La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo para revisar su propia decisión en una causa en donde se dejó liberado el camino para la realización de un juicio contra el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y del extitular de la Sindicatura General de la Nación Daniel Reposo, entre otros exfuncionarios, en una de las causas vinculadas a Papel Prensa durante la gestión kirchnerista.
La defensa de Daniel Reposo y Fabio Manuel Trossero plantearon un recurso de reposición contra la resolución dictada por la Corte Suprema el 8 de mayo de 2025, en donde se desestimó la queja con relación a la posible afectación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, entre otras cuestiones.
Las presentaciones fueron consideradas rechazadas porque no se dirigían contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. La defensa insistió que se dictara un nuevo pronunciamiento. Pero la Corte volvió a decir que no.
“Las decisiones de esta Corte no son, en principio, susceptibles de recurso alguno, sin que en el caso se configure algún supuesto estrictamente excepcional que justifique apartarse de tal doctrina. Por ello, se desestima la presentación”, respondió el máximo tribunal.
Se trata de un expediente en donde se investiga a exfuncionarios por falsear un acta de directorio de la empresa Papel Prensa para nombrar a una contadora revisora de cuentas por fuera de lo votado por los accionistas, el 20 de octubre de 2010.
En la causa fueron acusados Moreno y Reposo por “falsedad ideológica de documento público agravada”. También fueron imputados Beatriz Inés Montoya, Fabio Trossero y Agustín Tarelli. Todos exrepresentantes del Estado en el directorio de Papel Prensa.
Inicialmente, el juez Daniel Rafecas había ordenado el sobreseimiento de todos los acusados, pero la Cámara Federal revocó la decisión y ordenó profundizar la causa.
El caso llegó a juicio. Los acusadores fueron el fiscal Carlos Stornelli y Dafne Palopoli, y la querella en nombre de Jorge Rendo, a cargo del abogado Hugo Wortman Jofré.
Se solicitaron tres años de prisión, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena, por el delito de falsedad ideológica de documento público agravado por su calidad de funcionarios públicos en abuso de sus funciones.
En mayo de 2023, los jueces Sabrina Namer, María Gabriela López Iñíguez y Nicolás Toselli, a cargo del Tribunal Oral Federal 8, absolvieron a los acusados por entender que no hubo engaño en su actuación. Sin embargo, la fiscalía y la querella apelaron.
En septiembre de 2023, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, anularon la decisión: señalaron que el fallo era “arbitrario” porque no se efectuó una valoración integral de la prueba para arribar a la solución liberatoria y ordenó dictar una nueva sentencia.
La Cámara de Casación reenvió la causa a un tribunal oral diferente del que dispuso la absolución, mandó realizar un nuevo juicio oral y dictar un nuevo fallo.
La defensa de los acusados Daniel Reposo, Fabio Trossero y Beatriz Inés Montoya presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revocara la decisión.
Dijeron que estaba afectado el derecho a ser juzgados en un plazo razonable. En mayo de 2025, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los planteos, que llegaron en queja al máximo tribunal, por entender que eran inadmisibles y que no se dirigían a una sentencia definitiva o equiparable a tal.
