Las cosas se van ordenando en el caso judicial iniciado a partir de la usurpación de tierras fiscales en El Mollar, con el agravante que se trata de una reserva, o sea, que las tierras usurpadas constituyen ecosistemas y por su importancia y singularidad son objeto de protección legal para garantizar su conservación.
La Justica demostró dos avances esta semana que concluyó, por un lado determinó que se debe restituir transitoriamente la propiedad de las tierras al Estado, mientras sigue su curso la causa judicial.
Por otro lado pidió que se profundice la investigación sobre el Comisionado Comunal de El Mollar Jorge Cruz, quien hasta ahora se mantenía ajeno a la causa siendo el responsable de cuidar la urbanización, aprobar las construcciones y cobrar las tasas a todas las parcelas de tierra y terrenos privados.
Cruz en 2023 firmó una declaración jurada para que se les conceda el servicio de agua potable a las personas que habían adquirido los terrenos en el predio que pertenece a la reserva. La comuna emitió recibos del empadronamiento de las parcelas y del servicio de agua que brinda a los habitantes.
Sin embargo, cuando el fiscal Varela le pidió que informe sobre quién o quiénes eran los desarrolladores del proyecto inmobiliario el funcionario le respondió que “luego de una exhaustiva búsqueda en todos nuestros registros, no existe expediente administrativo alguno en la Comuna Rural de El Mollar de presentación de proyecto de urbanización en el loteo conocido como ‘El Gaucho Castro’, barrio El Lago, ubicado en la localidad de El Mollar”. Con esta respuesta contradijo toda la documentación que entregó la comuna a los adquirentes de las parcelas. Quedó mal parado en la foto Cruz y se le viene la noche.
La investigación llevada a cabo por la Justicia logró determinar que Juan Pablo Castro (titular del emprendimiento), Fernando Rogel Chaler, Maximiliano Barreiro y Rafael Trujillo (ex titular y empleados de Regularización Dominial, respectivamente), Yanina Mamaní (nuera del último empleado estatal) y Damián Romano (nieto político de Castro) mediante engaños, procedieron a privar de la posesión al Superior Gobierno de la Provincia.
Al respecto el fiscal Varela afirma “esta organización procuraba dotar con visos de legalidad a través de trámites irregulares cierta documentación para facilitar el negocio y las futuras ventas de parcelas bajo el manto de desarrollos inmobiliarios lícitos. Una vez obtenida la documentación necesaria, esa puesta en escena, era idónea para inducir a engaño a personas interesadas en adquirir un lote para su vivienda con el consecuente perjuicio patrimonial para las mismas, ya que aquellas parcelas corresponden dominialmente al Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán”.
Durante el gobierno de Juan Manzur, ocurrió de todo en la provincia. Al «ausente» de la cosa pública solo lo movía la apetencia económica y no tenía vocación por las cuestiones relacionadas con el bien común. El «aceitunero exitoso» nunca se percató de lo que ocurría en El Mollar. No era parte de su preocupación cotidiana. La misma estaba puesta en los billetes.
