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Condenado por vender mercadería para sectores vulnerables

Fue condenado a tres años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de $ 2 millones en concepto de reparación al Estado provincial, Juan Alberto López Cansillieri, quien fue descubierto vendiendo mercadería destinada a sectores vulnerables.

El juez de la causa que se inició a fines de 2024 es Alejandro Tomás. La misma se resolvió mediante juicio abreviado acordado entre la Fiscalía de Delitos Complejos, la defensa del imputado y la representación legal del Gobierno provincial.

El caso comenzó a salir a la luz el 25 de noviembre de 2024, a partir de una denuncia por violencia de género presentada por la pareja de López Cansillieri. Cuando la policía allanó su vivienda en Manantial Sur, encontró una gran cantidad de mercadería acopiada que, según constataron los investigadores, provenía del Ministerio de Desarrollo Social y debía ser destinada a comedores y dispositivos alimentarios para familias carenciadas.

Inicialmente la investigación del caso correspondió a la fiscal Mariana Rivadeneira. Se descubrió que el condenado, que se desempeñaba en planta de la Legislatura, había montado un mecanismo para desviar la ayuda social y venderla. Un acto miserable si se tiene en cuenta que privó a personas de bajos recursos de sus alimentos.

De acuerdo al expediente judicial, entre 2023 y noviembre de 2024, López Cansillieri retiró del Ministerio de Desarrollo Social grandes volúmenes de alimentos —más de 600 fardos entre puré de tomate, arroz, harina, yerba, azúcar y aceite, entre otros— mediante órdenes de entrega falsas o infladas, valiéndose de personas allegadas que simulaban dirigir organizaciones sociales. Luego, la mercadería era comercializada, lo cual está expresamente prohibido por ley.

La investigación judicial llegó a comprobar que López Cansillieri daba las órdenes, negociaba precios y dirigía cada paso del circuito ilegal. “Manejaba los cobros, contactaba a los revendedores, organizaba a los colaboradores y daba instrucciones precisas sobre cómo debía actuar cada uno”.

El padre del condenado declaró que su hijo buscaba personas que simulaban tener comedores escolares y así lograba que aumentara la cantidad de mercadería que recibía.

Este caso demuestra que el mecanismo de control que tenía el ministerio de Desarrollo Social a cargo del piquetero Federico Masso no funcionaba, era un colador, y permitió un negocio turbio y horrendo porque se traba de ayudas a los más vulnerables.