El jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, afirmó este sábado que el Gobierno “cometió un error” en torno al envío del proyecto para eliminar las elecciones PASO. La crítica del referente del partido amarillo está relacionado a que el Ejecutivo, según él, “no buscó consensos previos” en los distintos espacios para avanzar con el temario de esa reforma electoral.
“En este tipo de ley sí se necesita de un consenso previo. El Gobierno no lo ha hecho y ha cometido un error”, señaló a Radio Rivadavia el legislador, quien agregó: “Teníamos que tener una discusión anterior, como lo hemos hecho otras veces. Yo estuve un año en el Consejo de Mayo y este tema no fue uno de los que salió”.
Para Ritondo, las primarias “han hecho muchas cosas buenas, aunque también es cierto que es costoso”.
En ese sentido, recordó que el PRO presentó un proyecto de «PAS», en alusión a las Primarias Abiertas y Simultáneas, que establece que esos comicios “no son obligatorios para el ciudadano ni obliga a los partidos políticos a que tengan una única candidatura”.
“Eso reduce cualquier tipo de costo en más del 30 por ciento”, estimó el exministro bonaerense, quien aclaró, de igual modo, que “en la democracia siempre las elecciones tienen costo”.
Uno de los ejes centrales es la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), bajo el argumento de que generan costos innecesarios y funcionan como una “interna financiada por el Estado” para los partidos políticos.
Otro punto clave es la implementación de la Boleta Única de Papel a nivel nacional, en reemplazo del sistema tradicional de boletas partidarias. El oficialismo sostiene que este cambio mejoraría la transparencia, reduciría prácticas como el robo de boletas y facilitaría la logística electoral. Además, se busca unificar el diseño de la boleta para que el votante pueda elegir todas las categorías en un solo documento.
El proyecto también incluye modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas. Se plantea una reducción de los aportes estatales, promoviendo un esquema más basado en financiamiento privado, con mayores controles. En paralelo, se endurecen algunas reglas de rendición de cuentas para los espacios políticos, con el objetivo declarado de transparentar el uso de recursos.
