En la Argentina, la igualdad ante la ley parece tener letra chica. Lo que para un jubilado docente o un trabajador común es un «via crucis» judicial de 20 años, para quienes detentan el poder se resuelve con una llamativa celeridad administrativa.
El doctor Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, analizó junto a Miguel Clariá el escándalo que rodea al exsenador Eduardo Menem.
El hermano del expresidente y padre del actual titular de Diputados logró que la Corte Suprema convalide un haber mensual de 41 millones de pesos y un retroactivo de 1.500 millones.
¿El secreto? ANSES no apeló el fallo de primera instancia.
Semino fue tajante al describir la situación: «Hay algunos que son más iguales que el resto». El dato es escalofriante: el año pasado, Anses apeló en 32.000 litigios de jubilados que pedían el reconocimiento de sus servicios. Sin embargo, en el caso de Menem, el organismo decidió guardar silencio, permitiendo que el fallo llegara a la Corte ya firme.
«No hay posibilidad de olvido. Quienes detentan el poder político, más allá de los cambios de administración, terminan teniendo la misma actitud», disparó Semino.
El paralelismo con el caso de Cristina Fernández de Kirchner resultó inevitable: la exvicepresidenta obtuvo su doble pensión de privilegio porque, en aquel entonces, la gestión de Fernanda Raverta tampoco apeló.
Para Semino, el término «delirio» queda corto ante la penuria que atraviesan los adultos mayores: «Es una mala praxis judicial y política que lesiona a una sociedad donde los jubilados están cada vez peor».
