Se fijaron letreros en la Reserva Provincial de La Angostura para dejar en claro que esas tierras pertenecen al Superior Gobierno de la Provincia, especificando que está prohibido el acceso.
Esto fue necesario porque hace un mes atrás hubo un momento tenso cuando agentes del Estado determinaron que se había producido una toma de tierras fiscales, protagonizada por la Comunidad Indígena Diaguita El Mollar (Cidem) y de particulares que lotearon la zona y hasta llegaron a poner en funcionamiento un club de fútbol.
Gilda Pedicone de Valls la fiscal de Estado presentó en la Justicia una medida cautelar en nombre del Gobierno para recuperar las tierras usurpadas.
Una jueza falló parcialmente admitiendo que el Estado era el propietario de esos terrenos y demandó una investigación para establecer la situación de cada uno de los ocupantes antes de decidir si deben ser definitivamente desalojados.
La medida se hizo efectiva en medio de versiones que aseguran que los ocupantes estaban listos para alambrar las parcelas que habían sido integradas por la Policía.
La Justicia dispuso la paralización de todas las obras, la apertura de un registro para nuevos inmuebles y la colocación de alambrados.
