas empresas que vienen brindando el servicio no cree que es una solución. Se pregunta por qué si son las mismas que hoy son cuestionadas por la mala calidad del servicio que prestan. En todo caso si se quiere seguir adelante pide que las unidades se adquieran mediante licitación pública.
El servicio de transporte público en toda la provincia no es el que desean los usuarios, está lejos de serlo. Independientemente si son líneas urbanas o interurbanas. Salvo excepciones, que las hay, las unidades están vencidas porque superan los años de antigüedad, solo que no se actúa con rigurosidad en este tema por la crisis económica que vive el país con una recesión y caída de todas las actividades.
Los usuarios que viajan todos los días al interior de la provincia por trabajo o estudio describen con crudeza las incomodidades que deben soportar. Es necesario contar con un buen servicio de transporte público porque los habitantes de las ciudades y de las zonas rurales se trasladan a diario para poder cumplir con las obligaciones o por distintas necesidades en una cantidad cercana a los 600 mil.
Tener un buen servicio de transporte público, seguro y de confortable, impacta directamente sobre la calidad de vida de las personas. Tucumán tiene que lograrlo. El gobierno como regulador y controlador del servicio debe hacer todo lo que le permiten las normas para que los tucumanos puedan disfrutar del mismo.
