El Gobierno de la provincia continuará hoy con los operativos policias que están dirigidos a un objetivo que es disuadir toda conducta que rompa con el normal desenvolvimiento del sistema educativo.
La semana pasada se había creado zozobra a través de pintadas amenazantes en baños y bancos de algunos establecimientos educativos. Fueron más de 15 las amenazas reportadas que además.
Según las autoridades se trataría de un reto viral ya que estos episodios se dieron con mucha similitud en otras provincias y en los mismos días.
La semana pasada la fuerza policial que se movilizó hacia algunos establecimientos fue de 2.500 para reforzar la seguridad y buscar disuadir conductas inaceptables.

“Estamos reforzando los controles en los establecimientos educativos. Queremos llevarle tranquilidad al alumnado y que se terminen las amenazas”, sostuvo el jefe policial.
Para las autoridades provinciales no se trata de una simple broma, es un delito generar conmoción y desorden público. No se puede alterar ninguna actividad sin pagar las consecuencias de esos actos. Por eso los operativos seguirán hasta que cese esta conducta.
La ministra de Educación Susana Montaldo, manifestó al respecto “Este es un fenómeno global que tiene que ver con las redes. Los chicos buscan llamar la atención, aparecer, ser protagonistas”.
El pedido a los docentes y directivos es que estén alertas para detectar cualquier conducta impropia dentro de los establecimientos y se pondrá especial atención a los momentos de recreos u horas libres.
El gobierno a través de un decreto que lleva el N.º 772/7 M.S., decidió endurecer las medidas frente a situaciones de violencia y amenazas en establecimientos educativos.

En ese instrumento público se establece que las instituciones -públicas y privadas- serán responsables de garantizar el cuidado de los alumnos, bajo apercibimiento de perder subsidios en caso de incumplimiento.
Los alumnos que incurran en conductas indebidas de este tipo serán expulsados y sus padres deberán responder por sus hijos por ser menores de edad, y son ellos los primeros responsables del comportamiento de los mismos en las escuelas.
Está previsto que en los casos que revistan mayor gravedad tomará intervención del Poder Judicial y el eventual traslado de menores al instituto Brochero, en Benjamín Paz.
