La batalla judicial por la reforma laboral sumó a un nuevo actor. El juez laboral Raúl Ojeda que suspendió 82 artículos de la ley aceptó este miércoles a la Unión Industrial Argentina (UIA) como parte de la causa. Le reconoció su rol como representante de los empleadores del rubro y abrió una ventana de tres días para que otras cámaras empresarias se sumen. Hasta que termine ese plazo el proceso queda suspendido pero, aclaró, la cautelar sigue vigente.
Ojeda tomó la decisión tras una audiencia en la que participaron representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y del Estado nacional, representados en el procurador Sebastián Amerio y los subprocuradores Santiago Castro Videla y Julio Comadira. Los funcionarios defendieron la incorporación de la UIA e insistieron en que la causa se tramite sólo en el fuero Contencioso Administrativo.
En este último punto, según confiaron a Ámbito participantes de la reunión, el Gobierno metió mucha presión. Conseguirlo sería un logro estratégico. La CGT defiende que se trate en el fuero laboral porque es la justicia especializada. El Gobierno intenta hace rato quitarle esa potestad porque lo considera, por lo bajo, como un fuero hostil a los empresarios.
Por ahora no lo logró. El juez Ojeda aclaró que todavía no decidió si acepta o no la inhibitoria dictada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 donde establece que las presentaciones judiciales deberían tratarse exclusivamente en ese fuero. «Hágase saber a las partes que la inhibitoria dictada por el JCAF 12 aun no se encuentra firme, en tanto no la he aceptado ni rechazado, estando aún en plazo para hacerlo«, afirmó Ojeda en su resolución.
La CGT celebró que se mantenga la cautelar a pesar de la suspensión del proceso. Tampoco recibió mal la decisión de aceptar a la UIA en la causa ni de convocar a otras cámaras, aunque esto genere más demoras. «Mientras haya cautelar que siga así», dijeron dentro de la central.
La UIA venía pidiendo ser parte del proceso judicial abierto tras la cautelar dictada por el juez Ojeda. Hasta ahora no lo era porque la demanda de la CGT está dirigida sólo al Estado nacional, a quien acusa de afectar derechos individuales y colectivos de los trabajadores protegidos por la Constitución Nacional. La UIA, defensora de la ley, se presentó porque considera que la suspensión del corazón de la reforma laboral genera incertidumbre en el mundo empresarial.
«Buena parte de las disposiciones atacadas involucran a los empleadores de la República Argentina, a quienes hay que incorporar al proceso para que ejerzan su derecho de defensa y que la sentencia pueda pronunciarse útilmente«, reconoció Ojeda en una resolución.
Al mismo tiempo que aceptó a la UIA, el juez señaló que no es la única representante de los empleadores del país, y convocó a otras cámaras empresariales a presentarse en la causa. Asumió que deberían ser los miembros del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que es el organismo más representativo.
Luego intimó al Estado a que denuncie quiénes integraron la última reunión. Le dio un plazo de 3 días. Vencido ese plazo, no podrán incorporarse nuevas partes.
