El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, participó hoy de la ExpoEFI y advirtió sobre la necesidad de respetar la institucionalidad para alcanzar un desarrollo económico sostenible. En este contexto, defendió una simplificación en materia tributaria y pidió por un mayor consenso entre distintos sectores políticos para limitar la judicialización de los programas gubernamentales y evitar, así, demoras en su aplicación.
“Buena parte de las frustraciones argentinas por un desarrollo económico sostenido están relacionadas con fallas en la institucionalidad, por no tener en cuenta los aspectos institucionales”, explicó el también presidente del Consejo de la Magistratura. “Es muy importante que incorporemos la calidad institucional como un elemento sustantivo para determinar el desarrollo de los países”, continuó en relación al respeto de las normas, pero también a la división de poderes y la independencia del Poder Judicial.
Rosatti planteó que, en los últimos años, en la Argentina se profundizó la judicialización de las leyes y políticas públicas. Lo puso en cifras: mientras la Corte Federal norteamericana emite por año entre 80 y 100 sentencias, el Máximo Tribunal de la Argentina emitió, en el último año, 15.000. “¿Por qué esa diferencia? En primer lugar porque hay una judicialización creciente de todos los temas. Los debates no se clausuran en el circuito político, sino que hay judicialización y, en la Justicia, siempre se busca llegar a la palabra de la Corte», aseguró.
El problema es que, mientras distintos actores políticos y de la sociedad civil apelan al Poder Judicial, se dilata en el tiempo el punto de partida para avanzar con la implementación de un programa o “sistema de transformación de la macroeconomía”. Es decir, se generan obstáculos para consolidar un desarrollo económico sostenible.
En este contexto, el presidente de la Corte Suprema planteó distintos mecanismos para reducir el grado de judicialización. Uno de ellos es profundizar el debate legislativo y la negociación entre distintos actores para alcanzar consensos que permitan avanzar con políticas de estado que trasciendan a un gobierno o un sector de determinado color político. “Las reglas de juego son importantes y tiene que haber un consenso en la sociedad”, dijo.
“La seguridad jurídica es un valor que todos buscamos y está en que nos pongamos de acuerdo cada vez que queremos modificar las reglas, no en que no las modifiquemos porque si no las modificamos, no puede haber innovación”, continuó y aclaró que esa es tarea del Poder Legislativo: “El eje de la innovación hay que trasladarlo al Parlamento, ahí deben discutirse las reglas”.
Prevé que, con mayor diálogo y canales de negociación entre los distintos actores del sistema político, se logre evitar que sectores minoritarios judicialicen una norma para obtener un resultado diferente al acordado a nivel parlamentario. Además, ese mayor consenso podría garantizar que -conforme a su propuesta- sea el Poder Legislativo y no los magistrados quienes terminen innovando con sus sentencias.
Al respecto, citó el caso del acceso al aborto, en el que fue la Justicia la que se expidió antes de que el Congreso sancionara la ley. “[En el caso del acceso al] aborto, primero vino un fallo de la corte, después vino la ley. La secuencia debería ser primero debatimos, votamos, sale la ley y después la aplica el juez”, indicó.
En otro tramo de su exposición, llamó a tener en consideración el carácter federal de la Argentina a la hora de negociar acuerdos comerciales e inversiones. En este sentido, pidió que se tengan en cuenta tanto normas nacionales como legislaciones provinciales y municipales que pueden influir en la viabilidad de un proyecto y, de no ser tenidas en cuenta, derivar en una eventual judicialización de la iniciativa.
“Hay que tener en cuenta todo el plexo porque cada inversión, cada transacción, cada negocio puede estar influenciado por normas de distinta naturaleza. Una inversión puede frustrarse o dificultarse por una norma local, por una norma provincial, por una tasa municipal”, sostuvo. En este contexto, destacó la importancia de avanzar -en línea con la propuesta del presidente Javier Milei- con una simplificación en materia tributaria que permita tener reglas de juego más claras.
En su exposición, Rosatti advirtió, además, sobre la importancia de tener en cuenta las cláusulas de la Constitución Nacional que refieren a cuestiones económicas. En este sentido, argumentó que “es inconstitucional una emisión descontrolada de la moneda” y pidió a los gobiernos que mantengan una “relación razonables y prudente entre la base monetaria y las reservas”.
“Es sano que no se emita indiscriminadamente, no solo por una cuestión económica, sino por una cuestión institucional. Y la Constitución está por encima de todos nosotros”, concluyó el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
