En la causa en la que investigan las denuncias contra Evo Morales por trata de personas y abuso de menores, el comportamiento de los actores involucrados en Argentina exhibe una marcada asimetría: mientras una organización de la sociedad civil sostuvo activamente el impulso del expediente, el propio Estado —que había intervenido en su origen— adoptó una conducta difícil de conciliar con la gravedad de los hechos denunciados.
El caso tomó estado público en nuestro país cuando en Bolivia comenzaron a difundirse acusaciones —impulsadas por la dirigente Angélica Ponce— que vinculaban a Morales con estos delitos, incluyendo posibles hechos ocurridos en territorio argentino. A partir de ello, se promovieron dos presentaciones judiciales independientes. Por un lado, el Ministerio de Seguridad, entonces a cargo de Patricia Bullrich, impulsó una denuncia basada en la declaración de un empresario boliviano ante ese organismo. Por otro, Fundación Apolo promovió una presentación propia, en el marco de una investigación que llevaba adelante en tiempo real, mientras Morales transitaba su exilio en una lujosa propiedad del barrio de Colegiales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Te puede interesarFrente a acusaciones de semejante gravedad —que presentaban a Morales como una suerte de “Jeffrey Epstein” del altiplano, cobijado al calor de la diplomacia kirchnerista—, la inexistencia de una investigación judicial hubiera implicado un descrédito institucional difícil de justificar. Fueron estas presentaciones judiciales concretas las que permitieron abrir un proceso orientado a esclarecer los hechos. El avance inicial del caso, sin embargo, encontró un primer obstáculo en los tribunales de Comodoro Py, donde ambas presentaciones fueron desestimadas, lo que implicaba, en los hechos, el cierre prematuro de la investigación. Ante esa decisión, solo Fundación Apolo apeló el archivo, mientras que el Ministerio de Seguridad —de manera cuanto menos inusual— no adoptó una conducta equivalente, marcando así una primera señal de inconsistencia en el tratamiento de un caso de alta trascendencia institucional.
La Cámara de Apelaciones, al revisar lo resuelto, no solo reabrió la causa, sino que además otorgó a la Fundación el rol de querellante, habilitándola a sostener su impulso. Dicho en términos simples: sin esa intervención, el expediente hoy permanecería archivado. Ahora bien, una vez reactivada la investigación, comenzaron a evidenciarse señales de desinterés en su impulso por parte del propio Ministerio de Seguridad. En el marco del expediente, el fiscal requirió —entre otras medidas— una de particular relevancia, impulsada por la querella: la identificación de los custodios policiales de Evo Morales, a fin de citarlos como testigos. Sin embargo, en lugar de remitir la información de manera completa y en tiempo oportuno —como cabría esperar de un organismo público que, además, fue denunciante en la causa—, el ministerio la entregó de forma fragmentaria y a lo largo de seis meses. Un comportamiento difícil de conciliar con una voluntad genuina de esclarecimiento.
Finalmente, la situación alcanzó un nuevo nivel de rareza durante los últimos días, cuando, de los seis primeros efectivos de la Policía Federal citados a declarar, solo uno compareció ante la justicia. Ese testigo afirmó haber oficiado como chofer de Morales y relató que trasladaba con frecuencia a una joven —a la que describió como “rellenita”— que aparentaba tener entre 16 y 17 años, a quien identificó como hija del ex-mandatario. Sin embargo, la información pública disponible indica que la única hija reconocida de Morales, Evaliz, tenía en ese entonces 25 años, lo que introduce un elemento adicional de inquietud sobre los hechos relatados. Cabe recordar que la Policía Federal Argentina depende del Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Seguridad. En ese contexto, la incomparecencia simultánea de cinco efectivos convocados por un juez resulta, cuanto menos, llamativa.
La Cámara de Apelaciones, al revisar lo resuelto, no solo reabrió la causa, sino que además otorgó a la Fundación el rol de querellante.
Si ya es inusual que un agente policial no atienda una citación judicial, más lo es que ello ocurra de manera reiterada y simultánea. Más aún, que el organismo del cual dependen no haya garantizado su efectiva comparecencia. Ante este cuadro, la pregunta es inevitable: ¿por qué el propio Estado, que impulsó la denuncia, luego se comporta como si no tuviera interés en que la causa avance?
Cuando un organismo estatal denuncia un hecho, pero no apela su archivo, demora la remisión de información clave y no asegura la declaración de sus propios agentes, el mensaje que se proyecta resulta inquietante. No solo en relación con este expediente en particular, sino también para cualquier ciudadano que aún considere que la búsqueda de la verdad constituye una prioridad institucional.
