El Gobierno Nacional anunció que avanza hacia la “modernización administrativa” con la implementación del “Silencio Positivo” , con el que se establece que, en ciertos trámites administrativos, la falta de respuesta del Estado luego del plazo establecido y el cumplimiento de las condiciones exigidas se considerará como una aprobación tácita.
Con esta reforma, se busca simplificar la relación entre ciudadanos y el Estado, eliminando trabas burocráticas, agilizando los tiempos de resolución en gestiones regladas y fomentando la inversión, según consideró el Gobierno.
La medida, enmarcada en la Ley Bases, se aplicará a más de 500 trámites administrativos a nivel nacional, abarcando desde la obtención de licencias hasta la inscripción en registros públicos.
El Silencio Positivo se aplicará en autorizaciones regladas, donde los ciudadanos ejercen derechos preexistentes, asegurando así la fluidez de los procesos administrativos y la reducción de la ineficiencia estatal.
Sin embargo, esta medida no es aplicable a permisos para actividades restringidas o prohibidas por Ley, como la tenencia de armas o el transporte de materiales peligrosos.
Esta iniciativa permite superar el esquema de “Silencio Administrativo Negativo”, vigente desde 1972 y legado de normativas anticuadas que, ante la falta de respuesta, obligaban a los ciudadanos a reiniciar sus trámites.
El Silencio Positivo entró en vigencia a partir del 1 de noviembre para la administración centralizada y del 1 de diciembre para la administración descentralizada.
